No a la privatización de las Refinerias Estatales en Ecuador

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Nosotros, los ciudadanos, organizaciones sociales, gremios, autoridades y pueblo ecuatoriano en general, ante las reiteradas intenciones del gobierno nacional, presidido por Lenin Moreno y sostenido por los poderes que de hecho cogobiernan nuestro país, de apropiarse de los activos hidrocarburíferos de propiedad del Estado Ecuatoriano y de la renta petrolera que éstos generan, en claro detrimento de las capacidades nacionales y en beneficio de grupos de poder tanto nacionales como extranjeros, manifestamos al país:

1.       Los activos del Estado son patrimonio del pueblo ecuatoriano, construidos con los recursos públicos provenientes del trabajo y esfuerzo de varias generaciones de ciudadanos, cuya administración está a cargo de los gobiernos de turno, la misma que debe propender y asegurar su desarrollo y uso en beneficio de sus legítimos dueños.

2.       Una de las áreas más importantes de la economía nacional, tanto por su valor cuanto por su carácter estratégico, la constituye el sector energético, en el cual el Estado ha invertido muy grandes cantidades de recursos de los ecuatorianos.

3.       Uno de los pilares del sector energético lo conforma el sector petrolero, que ha significado aporte de divisas para el erario nacional y fuente de empleo para muchos ecuatorianos; pero, también foco de atención de intereses que siempre han pretendido apropiarse de la renta generada por la explotación de este recurso. En esa pretensión los ecuatorianos hemos sido testigos de una intensa y permanente campaña de desprestigio contra las empresas públicas ligadas al sector petrolero, así como contra los técnicos patriotas que han demostrado capacidad técnica y ética laboral en la operación de esta industria estratégica, con el fin de instalar en la opinión pública historias que justifiquen la enajenación o entrega de estos bienes nacionales.

4.       El 10 de julio del año en curso, mediante Decreto Ejecutivo 1094, el gobierno de Moreno autoriza la delegación a la iniciativa privada de la “gestión conjunta” de la Refinería Esmeraldas con EP Petroecuador. Más allá del discurso pseudo legal con el que se pretende camuflar este acto, lo que en realidad implica es que los actores privados sean  quienes administren la planta y capturen, ¡¡una vez más!!, una buena parte de la renta producida, que saldrá del bolsillo de los hogares ecuatorianos a través del precio de los combustibles.

5.       Quienes suscribimos este manifiesto denunciamos al país este intento de despojo respecto del cual nos oponemos, y nos comprometemos a ejercer todas las acciones que en el ámbito legal nos permite el ordenamiento jurídico vigente, incluido el derecho a la resistencia establecido en la Constitución de la República.

Quito, 13 agosto 2020