Victoria

MINISTERIO FISCAL CONTRA AYTO DE TORREVIEJA POR NO CUMPLIR LAS LEYES DE DISCAPACIDAD

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 1.362 firmas!


NECESITO QUE FIRMEIS PARA PODER PRESENTAR LAS FIRMAS ANTE EL MINISTERIO FISCAL E INTERVENGAN ANTE LA VULNERACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS CIUDADANOS DE TORREVIEJA CON DIVERSIDAD FUNCIONAL ( DISCAPACIDAD), MOVILIDAD REDUCIDA...

 
Mi nombre es Rafael Álvarez Chacón, tengo 36 años y me dedicaba al área de trabajo social; en Octubre de 2015 tuve un accidente de tráfico quedándome como secuelas una lesión medular completa Asia A. desde la dorsal 5 a la 7. Paraplejía. Vejiga e intestino neurógena. Dolores Neuropáticos y de espalda a nivel dorsales 5-7 Además de encontrarme en tratamiento psicológico y psiquiátrico por tal situación. 
- Tengo una Discapacidad del 76%. Ayuda por tercera persona y movilidad reducida concedido por Centro de Valoración de Discapacidades de Alicante.

Tras el accidente de tráfico y después de estar ingresado en un Centro de Neurorehabilitación, regresé a mi domicilio en Torrevieja en Julio de 2016 y aquí empiezan mis problemas por LA INACCESIBILIDAD DE LA CIUDAD DE TORREVIEJA.

Con fecha 24 de Agosto de 2016, comienzo a remitir e-mails a la Concejalía de Accesibilidad que esta ubicada en el mismo edificio de Bienestar Social de Torrevieja (donde he trabajado varios años); se creó un e.mail ciudadparatodos Torrevieja.eu con el motivo que las personas con movilidad reducida; ya que debido a la gran cantidad de barreras arquitectónicas no tuvieran que desplazarse a la Oficina PROP.

Desde el 24 Agosto de 2016; comienzo a remitir fotografías de todas las barreras arquitectónicas, con sus correspondientes ubicaciones, que me voy encontrando cada vez que salgo, rampas para discapacitados en mal estado, donde he sufrido varias caídas etc.

A fecha 27 de enero de 2017 vuelvo a remitir emails pero esta vez con copia al email de Concejalía de Bienestar Social y me contestan desde el email de Concejalía de Bienestar Social con el mensaje “Doy traslado de su correo a Concejalía de Accesibilidad”, siendo la misma persona quien gestiona ambos emails.

Toda esta situación de pasotismo por parte del Ayuntamiento, me genera estados de ánimos muy volubles debido a la impotencia que me genera no poder salir de mi domicilio, no tener autonomía, independencia y calidad de vida. Además de dolores físicos terribles por la cantidad de barreras arquitectónicas que debo salvar.

Es el 29 de Julio de 2017; me puse en contacto con un periodista de diario digital “Objetivo Torrevieja” y me publica un artículo de opinión (Adjunto con resto de documentos); esta noticia remueve a la clase política, contactándome desde Diputación de Alicante y arreglando una plataforma para discapacitados que llevaba estropeada un año.

El día 2 de Agosto de 2017, me cita la nueva Concejal Socialista responsable de este área, nueva debido a que la anterior había dimitido.

En esa reunión, planteo todas mis quejas y demandas referentes a la no accesibilidad de la ciudad de Torrevieja. Me plantea que la informara respecto a ese tema y le comento todas mis propuestas; La cuestión es que me informa que el email de la concejalía estaba deshabilitado desde las últimas elecciones de mayo de 2015; esa es su respuesta y le informo que eran conocedores de mis emails ya que enviaba copia a Bienestar Social y me contestaron el 27 de Enero de 2017 y que no me extrañaba ya que lo gestiona la misma persona. Ella culpa a anterior concejal socialista  por no detectar que el email estaba deshabilitado.

La concejal me informa que no hay dinero para Accesibilidad; y le comento que no es cierto que el señor Alcalde esta devolviendo los préstamos a los bancos y así esta la ciudad de Torrevieja (sucia, aceras rotas, rampas rotas, sin luz en varios barrios etc.).

Me plantea remitirle todos los emails que había estado remitiendo desde Agosto de 2016; por orden de peligrosidad (debido a las caídas sufridas por personas discapacitadas y por mi mismo). Eso hago desde los días 2 al 6 de Agosto de 2017 al email de accesibilidad y con copia a ella.

