No más desprotección para los niños y niñas víctimas de abusos sexuales

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Me llamo Sonia, tengo dos hijas pequeñas y una adolescente; y en los últimos años he vivido muy de cerca las carencias y consecuencias políticas, sociales, jurídicas y de la administración en situaciones de máxima vulnerabilidad para niños y niñas que expresan haber vivido abusos sexuales y maltratos.

En nuestro país, una inmensa mayoría de los niños y niñas víctimas de abusos sexuales en el seno intrafamiliar (dentro de sus propias familias), se encuentran desprotegidos y tras expresar lo que han vivido, han de enfrentarse solos y en silencio a sus agresores, sin apoyo terapéutico profesional de ningún tipo y sin haber sido evaluados, diagnosticados ni tratados por ningún profesional especializado en un proceso integral y adaptado que respete sus derechos, emociones y necesidades.

A pesar de la existencia de distintos protocolos marco de actuación que recogen sus derechos y recomendaciones para solucionar este gravísimo problema , como son la Convención de los Derechos del Niño, el protocolo marco de actuación ante abusos sexuales infantiles del Ministerio de Justicia y del Defensor del Menor de Cataluña, los compromisos por la reforma del Pacto de Estado contra la Violencia de Género o la Ley de Protección del Menor, así como los estudios y recomendaciones publicados por distintas unidades funcionales especializadas en abusos a menores en nuestro país,

La realidad es que en una inmensa mayoría de casos, cuando un niño o niña consigue expresar haber vivido abusos sexuales y maltratos, no se aplican los recursos ni los protocolos existentes, siendo que el actual sistema político, jurídico y social amparan y favorecen que pueda ocurrir lo siguiente en caso de que se considere que hay indicios de delito para iniciar un proceso de investigación penal:

1.- El menor tendrá que declarar en un periodo de tiempo muy limitado (15-20 minutos) ante personas profesionales pero desconocidas para él y en entorno también desconocido, lo que ha vivido, dando el máximo número de detalles y mostrando sus sentimientos y emociones al respecto. (fecha, hora, ropa que llevaba, qué hacía, cómo, dónde, con qué palabras, qué siente, por qué lo siente, quién le ha dicho tal o cuál cosa…).
Después de dicha declaración, si el menor es demasiado pequeño o se encuentra demasiado atemorizado o bloqueado y no consigue expresar suficientes detalles, primará la presunción de inocencia, y nunca más nadie lo volverá a ver ni escuchar, y no tendrá acceso a ninguna unidad especializada de evaluación, diagnóstico, tratamiento ni reparación psicológicos que pudiera esclarecer lo ocurrido y trabajar ayudando al niño o niña para recuperarse.
En esas circunstancias, el caso se archivará provisionalmente, y nadie dará apoyo al niño ni a la familia protectora para gestionar y superar la situación. Además,  la familia protectora no podrá buscar ayuda profesional para el menor si el abusador/agresor se niega.

2.- El menor será obligado a mantener un régimen de visitas con su agresor. En el mejor de los casos, ese régimen de visitas se llevará a cabo en un punto de encuentro. Esta decisión vulnerará sus sentimientos, sus miedos y sus necesidades, ya que se priorizará el derecho de visitas de un adulto abusador/agresor. Nadie impedirá que vuelva a sentir miedo o que tenga que compartir sala y juegos con quién considera su agresor.

(¿Podéis imaginar, por ejemplo lo que puede suponer ir a jugar a cocinitas con tu padre teniendo tres o cuatro años, después de haber explicado que ha abusado de ti?)

Esto ocurre en procesos de investigación, y también tras condenas firmes por agresiones y abusos en nuestro país.
En los casos en que la familia protectora (principalmente madres) soliciten no cumplir dicho régimen de visitas, y por protección y no omitir su responsabilidad de protección al niño,  no cumplan con el mismo;  podrán ser enjuiciadas y juzgadas por desobediencia judicial, bajo amenaza de pérdida de custodia, multas, condenas, intervención de servicios sociales, denuncias y acosos por parte del abusador/agresor, que probablemente quedará impune y fortalecido por el sistema que debería proteger al menor.

