Garantías para el bienestar de las personas institucionalizadas en el Perú frente al COVID

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Coalición por la Salud Mental y Derechos Humanos lanzó esta petición dirigida para Ministerio de Salud - MINSA y

La Coalición por la Salud Mental y Derechos Humanos, un grupo de psicólogos que ha desempeñado funciones en el Hospital Víctor Larco Herrera durante la formación profesional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y el Colectivo Ccomunes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos demandamos las siguientes acciones y medidas urgentes a tomar en relación al riesgo de bienestar, salud mental y vida de las poblaciones en instituciones: 

● No discriminación

- Garantizar el respeto ineludible a los Derechos Humanos para personas institucionalizadas: privadas de libertad en instituciones de acogida, psiquiátricas y penitenciarias públicas y privadas, tal como señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

- Asegurar para las personas con discapacidad psicosocial institucionalizadas el igual acceso a atenciones médicas, pruebas de descarte e información pública relacionada con el virus COVID-19 y las medidas respectivas, sin discriminación e independientemente de la cobertura del seguro médico.

- Asegurar que el acceso a la atención y/o a medicamentos psiquiátricos durante la pandemia sea voluntario en caso de requerirse; ninguna persona debería verse obligada, forzada y/o coaccionada con medidas o tratamientos que infligen sufrimiento y comprometan su salud y/o su sistema inmunológico.

- Garantizar que las personas con discapacidad psicosocial institucionalizadas no sean discriminadas en el acceso a las medidas temporales implementadas por el Estado Peruano para garantizar la continuidad de los servicios durante el período de cuarentena, incluidos los bonos y programas de protección social.

- Defensa de la individualidad de hacer, pensar y sentir de población con discapacidad psicosocial institucionalizada, según su narrativa de vida, habilidades y cultura, garantizando rutinas significativas, evitando una hiperproductividad idealizada que invalida la singularidad de cada persona, colectivo y comunidad. 

● Entornos institucionales

- Priorizar pruebas de descarte del virus COVID-19 en centros de acogida residencial y albergues para NNA y PAM; hospitales psiquiátricos, unidades de hospitalización psiquiátrica en hospitales generales y hogares protegidos; casas de reposo y casas de estancia temporal públicas y privadas; centros penitenciarios y centro de rehabilitación juvenil; entre otros. Debido a las características de esta población y las condiciones de sus entornos, en caso de haber casos positivos es mucho más probable que estén en alto riesgo de perder la vida, como ya está ocurriendo.

- Asegurarse de que todas las personas institucionalizadas sean evaluadas de manera oportuna y eficaz, dado su estado de vulnerabilidad diferencial. Cuando se produce un brote del virus COVID-19 en un entorno institucional, las personas afectadas deben ser trasladadas a centros de salud competentes y las demás deben ser retiradas del entorno infeccioso.

- Garantizar la implementación urgente e inmediata de medidas sanitarias, preventivas y de cuidado para la población institucionalizada. Estas medidas incluyen la limpieza y desinfección de los ambientes, la circulación de aire, la higiene regular de manos y el libre acceso a suministros sanitarios como jabón, desinfectante y papel higiénico.

- Detener definitivamente el uso del aislamiento, contenciones, tratamientos no consentidos y cualquier restricción en el uso de los baños en unidades e instituciones psiquiátricas. No solo va en contra de la dignidad e integridad humana, sino que inevitablemente genera condiciones insalubres, causando, a su vez, estrés severo y deterioro físico, lo que impacta directamente en el sistema inmunológico.

- Proporcionar a toda la población institucionalizada acceso a la información más reciente y fiable sobre el virus COVID-19 en lenguaje accesible.

- Permitir y facilitar el contacto con familiares y personas cercanas de apoyo de manera remota como parte de sus derechos. Las prohibiciones absolutas son desproporcionadas y pueden exponer a las personas a más riesgos, negligencias y abusos.

- El plan de acciones debe responder centralmente a la continuidad de una rutina significativa, en base a los intereses y necesidades (motoras, cognitivas, emocionales, sensoriales, sociales) para un mejor proceso de adaptación en esta pandemia.

- Garantizar cuidados básicos, continuidad de formación educativa, espiritual y técnico laboral e intervención terapéutica, mediante la elaboración de un plan de acciones durante y post pandemia.

- El plan de contingencia debiese ser medible basado en una gestión por resultados. Los procesos de monitoreo y seguimiento son puntos claves para mejorar y mantener acciones efectivas ante la emergencia sanitaria. El plan debería contar con la participación de las partes interesadas (dirección, equipo técnico, personal de atención permanente, cuidadores), sobre todo residentes/ personas usuarias. 

● Trabajadores en alto riesgo

- Garantizar el cuidado de la salud mental de los trabajadores en establecimientos de salud. Si bien, ya se publicó una Guía Técnica del MINSA al respecto, las autoridades deben comprometerse en la ejecución y ser vigilantes ante estas medidas para su mejora o modificación.

- Considerar un equipo de trabajo para atender las necesidades de los trabajadores dentro de los establecimientos y/o a través de telesalud. Mantener la salud de los trabajadores garantiza la sostenibilidad de la primera línea de defensa ante esta pandemia.

- Al personal cuidador de la población institucionalizada, garantizar un proceso de autocuidado lo más saludable posible mediante un plan de acciones para evitar agotamiento mental y físico.

- Uso de las TICs para el automonitoreo de la salud mental de la población en general y trabajadores, y que se convierta en un recurso sostenible a largo plazo.

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