Nuestro territorio se encuentra en la Sierra Nororiental de Puebla, entre montañas y cafetales. Somos indígenas nahuats, que nos autodenombramos “Pueblo Maseual”, que es la manera en como también llamamos a todos los pueblos originarios, porque para nosotros, Maseual equivale a decir indígena. Nosotros vivimos de nuestro territorio, cosechamos muchos productos para obtener el sustento de nuestras familias, porque nuestra madre tierra nos da una diversidad de vida, y por eso le tenemos mucho respeto a la naturaleza.

Todo esto hoy está en riesgo, pues bajo los preceptos de la Ley Minera, se han otorgado varias concesiones en nuestro territorio, cuya explotación afectaría gravemente a nuestras comunidades. Estas concesiones se otorgaron sin que nosotros hayamos dado algún consentimiento. Nunca fuimos informados por las instituciones de gobierno involucradas, ni por las que expidieron esas concesiones, ni por las que emitieron una Ley que hace posible que exista este modelo minero. Y nosotros sabemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos reconoce a los pueblos indígenas nuestro derecho a la libre determinación sobre nuestros territorios, a la vez que los acuerdos internacionales que nuestro país ha firmado,  obliga al Estado Mexicano a consultarnos cuando se emiten actos administrativos o leyes que afecten la vida de nuestros pueblos.

Por ello, en 2014, reunidos en Asamblea y ejerciendo nuestro derecho a la autonomía, encomendamos al Consejo Maseual Altepetajpianij emprender acciones legales para defender nuestro territorio. Este camino legal nos ha traído ahora hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien deberá decidir si la Ley Minera es inconstitucional, puesto que, a pesar de que sus disposiciones nos afectan directamente como pueblos indígenas, nunca fuimos consultados en su formulación.  El 13 de mayo de este año, la segunda sala de la SCJN, pospuso la discusión y votación del proyecto de sentencia elaborada por el ministro Javier Laynez Potisek.  Vemos esto como una oportunidad para que el nuevo proyecto que se presente, reconozca nuestros derechos.

Ayúdenos firmando y compartiendo esta petición, para que la ministra y  los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte, decreten la inconstitucionalidad de la Ley Minera.  Emitimos esta carta para elevar nuestra voz. Como pueblo originario, estamos convencidas y convencidos de que para tener una vida buena – Yeknemilis, como decimos en nahuat-, es necesario que estemos bien y en paz social. Y no podemos estar bien ni podremos construir la paz social en nuestros territorios, con proyectos extractivos como la minería destructiva, que amenazan nuestra forma de vida.