Pasan las semanas y meses: me comenta que no hay dinero.

Hasta que finalmente busco a la oposición que es el Partido Popular para que ellos hagan una pregunta en pleno y así poder yo intervenir en los ruegos y preguntas.

Al verme allí, la concejal me informa que ha podido apartar un dinero para esos arreglos, esto me lo comenta antes de comenzar el pleno. Cosa que se desmonta durante mi intervención en el pleno municipal del pasado 23 de Octubre de 2017; debido a que cuando intervengo ningún político era conocedor de mis demandas.

Me escuchan todos y me dicen que esta en sus planes arreglar los desperfectos y cuando les planteo la creación de un Plan de Accesibilidad para la ciudad de Torrevieja, me dicen que están en ello.

A los pongos días le escribo un WhatsApp a la concejal socialista; preguntándole que cuando van a arreglar todas las demandas que le remití; ya que ella antes de comenzar el pleno municipal del día 23 de Octubre de 2017 me informo que tenia un dinero ahorrado para esos arreglas; queda demostrado que era falso ya que a fecha actual todo sigue igual.

Hace unos días contacté con la concejal socialista responsable y me comentó que hasta que no se aprueben los Presupuestos de 2018; no habrá dinero y me informa que cuando lo sepa me informaría.

El Ayuntamiento de Torrevieja presenta los presupuestos en prensa con 90,4 millones de euros, para presentarlos el 28 de Diciembre y votarlos el 29 de Diciembre de 2017. La concejal responsable quedo en informarme de cuando se presentaran los presupuestos, estar yo presente en esa sesión y no me ha informado de nada.

No me creo nada de lo que me dicen, por ello he decidido contactar con ustedes para informarles de lo que me esta ocurriendo.

Les informo de todo esto, ya que llevan desde 24 de Agosto de 2016 riéndose de mi y vulnerando mis derechos fundamentales; que a continuación le explicare.

ESTAN VULNERANDO MIS DERECHOS FUNDAMENTALES en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Este Real Decreto pretende regular normas que ayuden a la integración de las personas con discapacidades del tipo que fuere; física, psíquica, sensorial. En lo relativo a los derechos fundamentales, es necesario nombrar el artículo 14 de la Constitución Española, cuyo tenor literal indica que:

"Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Con esta norma se pretende eliminar impedimentos que privan a las personas con discapacidad del pleno ejercicio de sus derechos, impidiendo la exclusión social, tal y como recoge el párrafo tercero de las disposiciones generales del Real Decreto.

Esta norma va relacionada con el artículo 9 y 49 de la Constitución española, además de con el indicado artículo 14.

El artículo 9 de CE, establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo de los grupos que se integra sean reales y efectivas.

Por su parte, el artículo 49 de CE, establece expresamente en relación a las personas con algún tipo de discapacidad, que serán los poderes públicos los que realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los discapacitados físicos, sensoriales y psíquicos.

En el objeto de este texto refundido, así como en las normas indicadas a las que pretende desarrollar, tienen una importancia esencial los tratados internacionales para la defensa de los derechos de los discapacitados, tales como:

- Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2.006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) realizada en New York y ratificada por España el 3 de diciembre de 2007; entrando en vigor el 3 mayo de 2008.
Esta norma es una especie a directriz, que debe ser respetada en todas las normas que se regulen en nuestro Estado, ya sea por el Congreso en normas nacionales, o por los ayuntamientos en las normas locales.

Para poder aplicar correctamente esta norma, debemos aplicar lo que se puede llamar discriminación positiva. Los discapacitados son un grupo de personas vulnerables, por lo que para tener las mismas oportunidades que otras personas que tienen intactas todas sus facultades, debe haber una normativa que les proteja de una forma discriminatoria respecto de las personas que no tienen discapacidad, para que puedan tener sus posibilidades más igualadas.

Por otra parte, el articulo 148.1.3º y 20º del Texto Constitucional; atribuye a las Comunidades Autónomas la competencia en materia de ordenación del territorio, urbanismo, vivienda y en materia de asistencia social. En virtud de tales competencias casi todas ellas han establecido normativa que garantiza, en mayor o menor medida, la accesibilidad en las ciudades, las edificaciones, el transporte y la comunicación.

