Encrucijadas en el Concurso de Titularización Nivel Superior Prov. de Sta Fe

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Encrucijadas en el proceso concursal

“mirar qué le pasa al sujeto al ser evaluado,

cuál es nuestra responsabilidad en ese acto,

es mirar las consecuencias morales

del acto de evaluar”

(Litwin, 2005).

No pensamos todos iguales... somos un grupo de profesores de diferentes institutos, de diferentes regiones de la provincia de Santa Fe, con diversas trayectorias profesionales, con posiciones políticas variadas y con posturas disímiles frente al concurso[1]. Algunos apoyamos al mismo desde sus inicios, otros no, pero hoy todos estamos frente a este acontecimiento que nos impacta de diferentes maneras. Algunos tuvimos muy buenas notas, otros intermedias y otros hemos sido evaluados con bajo puntaje en la primera instancia de oposición…Para algunos de nosotros peligra la titularización, para otros no...

No todos somos iguales… pero hoy nos convoca a todo el colectivo de la formación docente en Educación Inicial y Primaria un hecho relevante para nuestra vida profesional y laboral que nos posiciona en este proceso concursal de diferente manera, debido a incongruencias e inconsistencias en los procesos de corrección de los proyectos de cátedra.

No todos somos iguales… no todos pensamos, sentimos y festejamos este proceso concursal del mismo modo. Sabemos de muchos compañeros que, por sus historias y culturas, no se animan a expresar su malestar, ni su angustia, ni la injusticia que observan o que viven en carne propia como consecuencia de esas incongruencias en las evaluaciones… Por eso nuestras voces intentan dar cuenta de una coyuntura atravesada por la inequidad, que nos interpela de diferente modo. De diversas maneras, todos estudiamos y nos preparamos con responsabilidad y compromiso. Hicimos grandes esfuerzos para cumplir con nuestra tarea cotidiana en los institutos, estando con nuestros estudiantes en clase y preparando, en simultáneo, los proyectos de cátedra.

No todos interpretamos de igual modo este concurso, no lo deslegitimamos ni lo descalificamos pero, su proceso de implementación está mostrando inconsistencias que nos perjudican, ya que no todos fuimos ponderados con equidad y justicia… En consecuencia, no todos accederemos a la instancia oral en igualdad de condiciones. Nos referimos a quienes han obtenido una puntuación menor a 120 y han sido evaluados por tribunales que han hecho una “medición” del contenido de los proyectos desde una interpretación cuantitativa, sesgada y tecnocrática de los criterios de evaluación. Muchas de las devoluciones fueron escasas o nulas, lo cual no permite la retroalimentación del proyecto, usando, en algunos casos, frases confusas, contradictorias, estereotipadas, vaciadas de sentido y replicadas de proyecto en proyecto, independientemente de los autores y hasta del contenido mismo. La baja ponderación de proyectos, que consideramos han sido evaluados de modo inconsistente, coloca en inferioridad de condiciones a los profesores frente a otros que han tenido la “suerte” de ser evaluados por tribunales que se comprometieron responsablemente en hacer ponderaciones positivas y buenas devoluciones en favor de una mejora del proyecto.    

Por ello decimos que no todos los tribunales son iguales, ni asumieron esta evaluación con la misma seriedad y responsabilidad. Hubo disparidad en la interpretación de los criterios. Algunos realizaron una lectura integral de los proyectos, otros sesgada, desmenuzando la evaluación de cada componente del proyecto, como si no estuvieran en relación con los demás, perjudicando a los concursantes…


No todos pensamos igual, pero más allá de las diferencias, estamos afiliados a un gremio que se ha manifestado de manera desigual. Algunos de sus representantes nos acompañan en este reclamo y malestar, mientras otros hacen oídos sordos a lo que está sucediendo. Lo paradójico de esto es que todos, sin distinción, deberían velar por la preservación de nuestros puestos de trabajo custodiando la transparencia y seriedad del proceso concursal. Al desoír e ignorar nuestras voces, no lo están haciendo.

En tiempos de políticas educativas neoliberales donde se vuelve imperativo valorar la estabilidad laboral, nos preguntamos cómo acceder a esta estabilidad, luego de muchos años de estar dictando la cátedra concursada, habiendo accedido a ella por un escalafón, frente a un concurso viciado y cargado de incongruencias que muchos desoyen y prefieren ignorar, convirtiéndose en cómplices de estas injusticias.