3.- El menor , si el progenitor abusador no lo autoriza, no tendrá ningún tipo de soporte emocional, psicológico ni terapéutico en ningún momento del proceso, ni antes, ni durante ni después de la denuncia y vivirá la situación con el único apoyo de los recursos que la familia protectora pueda conseguir en función de sus habilidades y posibilidades (económicos , sociales, de soporte)…pero siempre sin la intervención directa con el niño, ya que el adulto abusador/agresor podrá ampararse en su derecho a decidir y en la patria potestad para evitar que el menor sea nunca atendido por ningún psicológo o unidad especializada NUNCA. Nadie escuchará su historia, nadie sabrá lo que le ocurre, nadie podrá evidenciar lo que le ha ocurrido antes, durante ni después de la denuncia y el proceso penal, y por lo tanto quedará desamparado frente a un agresor/abusador adulto de quién tendrá que aprender a protegerse y defenderse solo hasta su mayoría de edad.

Según múltiples estudios, entre ellos el publicado por la ONG Save The Children, 1 de cada 5 niñas en Europa es abusada sexualmente. De entra ellas, una inmensa mayoría, lo es por parte de su progenitor o un familiar cercano.

De las denuncias que se interponen en nuestro país por abusos sexuales, los estudios estadísticos indican que tan sólo el 2% son denuncias falsas. Del otro 98% , un porcentaje de entre el 77 y el 90% (dependiendo del periodo) serán archivadas provisionalmente por falta de pruebas,  que en su mayoría corresponden a las dificultades que un niño o una niña tienen, para expresar en 15-20 minutos, lo que les ha ocurrido ante un organismo judicial, por muy especializado y adaptado que esté.

(¿Podéis, por ejemplo,  imaginar lo que supone hablar con un desconocido para una niña de tres, cuatro, cinco, siete o nueve años en quince minutos y explicarle que su padre ha abusado de ella?)

Después del archivo, ni el menor ni la familia protectora serán apoyados de ninguna forma, ni tendrán acceso a apoyo terapéutico, siendo obligados a reactivar el régimen de visitas sin ninguna protección ni seguimiento. Si no lo hacen, habrán consecuencias y acciones sancionadoras por parte de Servicios Sociales y de servicios jurídicos.

En una inmensa mayoría de casos (recordemos que la amplia mayoría son archivadas por la dificultad del medio de prueba), tanto el menor como la familia protectora serán revictimizados y víctimas de maltrato institucional.

Las leyes, los protocolos, los pactos de Estado no sirven para nada, mientras haya una sola niña o niño abusado y agredido, no escuchado, no evaluado, no diagnosticado, no tratado psicológicamente y enfrentándose en soledad a su agresor durante años .

Es por ello, en nombre de todas y todos ellos, que quiero impulsar una reforma de ley, que garantice y de acceso inmediato a todos los menores, niños y niñas víctimas de abusos sexuales a una unidad especializada de evaluación, diagnóstico, tratamiento y reparación , dónde, independientemente de la situación judicial, ya sea antes, durante o después de la denuncia, sean garantizados sus derechos y reciban la atención psicológica y terapéutica que necesitan. Quiero pedir en nombre de todos ellos, que dicho acceso sea MEDIANTE DERIVACIÓN OBLIGATORIA POR LEY desde juzgados y servicios sociales para todos y cada uno de los menores que en cualquier forma expresan haber vivido abusos sexuales , agresiones y maltratos.

Ello garantizaría sus derechos, daría cumplimiento a la Ley de Protección a la Víctima del Delito ya existente (derecho del niño víctima a diagnóstico, tratamiento y reparación) , mejoraría los medios de prueba, y les ayudaría a no vivir una situación de máxima vulnerabilidad desprotegidos y a merced de sus propios abusadores.