Entidades Locales que no sigan las normas establecidas en nuestra Carta Magna; ya que mostrando indiferencia y pasividad respecto a ello; vulneran los derechos fundamentales de las personas con algún tipo de discapacidad siendo Anticonstitucional y en este Texto Refundido podemos encontrar en su artículo 83; las sanciones correspondientes a toda Entidad que las incumpla.

En la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2.006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) realizada en New York y ratificada por España el 3 de diciembre de 2007; entrando en vigor el 3 mayo de 2008. El Gobierno Central estableció un plazo hasta el pasado 4 de Diciembre de 2017 para solicitar una serie de subvenciones para adaptar los comercios, edificios públicos etc… con tal motivo de adaptarse a la Normativa establecida en la Convención de Naciones Unidas. En Torrevieja se ha pasado por completo, no se han solicitado estas subvenciones y por tanto en aplicar estas adaptaciones.

Durante las navidades de 2017 recibo una llamada de un concejal de otro partido y me comenta que destinaran 700.000 euros para accesibilidad y me envía una foto, marcándome la cuantía, siendo el concepto "Arreglos de via pública", nada destinado a accesibilidad. Otra mentira más.

Contacto con el Defensor del Pueblo valenciano a fecha 20 de diciembre de 2017 para informar de todo lo que me estaba ocurriendo y tras dos notificaciones al Ayuntamiento de Torrevieja estos emiten un informe tergiversando, mintiendo para salir del paso. Me lo notifica el Defensor del Pueblo Valenciano y me dan diez días para alegaciones, a continuación verán el informe, mis alegaciones y las actuaciones del Defensor del Pueblo Valenciano:

 

D. Rafael Álvarez Chacón

- Torrevieja (Alicante)



================== Ref. queja núm. 1717478 ==================


Estimado Sr.:

Nos ponemos nuevamente en comunicación con Vd. para informarle que, con esta misma fecha, hemos dirigido a la Administración afectada en su expediente de queja la Resolución que transcribimos a continuación:

«Asunto: Barreras que dificultan la movilidad de las personas con discapacidad en vía pública.


Excmo. Sr. Alcalde-Presidente:

Acuso recibo del informe que nos remitió en relación a la queja de referencia presentada ante esta institución por D. Rafael Álvarez Chacón sobre la falta de actuación del Ayuntamiento de Torrevieja en la vía pública eliminando las barreras arquitectónicas existentes.

Sustancialmente manifestaba en su escrito inicial de queja que en la ciudad de Torrevieja se vulneran constantemente los derechos de las personas con problemas de movilidad y denunciaba las escasas o nulas inversiones en eliminación de las barreras arquitectónicas en la vía pública.

Los numerosos escritos presentados en el Ayuntamiento, según nos indican, no han recibido contestación satisfactoria alguna ni se han efectuado modificaciones en muchas de las zonas descritas por el interesado.

En contestación a nuestra petición de informe, realizada el 27/12/2017, el Ayuntamiento de Torrevieja, en respuesta fechada el 12/02/2018, con entrada en esta institución el 19/02/2018, nos indicó lo siguiente:

Que, desde la Concejalía de Accesibilidad, se ha estado atendiendo solicitudes de asesoramiento en temas de problemas de accesibilidad en Comunidades de vecinos, fundamentalmente en problemas de acceso desde vía pública hasta el interior de la vivienda, en inmuebles de pisos.
Este documento ha sido firmado electrónicamente el 07/03/2018 a las 12:12:44



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Que, por la Concejalía de Urbanismo, se está exigiendo y controlando todas las nuevas actuaciones urbanísticas (Planes Parciales, PRI,..) de forma que las nuevas vías públicas y aquellas existentes donde se actúe se adecúen a la normativa vigente de accesibilidad. Así mismo, en todas las concesiones de licencia de obra nueva, se está exigiendo a los promotores la adecuación de la acera pública, en todo el entorno afectado por la obra, para conseguir la accesibilidad de las mismas.

Desde esta misma Concejalía se está exigiendo y comprobando que en todas las actividades de nueva apertura o modificación de las existentes, se adapten a la normativa vigente de accesibilidad.

Desde la Concejalía de Vía Pública, se están acometiendo continuamente actuaciones sobre la vía pública, creando nuevos cruces de calle accesibles y reformando aquellos existentes, pero que no cumplen las condiciones mínimas para ser considerados accesibles.

Como actuaciones públicas, cabe destacar entre otras:

Reforma integral de la Vía pública del Barrio de Acequión, Plan Parcial Mediterráneo y Barrio San Roque, donde se han levantado y repuesto el total de las aceras, ajustándolas a la normativa de accesibilidad.

