Recorten el presupuesto de la Iglesia Católica Argentina.

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Este año el Estado argentino va a otorgarle 169.780.833 de pesos a la Iglesia Católica. En medio de una crisis económica que afecta a todos los argentinos, es necesario revisar las prioridades, no quitar financiamiento a la salud, la educación, la alimentación y la ciencia para otorgarlo solamente a la Iglesia Católica.

La Constitución de la Nación Argentina garantiza, entre muchos otros derechos, la igualdad de todos los ciudadanos antes la ley y la libertad de culto. Sin embargo, en su articulo 2°, impone la a las autoridades federales el sostenimiento del culto católico. Para muchos expertos el articulo 2° es anacrónico y plantea una contradicción respecto de los artículos 14°, 20° y de varios tratados internacionales con igual rango constitucional. Ya que la discriminación hacia otros cultos, creencias o filosofías también viene dado por los excesivos privilegios otorgados por el propio estado a quienes profesan concretamente la Fe católica, sus instituciones, ministros y representantes.

En términos materiales, el sostenimiento de la Iglesia Católica se hace efectivo a través de una serie de leyes que interpretan y materializan lo que esta escrito en la constitución y transforman el articulo 2° en cuantiosas partidas presupuestarias. Esto parece indicar que no necesitamos una reforma constitucional para eliminar determinados privilegios otorgados a la Iglesia Católica y sus ministros. Bastaría con la determinación de nuestro Presidente, nuestros diputados y senadores para recortar estos privilegios y la buena voluntad de la Iglesia Católica para reconocer la excesiva carga económica que suponen para el pueblo argentino.

Estas leyes y sus correspondientes decretos aun en vigencia son: La Ley 22.162 y su decreto reglamentario No 1.928/80, el Decreto No 1.991/80, la Ley No 21.540, Ley No 21.950, la Ley No 22.552, la Ley No 22.430/81, la Ley No 22.950, y la Ley No 24.483.

El presupuesto nacional 2017, contempla, a través de la Secretaria de culto como unidad ejecutora y apelando al articulo 2°, la transferencia de 169.780.833 pesos Argentinos (en 2016 fueron 133.998.031) a la Conferencia Episcopal Argentina. En el detalle por unidad, se aprecia que sostenemos económicamente a ciento cuarenta (140) Arzobispos/Obispos, seiscientos cuarenta (640) Sacerdotes y mil doscientos (1200) seminaristas.

Parece necesario aclarar que derogar o al menos modificar las leyes aquí nombradas no implica quitar el financiamiento a las instituciones educativas católicas o los establecimientos católicos de ayuda social, ya que sus partidas presupuestarias dependen de los ministerios de educación o de otras dependencias estatales.

De igual modo no afectaría el cuidado de edificios históricos que constituyen el Patrimonio edilicio de la Iglesia Católica y que además forman parte del acervo cultural de todos los argentinos (muchos bienes incluso declarados Monumentos Históricos Nacionales o Patrimonio de la Humanidad). El cuidado, conservación y la puesta en valor de los estos bienes, corre por cuenta de organismos nacionales o provinciales específicamente encargados en esa tarea. Por ejemplo, en el año 2015 para la restauración de la Basílica de Lujan se invirtieron $ 158.076.540, para la Catedral Nuestra Señora de las Mercedes $ 155.000.000 y para la Basílica San Francisco de Asís de Buenos Aires $ 94.306.615  (estos montos no forman parte de la cifra de la ejecutada por la secretaria de culto).

Es importante aclarar, que este pedido no es un ataque a la Fe cristiana, ni a la comunidad de católicos, muchos de cuales probablemente no saben y no estén de acuerdo en que sus obispos reciban asignaciones y/o jubilaciones de privilegio.

En tiempos en donde parecen necesarios los recorte en el presupuesto y el achicamiento de la estructura del estado. Y cuando la retorica política apunta a abandonar las estructuras clientelares y fomentar la cultura del trabajo. Es necesario que estas premisas se apliquen también a los obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica Argentina.



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