Algunos argumentos que sostienen lo expresado anteriormente:

-     Proyectos ponderados de maneras muy disímiles, que a pesar de que respetan el formato propuesto por las bases del concurso, que tienen en cuenta los fundamentos del diseño curricular para el campo de formación en el que se presenta, que plasman y desarrollan criterios epistemológicos, pedagógicos y didácticos, se observan diferencias sustanciales en la ponderación de distintos tribunales. Inclusive en proyectos que son realizados por la misma persona, con fundamentos y formatos similares, también han sido ponderados con una diferencia de hasta 100 puntos entre uno y otro.

-      Devoluciones acotadas o inexistentes en ponderaciones de distintos ítems que inclusive se valoran con “0”. En contraposición, hubo tribunales que han realizado buenas ponderaciones y explicitan con claridad sus devoluciones, inclusive haciendo comentarios constructivos enriqueciendo el proceso.

-    Evaluación de cuestiones que no estaban explicitadas en la convocatoria, ni se informaron formalmente como requisito, entre éstos:

·       No se explicitó que los proyectos de espacios curriculares que son del Campo de la Formación General debían ser diferentes de acuerdo a la carrera. No sólo no fue un requisito de la convocatoria, sino que en el Diseño Curricular (DC) son espacios curriculares idénticos y, además, al conformar este Campo, son homologables para todos los profesorados de Formación Docente. De ser así, se estaría contradiciendo a las políticas educativas provinciales (DC, normativa/RAM, trayectorias estudiantiles).

·       Tampoco se explicitó que los proyectos presentados en distintos Talleres de Práctica -del Campo de la Formación en la Práctica Profesional-, pertenecientes a distintos años de la carrera, no podrían compartir fundamentos y propuesta metodológica -estableciendo desde ya, algunas particularidades puntuales y específicas de cada unidad curricular-, siendo que el mismo DC concibe al Trayecto de la práctica como una secuencia formativa centrada en la construcción de prácticas pedagógicas, que recursivamente va integrando diversos ejes de trabajo.

·       No se explicitó que los proyectos del mismo espacio curricular conformado por parejas pedagógicas debían ser distintos. Si bien es entendible la exigencia de un proyecto individual para esta instancia, no es esperable que se le pidan distintos proyectos a la misma persona con doble titulación. Y, de haber sido esa una exigencia, debió quedar muy clara en la convocatoria. Por otra parte, los descriptores de los espacios curriculares que se dictan en parejas pedagógicas, no expresan diferencia alguna en su contenido en el DC, que amerite la elaboración de proyectos absolutamente diferenciados. Asimismo, tanto el DC como las nuevas teorías acerca del campo de la práctica y las directivas institucionales, apuntan al trabajo colaborativo en pareja pedagógica con el mismo proyecto.

·       Tampoco fue compartida con anterioridad la grilla con los criterios de evaluación ni la ponderación desglosada al interior de cada dimensión de análisis de todos los componentes del proyecto. Sólo se difundió un listado de preguntas que, inclusive, en algunos puntos se contradice (por ejemplo, lo publicado señala que se “deben enunciar” ciertos componentes y en la ponderación posterior se evaluó que, además de enunciar, se debía desarrollar, argumentar y articular). Además, es de destacar que no es factible concretar todas esas operaciones en una extensión de 8 páginas para cada uno de los componentes del proyecto. Pero si el jurado así lo considera, debió haberse difundido previo a la realización de los proyectos.

·       Los tribunales se publicaron en un listado general, los participantes desconocemos quienes son los evaluadores de cada uno. En cualquier instancia de evaluación y concurso se conoce de antemano quiénes son los evaluadores. Además, ese listado original ha sido modificado porque algunos dejaron de participar y se convocaron posteriormente a nuevos profesores (que no estaban en dicho listado). Tampoco se respetó lo explicitado antes del concurso que los tribunales de zona sur evaluarían a los del norte y viceversa.

·       Otra cuestión es la no preservación del anonimato en la entrega de los sobres, ya que fue recibido por los miembros del jurado, leyéndose los seudónimos y develando nuestra identidad. Consideramos que, a la luz de las aparentes incoherencias en las devoluciones, esto empaña la instancia de concurso. Ante este planteamiento el jurado ha respondido que “los sobres podían ser enviado por terceros” y no realizarse por el mismo concursante, cuestión que se debía garantizar desde la organización de concurso, como se ha realizado en otras instancias de concurso en nuestra provincia.

