Revisión de la Ley de Arrendamientos Urbanos

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En Mayo de 2016 el alquiler en las principales ciudades de España había subido un 15%, en Diciembre de 2017, esta subida es ya de un 56% de media en todos los barrios de la capital, en algunas zonas supone un 80%.

Esta burbuja, construida, y orquestada, ejerce un impacto en el bienestar y el derecho fundamental a la vivienda de todos los Españoles, solamente beneficiando a los grandes poseedores de inmuebles destinados a especular, y sobretodo a los que tienen un gran número de inmuebles "parados" desde la burbuja inmobiliaria de 2008, (la banca). Que las casas suban (primero en alquiler, y luego en venta) es la situación esperada por el SAREB para empezar a movilizar todas las inversiones en inmueble que no se han podido rentabilizar desde el fin de la burbuja hasta ahora.

Desgraciadamente, esta situación deja a los inquilinos en una posición de indefensión total, donde es ya normal que exijan seis meses de aval bancario, más un mes por los horarios de un Agencia Inmobiliaria que haciendo un trabajo para el propietario (enseñar una casa) y copiar un contrato tipo obliga a pagar al inquilino, más precios con un incremento anual fijo no vinculado al IPC, y cada día que pasa más por encima del mercado.

De la misma forma, los propietarios se excusan en la dificultad de los desahucios de lo okupación para pedir garantías y clausulas abusivas. La okupación de inmuebles sin uso debe pertenecer a otra vía que la de las resoluciones de contrato y desahucio de inquilinos en alquileres de vivienda habitual.

La Ley de Arrendamientos Urbanos no esta regulando este pilar fundamental de los ciudadanos donde una parte se encuentra con problemas en su necesidad de vivienda y la otra en inversión. Es obvio cual es más importante de las dos.

Por ello pedimos a los representantes de los partidos políticos mayoritarios, el Ministerio de Vivienda, y el gobierno de España que adecue la ley a las burbujas de este sector ayudando en la rectificación de la ley en ambitos como:

- Plazos más largos para la rescisión del contrato,dando oportunidad a los inquilinos a tener más margen para su mudanza.

- Garantías máximas legales y reguladas.

- Obligación de uso de contratos tipo sin clausulas abusivas.

- Mediación en los conflictos a la hora de recuperar avales, depósitos y fianzas.

- Alquiler social que ayude a la oferta de inmuebles.

- Seguros de solvencia neutrales para disminuir las garantías.

- Regulación de las tarifas de las agencias inmobiliarias, y regulación de que parte debe pagar estos honorarios.

- Organismos para la defensa y denuncia de ofertas/anuncios o practicas abusivas en el sector.

- Diferenciación entre desahucio de inmuebles destinados a vivienda habitual de particulares o inmuebles sin uso de empresas.

- Endurecimiento de los criterios para poder usar fianzas y depósitos para arreglos del inmueble al acabar el alquiler. Recordemos que los propietarios no deben justificar nada a la hora de usar la fianza para pintar un piso después de un alquiler de 12 meses, aunque no haga falta, ellos no pierden nada.

- Abogados estatales y procedimientos legales fáciles y rápidos para los inquilinos que tengan procesos legales cuando el uso del alquiler es su única vivienda.

- Penalización económica mayores a las agencias inmobiliarias y propietarios que pierdan juicios de alquiler.

- Multas por practicas abusivas.

- Penas para practicas que actúen sobre el alza del mercado, publicidad o manipulación de ofertas.



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