Nos encontramos antes un estado de alarma. Según el decreto publicado por el BOE se podrán realizar requisas temporales de todo tipo de bienes en los casos que sea necesario para la adecuada protección de la salud pública.

Mientras nuestros médicos y sanitarios están trabajando en primera línea, desprotegidos, sin acceso a test COVID-19, los laboratorio privados se lucran realizando pruebas a cualquier persona que esté dispuesto a pagar cantidades que rontan entre 140-300 euros.

Solicitemos al Gobierno que intervenga ya estos test! Protejamos a las personas que cuidan de nosotros y de nuestros mayores. Miles de ancianos que están muriendo en soledad, sin diagnóstico.

Juntos podemos conseguirlo!! Gracias por tu apoyo!!