En marzo unos chicos rompieron una botella de cristal en la cabeza de una persona sin hogar en Ibiza. Cayó al suelo y empezaron a darle patadas. Otros tres jóvenes agredieron a un hombre sin hogar en Bilbao y le tiraron a una fuente. Meses antes, una mujer sin hogar de 85 años recibió una paliza cuando estaba durmiendo en el suelo de una calle de Madrid.
Insultarles, darles patadas, lanzarles botellas, darles palizas… Una de cada cinco personas sin hogar ha sido alguna vez agredida físicamente por motivos de odio. Y casi la mitad de ellas ha sido víctima alguna vez un delito de odio por aporofobia (rechazo y desprecio hacia las personas pobres y la pobreza).
Para combatir la aporofobia, es urgente reconocerla como agravante en el Código Penal. Asociaciones como Rais Fundación ya lo han pedido, pero todavía no está considerada una circunstancia agravante de la responsabilidad penal.
Actualmente, según lo que leo en el Código Penal, se consideran circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal: “Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad.”
Cuantos más firmemos, más demostraremos al Gobierno que somos muchos los que queremos luchar contra los delitos de odio hacia las personas sin hogar.