Eliminar el 7% de impuesto a la generación eléctrica para las nuevas plantas renovables

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En PODO (www.mipodo.com) empresa comercializadora de electricidad renovable, queremos conseguir el apoyo de los ciudadanos para presentar una propuesta al Ministerio de Industria y Energía y al Congreso de los Diputados, para eliminar el impuesto del 7% a la generación eléctrica para todas las plantas de generación eléctricas renovables - fotovoltaica y eólica - que se instalen de forma libre, sin subvenciones, ni precios garantizados, a partir del 1 de enero de 2018

Desde el 1 de enero de 2013 todas las plantas que producen energía eléctrica, sin distinción, pagan un impuesto equivalente al 7% de sus ingresos. Este impuesto que recaudó 1.642 millones de Euros en el año 2016 aplica tanto a las plantas nucleares, a las térmicas, como a las renovables. El fin de este impuesto era pagar el denominado "déficit de tarifa" en el que incurren las eléctricas, y cuando se creó se le atribuyó un carácter medioambiental que está en discusión.

Este impuesto es un impedimento al desarrollo de las renovables. En la actualidad las nuevas plantas de energías renovables - fotovoltaica y eólica - ya pueden ser competitivas en coste con la nuclear y las térmicas si se elimina este impuesto.

Además mientras más renovables se instalan, más baja el precio de la electricidad en España. Sin embargo, a las nuevas plantas renovables, a pesar de no recibir ningún tipo de subvención, se les sigue gravando con este impuesto del 7%.

En PODO consideramos que las nuevas plantas de producción renovable - eólica y fotovoltaica - que se instalen a partir del 1 de Enero de 2018 no deberían pagar este impuesto a la generación del 7%. De esta forma, se favorecería el desarrollo de la producción de electricidad renovable sin necesidad de subvenciones, y se eliminaría una discriminación del mercado español respecto al portugués (donde las renovables no pagan este impuesto) a pesar de que existe un mercado único ibérico de la electricidad.

Este impuesto está recurrido ante el Tribunal Supremo, y este tribunal cuando envió el asunto al Constitucional indicaba que existían serias dudas sobre la finalidad medioambiental del mismo. El Alto tribunal añade que "cuando se analiza la estructura del tributo se comprueba que [...] ninguno de sus elementos configuradores se pone al servicio de tal objetivo» y de hecho, el «Informe del Comité de Expertos sobre la reforma del sistema tributario español», de febrero del 2014, encargado por el Ministerio de Economía ya criticaba su carácter falsamente ambiental.



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