Ofrecer distintas fechas de exámenes en oposiciones a cuerpos docentes de diferentes CCAA

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Varias Comunidades Autónomas han convocado pruebas de selección para los cuerpos de funcionarios del sector educativo en el próximo año, 2018. A fin de evitar el llamado "efecto llamada",los gobiernos de las diversas Comunidades Autónomas pactan una única fecha de examen común a todos los territorios, que obliga a los opositores a elegir un solo destino en el que presentarse, a excepción de los territorios en los que se plantea como condición para poder presentarse al examen estar en posesión del título que acredite el dominio de la lengua cooficial pertinente, en los cuales se ofrece una fecha distinta a la propuesta para el resto de CCAA. 

Esta situación, que parece favorecer a una gran parte de la ciudadanía, pues con el llamado "efecto llamada" se suele designar a la suposición de una avalancha de opositores "forasteros" que suponen una competencia para los opositores residentes u oriundos de cada territorio, constituye en realidad una violación sistemática y no lo suficientemente reconocida de principios constitucionales básicos como la libre circulación de ciudadanos por todo el territorio (artículo 19) , la igualdad de oportunidades laborales con independencia del territorio en el que cada ciudadano haya nacido o esté empadronado y el derecho de los alumnos de tener una educación pública de igual calidad con independencia de la CCAA en la que habiten. La prevención frente al "efecto llamada" es especialmente inexplicable habida cuenta de la existencia de concursos de traslados en cada CCAA. 

La estrategia de pactar una única fecha de examen para evitar este "efecto llamada" genera una dinámica doblemente perniciosa: por un lado, segrega a los opositores en un desigual número de oportunidades en función de su posesión de acreditaciones de conocimientos de idiomas requeridas en algunos territorios. No sin cierta razón puede preguntarse un opositor del territorio x (imaginemos Castilla y León) por qué sólo puede aspirar a una oportunidad de examen en 2018, frente al opositor del territorio y (imaginemos Islas Baleares) que puede presentarse tanto en Cataluña como en el resto de territorios en dos fechas diferentes. Este criterio inicia dinámicas perversas de efectos sociales y políticos nefastos por agravio comparativo entre comunidades bilingües y comunidades monolingües, máxime atendiendo a la escasa antelación con que se anuncian las inciertas convocatorias de empleo público y , por consiguiente, la dificultad para aprender el nivel de idioma requerido en el escaso tiempo disponible. Por otro lado, esta estrategia de tutela de opositores locales a cargo de cada CCAA tiene un alcance ficticio, toda vez que el anuncio del número de plazas disponibles en cada CCAA se realiza públicamente con anterioridad, influyendo claramente en la decisión del opositor a la hora de decidir en qué CCAA presentarse. De este modo, el efecto real de esta única fecha de examen es que el proceso de selección de profesores para los cuerpos de educación pública se oscurece e incorpora una dosis considerable de azar: la obtención de una plaza dependerá de cuántos candidatos se presenten en la CCAA que el candidato haya escogido, por razones personales, por los cálculos que haya realizado sobre la mayor facilidad de conseguir la plaza en cada CCAA, etc. 

En una época en la que se defiende un pacto educativo que deje a la educación al margen de los vaivenes políticos, no parece razonable que exista tal desigualdad en la oferta de plazas a los cuerpos docentes en función del partido político que gobierne en cada CCAA. 

Solicitamos por tanto :

- Plantear a medio-largo plazo un examen único anual para los cuerpos docentes de educación primaria y secundaria de todo el país, con acreditación de idioma en los territorios con lenguas cooficiales. Facilitar los concursos de traslado para permitir la movilidad de los candidatos aprobados que deseen cambiar de centro de destino. 

- Ante la imposibilidad de llegar actualmente a los acuerdos necesarios para llevar a cabo el punto anterior, plantear ante las Consejerías de Educación de las diferentes CCAA la necesidad de evitar la coincidencia de fechas en los exámenes de oposición, a fin de que sea posible presentarse en 2018 al examen de más de una CCAA. 



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