RESIDENCIAS DIGNAS PARA NUESTROS ABUELOS

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Muchas somos las personas que nos vemos obligados por las circunstancias a dejar a  nuestros familiares en residencias públicas.

Durante los últimos años hemos observado como las residencias son lugares en los que la alimentación es insuficiente o no está equilibrada, no se trata a nuestros familiares con la dignidad que se merecen, falta personal, falta limpieza, aseo, zonas de esparcimiento o actividades mentales o físicas.

Cuando ingresamos a nuestros mayores en una residencia lo hacemos confiando en una Administración que se supone que vela por ellos y les cuida. Por desgracia, esto no sucede y es un hecho extendido por toda la geografía española. 

Quejarnos a Asuntos Sociales de nada sirve, quejarnos en la residencia de nada sirve, y esto no puede continuar así.

Necesitamos una ley que regule que  los menús y la alimentación sea responsabilidad de un médico junto con un nutricionista, que se aseguren de las necesidades alimentarias específicas de cada persona y que se aseguren de que la cantidad, calidad de los alimentos y la hidratación de los abuelos sea óptima. 

Medidas de higiene y limpieza más exhaustivas, con especial cuidado en el aseo de nuestros mayores. Más personal, estableciendo un ratio más bajo de trabajador/persona mayor. Más números de actividades y mejor diseñadas, con propuestas especificas para el fomento de la autonomía y con un programa concreto para asegurar el bienestar anímico y emocional de nuestros abuelos.

Inspecciones sanitarias y médicas frecuentes, y por supuesto de manera sorpresiva para evitar que se enmascare la verdad.

Necesitamos que sea la propia Administración la que vele por el cumplimiento de todo lo expuesto, que escuche y de valor a la quejas de familiares y usuarios y las investigue sin dilación, y que además regule graves sanciones administrativas y económicas para quienes incumplan lo expuesto con anterioridad.

Pedimos al Gobierno de España y en concreto al Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad una ley digna y de protección para las personas mayores ingresadas en residencias públicas y que establezcan los mecanismos pertinentes para que se cumpla. 



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