En España, las personas intersexuales están desamparadas ante la ley. No existe ley a nivel nacional que proteja a las personas intersexuales. Entre los problemas más importantes que sufren las personas intersexuales destacan:

Reconocimiento legal:  Es bastante común que a una persona intersexual se le asigne un sexo al nacer pero que, según va madurando, desarrolle características del sexo contrario. ​Por estas razones, puede ser necesario cambiar el género en el DNI. En España el sexo del bebe debe asignarse a las 72 horas de nacer, por lo que resulta innecesario para los bebes intersexuales.

Mutilación genital: En España, la mutilación genital en intersexuales es legal, se realiza en bebés o en niños demasiado pequeños como para dar consentimiento al proceso. Estos procedimientos son perjudiciales, ya que producen problemas de salud y psicológicos, y no hay pruebas de que produzcan beneficios. (Además, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha reprendido a España, ya que considera que España no cumple con sus obligaciones de protegerlos).

Reparaciones:  España no tiene ningún tipo de sistema de reparación o indemnización a las víctimas de la mutilación genital intersexual.

Protecciones contra la discriminación de las personas intersexuales.

Aborto sistemático: Muchos padres deciden abortar cuando se les comunica de que el bebe será intersexual.

Según la Ley 3/2007 vigente en España, es necesario recibir tratamiento hormonal durante dos años para poder cambiar de género en el DNI, y tener un diagnóstico de disforia de género y en la propuesta de ley tampoco abordaría la problemática de las personas intersexuales. De esta forma, las personas intersexuales ven restringida su capacidad de autodeterminación.

Esta ley y la propuesta de ley tampoco reconoce la existencia de géneros no binarios, y creo que sería favorable no solo considerar incluir a las personas intersexuales en esta propuesta de ley, sino estudiar la posibilidad de también poder incluir a las personas No binarias en ella.

Solemos considerar a España como un país referente con respecto a los derechos del colectivo LGBTQ+, pero la realidad es que la legislación del país se ha quedado atrasada con respecto a otros países.