A su vez, también serviría para mejorar los resultados y no tener en la sociedad un 77-90% de adultos agresores sin condena y con sobreseimiento provisional,  como ocurre en la actualidad, reduciría la incidencia de denuncias falsas,  contribuyendo a la disminución y erradicación de la violencia sexual , emocional y física en la infancia, ya que en la actualidad, el sistema , sus leyes y la falta de recursos, promueven la impunidad de los agresores/abusadores, ampara los derechos que les ayudan a evadir sus responsabilidades penales e invisibiliza a los menores, silenciando sus historias ante la sociedad.

Además, quiero impulsar que dicha reforma garantice el bienestar y el derecho del niño que expresa haber vivido abusos sexuales y malos tratos a recuperarse y confiar en la sociedad, y solicitar que prevalezca el derecho del niño por encima del derecho de visita, para que se reforme la ley y se suspenda directamente y durante todo el proceso de investigación el contacto de los menores víctimas con sus agresores/abusadores. Porque un padre o madre que abusan, agreden o maltratan a un niño, no debería tener derecho a que preserve un vínculo que ha de ser de afecto, respeto y cuidado , JAMÁS DE AGRESIÓN.

Como madre que soy de tres hijas, me niego a mirar hacia otro lado, a transmitirles un mensaje de sumisión, sufrimiento, de falta de derechos, de vulnerabilidad ante un sistema político, social y jurídico que desprotege y maltrata a mujeres y niños en situación de máxima vulnerabilidad y aporta impunidad a sus abusadores/agresores. Como madre que soy de tres hijas, me siento en la obligación moral de contribuir a una mejora de nuestra sociedad y a participar en la creación de un mundo más seguro para todos los niños.

Por todos ellos, firma para pedirle al Ministerio de Justicia, al Sr. Pedro Sánchez Presidente del Gobierno de España, a los representantes de todos los partidos políticos del país, al Defensor del Menor, al Ministerio de Sanidad , Igualdad y Asuntos Sociales, al Presidente de la Generalitat y los responsables autonómicos y al Consejo de Ministros que aprueben una reforma de ley que garantice la derivación automática, obligatoria por ley desde juzgados o servicios sociales,  e inmediata de todos los menores que expresan en cualquier modo haber sido víctimas de abuso sexual a una unidad especializada de evaluación, diagnóstico, tratamiento y reparación psicológica, antes, durante y después de la denuncia, y en cualquier momento procesal, jurídico, con sentencia firme o con sobreseimiento provisional sin que sea necesaria autorización ni consentimiento del progenitor acusado, y de forma obligatoria.
Firma para que el medio de prueba y prueba de cargo en el proceso penal, sea la correspondiente al informe completo de evaluación y diagnóstico efectuado por profesional especializado de la unidad, tras un estudio personalizado y exhaustivo que integre un periodo de adaptación del menor a los profesionales y medios que se utilicen para ello.
Firma para impulsar una reforma de ley que garantice que cuando un menor exprese haber sido víctima de abusos sexuales, se suspenda inmediatamente cualquier contacto con su agresor durante todo el proceso de investigación (98% de las denuncias constan de evidencias de indicios de delito de abuso).

Te lo pido para que no haya una sola niña ni un solo niño más, una sola madre o padre protectores más, solos y vulnerables ante un abusador/agresor impune y fortalecido por el sistema judicial español.

Te lo pido para que no sigamos invisibilizando ni silenciando el sufrimiento de 1 de cada 5 niñas y niños abusados en nuestro país.

Te lo pido por todas y cada una de esas 1 de cada 5 niñas abusadas, de todas y cada una de esas 1 de cada 5 familias protectoras y por todo el resto de niñas y niños no abusados que tienen derecho a vivir en una sociedad que los ampare, que los proteja, que les de voz y los ayude a crecer como seres humanos con derechos y valores de respeto al prójimo y a la dignidad de las personas.

Por favor, firma y comparte por todos ellos, no mires para otro lado y ayúdales a recuperar su derecho a una vida digna y una infancia feliz.

Muchísimas gracias.



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