Plan Parcial Nueva Torrevieja y Plan Parcial Los Balcones, con toda la vía pública reformada.

Varios enclaves, desarrollados por PRI en paraje Torre del Moro.

Gran parte del Centro Urbano (Casco antiguo) de Torrevieja, sobre el que se siguen realizando actuaciones, extendiendo las mismas hacia el exterior.

Actuaciones de accesibilidad en edificios públicos, que adolecían, como La Casa Consistorial, la oficina de Turismo (antiguo restaurante Miramar).

Así mismo se están iniciando los trámites para la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, dentro del cual se tiene previsto incluir como parte del mismo un Plan de accesibilidad integral del Municipio de Torrevieja.


Tras esta respuesta, dimos traslado al interesado de esta información el 21/02/2018 y en un escrito de alegaciones nos indica que estima que dicha respuesta no da solución al problema planteado, concretando las siguientes cuestiones:

Les informo que a fecha de 27 de Febrero de 2018; el informe remitido a ustedes por el Ayuntamiento de Torrevieja no resuelve ninguna de mis demandas planteadas; contrastado hoy mismo, pasando por cada uno de los lugares que he notificado a ustedes. TODOS LOS LUGARES QUE LLEVO DEMANDANDO DESDE EL 24 DE AGOSTO DE 2016 SIGUEN IGUAL, NO SE HAN OBRADO, NO SE HAN ARREGLADO.

En relación al informe emitido por el Ayuntamiento de Torrevieja; se ha realizado de una manera general y tergiversando información; me explico: - En primer lugar, La Concejalía de Accesibilidad según indican en su informe están realizando actuaciones e informando a las Comunidades de vecinos; esto no es cierto. Esta Concejalía era desconocedora que habían una serie de subvenciones a nivel estatal para adecuar los comercios, comunidades de vecinos con fecha hasta el 4 de Diciembre de 2017. Tuve



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que informarles yo que no estaban haciendo nada para informar a las comunidades de vecinos y comercios de la localidad, además de informarle que el plazo para solicitar las subvenciones y hacerlos accesibles ya había pasado. - En segundo lugar, según el informe del Ayuntamiento. La Concejalía de Urbanismo estaba realizando una serie de actuaciones en materia de accesibilidad; según mi conversación con la Concejal de Urbanismo el pasado 23 de Octubre de 2017, tras el pleno municipal, solamente habían controlado las obras nuevas. - En tercer lugar, la Concejalía de Vía Pública informan que están acometiendo actuaciones sobre la vía pública, creando nuevos cruces de calles accesibles y reformando aquellos existentes (esto es falso, no se ha reparado ningún cruce de calles, siguen deteriorados y las rampas rotas por falta de mantenimiento). - Referente a los siguientes párrafos del informe se ha rellenado con una serie de actuaciones que o no han comenzado o siguen en mal estado. - Respecto a uno de los últimos párrafos, en relación a la rampa de acceso a la Casa Consistorial se obró una rampa que supera con creces el grado de inclinación establecido en la ley de Comunidad Valenciana, siendo imposible subirla de manera autónoma, se necesitan dos personas que empujen una silla de ruedas para acceder a la Casa Consistorial. - El último párrafo del informe, indican que se están iniciando los trámites para la redacción de un Nuevo Plan General de Ordenación Urbana, dentro del cual se tiene previsto incluir como parte del mismo un Plan de Accesibilidad Integral del Municipio de Torrevieja. Respecto a este punto llevan años diciendo esa frase para callar al colectivo con diversidad funcional del municipio de Torrevieja.

De hecho en los Presupuestos de 2018 no existe ninguna partida presupuestaria para crear un Plan de Accesibilidad Integral del Municipio (Corroborado con el Presupuesto de 2018).

Por tanto, según mi análisis de este informe remitido a ustedes lo han realizado para salir del paso.

RESPECTO A MIS DEMANDAS NO HAN SOLUCIONADO NINGUNA Y SEGÚN EL SEÑOR ALCALDE JOSE MANUEL DOLÓN GARCÍA NO VA A CUMPLIR CON NINGUNO DE LOS PRECEPTOS DE LA CONSTITUCIÓN REFERENTES A DIVERSIDAD FUNCIONAL Y ACCESIBILIDAD NI CON LA LEY 1/2013 DE 29 DE NOVIEMBRE SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL.