Por último, queremos manifestar nuestro fuerte rechazo al instrumento de evaluación utilizado que, además de no haberse dado a conocer durante el proceso de escritura de los proyectos, atentó a la lectura crítica integral de los mismos, por tratarse de un instrumento que en muchos casos fue interpretado por los evaluadores desde un tecnicismo excesivo, no impulsando el aprendizaje ni la mejora, lo cual resulta metodológicamente cuestionable, ya que no produce retroalimentación. Cuando nos referimos a una lectura integral de los proyectos, hacemos referencia a que, más allá de una grilla de ponderación sumamente objetable (tanto pedagógicamente como en su factibilidad, pues no resulta conveniente, pero tampoco posible, en 8 páginas “enunciar”, “desarrollar”, “argumentar” y “articular” cada uno de los componentes del proyecto), los tribunales debieron estar preparados para hacer una evaluación cualitativa general y darse cuenta que proyectos que fueron evaluados con alrededor de 50 puntos, equivaldría al 25% del total. En la escala del 0 al 10 que se utiliza para la evaluación de nuestros estudiantes, es una nota de 2,50; si nos basamos en un concepto de evaluación comprensiva, cualitativa, formativa e integral, con esa valoración estamos diciendo que se trata de un proyecto muy por debajo de la mínima esperable, que ni siquiera respeta una escritura aceptable. Así fueron evaluados muchos de nuestros proyectos, siendo agraviante. Cabe destacar que, en algunos casos, el mismo proyecto fue evaluado por otro tribunal con una puntuación mucho más alta. Esto último, evidencia que los aspirantes hemos quedado expuestos al arbitrio de los criterios que adoptó cada tribunal. El jurado no garantizó una interpretación compartida de los criterios, cuestión indispensable para garantizar un acto de justicia ante la ley.

Ante esta realidad consideramos que la única manera de paliar el daño moral ocasionado y el posible daño material (frente a la amenaza a la estabilidad laboral por la presunta pérdida de la fuente de trabajo), sería que los mismos tribunales que valoraron los proyectos desde una perspectiva integral y cualitativa revean todos los proyectos que fueron ponderados con menos de 120 puntos, y, en los casos que se considere pertinente, se ratifiquen o rectifiquen las notas desde argumentos sólidos y consistentes para avanzar a la instancia oral.

No todos somos iguales en muchos sentidos, en los sentidos explicitados y en tantos otros, pero sí somos todos iguales en derechos. Y es por esta igualdad por el derecho humano al trabajo, seguimos confiando en que nuestras voces serán escuchadas.

Apelamos fundamentalmente a la escucha reflexiva, responsable y a la autocrítica de las autoridades ministeriales y del jurado, así como al acompañamiento de todos nuestros representantes gremiales y a la solidaridad de nuestros compañeros.

Colectivo de profesores de diversos institutos de la Provincia de Santa Fe.

 Allena, María Fernanda  (Rosario); Anllo, Florencia (Rosario); Baldoma, Alejandra  (Rosario); Barros, Anahí  (Rosario); Bregui, Lorena  (Rosario); Candia, María Renée (Rosario); Cervantes, Claudia  (Rosario); Cimagona, Vivian  (Rosario); Ciraolo, Sandra  (Rosario); Citerio, Analía  (Rosario); Cocconi, Lorena (Rosario); Dauson, Adriana  (Rosario); Equis, Sandra  (San Justo); Greco, Patricia  (Rosario); Iadanza, Mara  (Alcorta); Italiani, Erika (Alcorta); Kac, Mónica  (Rosario); López, María Soledad  (Rosario); Maidana, Yanina  (Rosario); Miandro, Cecilia (Alcorta); Monje, Griselda  (Rosario); Olmos, Fernanda  (Alcorta - Cañada); Ostoich, Valeria  (Rosario); Pagani, Mariela (Rosario); Parisi, Sandra (Rosario); Pagnucco, Viviana  (Rosario);  Pereira, Lis (Rosario); Poenitz, Paula (Rosario); Ravaglia, Rosana  (Rosario); Rodríguez, Analía  (Rosario); Rodríguez, Clarisa  (Rosario); Salamone, María Emma  (Rosario); Surraco, Fernanda  (Rosario); Toni, Daniela (Rosario); Torres, Norma Patricia  (San Justo); Urcola, Diana  (Rosario); Valle, Carolina  (Rosario); Vera, Marcela  (Baigorria) y Villegas, Roxana  (Rosario).

 

[1]  Cabe destacar que un grupo de los que participamos de la elaboración de este documento hemos estado a favor del concurso en lugar de la titularización directa. Que, además, todos estamos de acuerdo en que el concurso es un dispositivo válido para acceder a la titularización, siempre y cuando se garanticen condiciones justas y con mecanismos que concreten una evaluación cualitativa y comprensiva que supere las evaluaciones tecnocráticas que tanto cuestionamos. Algunos teníamos dudas acerca de esa posibilidad, otros lo consideramos viable. Lamentablemente la realidad está dando la razón a quienes fueron incrédulos desde el inicio de la convocatoria. Por eso en este caso lo que nos une es la convicción que esas garantías no se concretaron.

 



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