La dejación de funciones del Estado y del resto de Administraciones Públicas trae como consecuencia inmediata que la única atención que reciban las personas con síndrome Asperger y otros trastornos del espectro autista de alto funcionamiento proceda de la solidaridad entre familias, mediante la creación de servicios propios costeados con unos sueldos y pensiones familiares cada vez más exiguos. Estamos radicalmente en contra de la discriminación que para nuestro colectivo supone la reformulación que se pretende hacer de los acuerdos y consensos urdidos con tanto esfuerzo durante los últimos años y que se manifiesta, una vez más, en recortes para las personas más vulnerables y con menos capacidad de defensa. El objetivo implícito que se pretende es dejar de atender a aquellas personas que lo necesitan con la excusa de que “su grado de afectación es menor” transformando el sistema de protección social en un modelo de caridad que nos retrotrae a tiempos lejanos y, pensábamos, ya superados. ¿Cómo conseguir esto? Muy sencillo: Tomándose la administración, como dice la nueva ley, dos años para decidir sobre la concesión de la prestación a la persona preceptora. Esta burla intolerable nos conduce a una verdadera eutanasia social a la que no vamos a asistir impasibles.