Llegados a este punto, resolvemos la queja con los datos obrantes en el expediente siendo de aplicación la siguiente normativa:

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que el Estado español forma parte, dispone en su artículo 1 que:

El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas



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barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, enigualdad de condiciones con las demás.

El artículo 3 del mismo documento establece los principios generales que inspiran la actuación de los Estados partes de la Convención y menciona los siguientes:

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;

b) La no discriminación;

c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;

e) La igualdad de oportunidades;

f) La accesibilidad;

g) La igualdad entre el hombre y la mujer;

h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

En los mismos términos, el artículo 4.1 señala una serie de obligaciones a los Estados Partes, entre las que destacamos las siguientes:

Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;

d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella;

e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad (...).

El artículo 17 del texto internacional rubrica que: «Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás».

Por su parte, el artículo 20 señala que:

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Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas:

a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que deseen a un costo asequible;

b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible.

(...)

d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y tecnologías de apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las personas con discapacidad.

El artículo 25 establece:

Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad.

Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud (...).


Por otra parte, la Constitución Española, en su artículo 49, ya ordenó a los poderes públicos que prestasen a las personas con discapacidad la atención especializada que requiriesen y que los amparasen especialmente para el disfrute de los derechos ciudadanos contenidos en el Título I.

Consecuencia de esta especial necesidad de protección y promoción de la igualdad de las personas con discapacidad ha sido la paulatina creación de un importante cuerpo legal tendente a garantizar aquella en los distintos ámbitos susceptibles de actuación de los poderes públicos.

De esta forma, la Ley 13/1982, de 7 de abril, sobre Integración Social de los Minusválidos, establece en su artículo 1 que:

Los principios que inspiran la presente Ley se fundamentan en los derechos que el artículo 49 de la Constitución reconoce, en razón a la dignidad que les es propia, a los disminuidos en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales para su completa realización personal y su total integración social, y a los disminuidos profundos para la asistencia y tutela necesarias.

Y preceptúa en su artículo 3 que:

Uno. Los poderes públicos prestarán todos los recursos necesarios para el ejercicio de los derechos a que se refiere el artículo primero, constituyendo una obligación del Estado la prevención, los cuidados médicos y psicológicos, la rehabilitación adecuada, la educación, la orientación, la integración laboral, la garantía de unos derechos económicos, jurídicos sociales mínimos y la Seguridad Social.


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Dos. A estos efectos estarán obligados a participar, para su efectiva realización, en su ámbito de competencias correspondientes, la Administración Central, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales, los Sindicatos, las entidades y organismos públicos y las asociaciones y personas privadas.

Igualmente, como ya puso de manifiesto la exposición de motivos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, debe tenerse presente que:

Las personas con discapacidad constituyen un sector de población heterogéneo, pero todas tienen en común que, en mayor o menor medida, precisan de garantías suplementarias para vivir con plenitud de derechos o para participar en igualdad de condiciones en la vida económica, social y cultural del país.

Y además e insistiendo en la necesidad de garantizar la plena integración social de las personas con discapacidad, esta Ley 51/2003, de 2 de diciembre, elevó a la categoría de principio rector de la Ley, entre otros, el de normalización, entendido como «el principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida normal, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona. »


Al abrigo de las normas anteriormente enunciadas, la Generalitat ha asumido como propios los objetivos anteriormente reseñados, dictando al efecto numerosas normas legales que comparten, como principio inspirador, el mandato constitucional de defensa y efectividad real del principio de igualdad.

En este sentido, destaca de manera especial la Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad. Esta norma reconoce, en su preámbulo, que uno de los objetivos esenciales que debe marcar la actuación de la Generalitat es «dar una respuesta adecuada y coordinada a las necesidades de las personas con discapacidad, con la finalidad última de mejorar sus condiciones de vida y conseguir su integración sociolaboral».

Consecuencia de estos mandatos programáticos es la plasmación en el artículo 4.5 de esta norma del principio de igualdad de oportunidades, según el cual los poderes públicos deberán garantizar:

(…) el acceso de las personas con discapacidad a los bienes y recursos generales de la sociedad, si es necesario a través de recursos complementarios y, en cualquier caso, eliminando toda forma de discriminación y limitación que le sea ajena a la condición propia de dichas personas. En la aplicación de este principio, las Administraciones Públicas tendrán en cuenta las necesidades particulares de las personas o colectivos de personas con discapacidad, sobre todo en cuanto hace al diseño y provisión de servicios y recursos específicos para cada una de ellas, procurando garantizar la cobertura territorial.

Por su parte, la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación, en su artículo primero establece el objeto de dicha Ley disponiendo que:



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La presente Ley tiene por objeto garantizar la accesibilidad al medio físico en condiciones tendentes a la igualdad de todas las personas, sean cuales sean sus limitaciones y el carácter permanente o transitorio de éstas, mediante:

a) La regulación de unos requisitos que permitan el uso de instalaciones, bienes y servicios a todas las personas y, en especial, a aquellas que de forma permanente o transitoria estén afectadas por una situación de movilidad reducida o limitación sensorial.

b) El fomento de la eliminación de las barreras existentes, mediante incentivos y ayudas para actuaciones de rehabilitación, y dentro de una planificación a establecer conforme a esta disposición.

c) El establecimiento de los medios adecuados de control, gestión y seguimiento que garanticen la correcta aplicación de esta Ley y de su normativa de desarrollo.

d) La promoción de los valores de integración e igualdad mediante un sistema de incentivos y de reconocimiento explícito a la calidad en las actuaciones en materia de accesibilidad, así como la potenciación de la investigación y de la implantación de ayudas técnicas y económicas para facilitar el uso de bienes y servicios por parte de personas con limitaciones físicas y sensoriales.


La problemática planteada por el presente expediente de queja debe ser analizada partiendo de las normas anteriormente expresadas y, sobre todo, de la filosofía y de los principios de los que estas dimanan. Del estudio de la normativa sobre personas con discapacidad, que desarrolla los principios del artículo 49 de la Constitución Española, se desprende que el objetivo final que deben perseguir los poderes públicos (en este ámbito) es mejorar la calidad de vida de este grupo heterogéneo de personas logrando su plena integración y su igualdad efectiva con el resto del cuerpo social.

En este sentido, se puede afirmar, sin miedo a errar en exceso, que todas las obligaciones y deberes de actuación que la legislación impone a los poderes públicos se hallan íntimamente ligados a la consecución de este objetivo. Por ello mismo y considerado a la inversa, la actuación de los poderes públicos en este ámbito debe ser analizada y juzgada en función de su contribución a la satisfacción de aquel.

De la normativa anteriormente enunciada se deduce que, en aras a la satisfacción del principio de autonomía y como consecuencia del principio de responsabilidad pública, las administraciones públicas deben garantizar la existencia de los medios técnicos adecuados para asegurar el derecho a la dignidad y la accesibilidad de las personas con discapacidad, promoviendo de esta forma la efectividad del derecho a la integración social con la mejora en la calidad de vida de estas personas que supone.


Con fundamento en las anteriores consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el art. 29. 1 de la Ley 11/1988, de 26 de diciembre, reguladora del Síndic de Greuges, procedemos a formular al Excmo. Ayuntamiento de Torrevieja las siguientes RECOMENDACIONES:

- Concrete el anunciado Plan de Accesibilidad Integral del Municipio y dote de contenido las partidas presupuestarias oportunas con el fin de avanzar en la



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inclusión de las personas con movilidad reducida, facilitando el desplazamiento y el acceso de dichas personas a las vías y edificios de este municipio. - Desarrolle políticas transversales de accesibilidad que involucren a todas las concejalías logrando que la implicación en el respeto a los derechos de las personas con diversidad funcional sea lo más amplia posible y en todas las áreas de gestión. - Concurra con diligencia y eficacia a todas aquellas ayudas posibles ofertadas desde otras administraciones (Diputación, Generalitat, ministerios, fondos o ayudas europeas, etc.) que redunden en una mayor calidad de vida entre sus conciudadanos. - Supervise la accesibilidad en las áreas y puntos concretos denunciados en esta queja por si estima como urgente su inmediata adecuación.


De conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Ley de la Generalitat Valenciana 11/1988, de 26 de diciembre, le agradeceremos que nos remita en el plazo de un mes el preceptivo informe en el que nos manifieste la aceptación o no de las sugerencias que se realizan o, en su caso, las razones que estime para no aceptarla.

Para su conocimiento, le hago saber igualmente que, a partir de la semana siguiente a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, esta se insertará en la página web de la institución.»

Tan pronto como recibamos contestación a nuestra recomendación se lo haremos saber.

Atentamente,

José Cholbi Diego Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana

 



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