“NO AL CAMINO POR EL PARQUE PROVINCIAL MOCONA”

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FIRMA ADHESIÓN “NO AL CAMINO POR EL PARQUE PROVINCIAL MOCONA” Los abajo firmantes, habitantes de la República Argentina, custodios del medio ambiente y ante el posible avasallamiento y violación de la Constitucional Nacional en perjuicio de dichos recursos mediante la apertura de un camino de 4 metros a través del Parque Provincial Moconá para unir un emprendimiento privado que se levantará dentro del Lote 8 y el área de los Saltos del Moconá, solicitamos el cese definitivo del proyecto mencionado y nos reservamos el derecho a acudir a las vías pertinentes para obtener dicho fin, todo ello bajo los siguientes fundamentos. El Ministerio de Ecología de la Provincia insiste con la obra cuestionada que está prohibida por una normativa nacional que establece que esta región es zona roja con categoría de máxima conservación. La Reforma Constitucional del año 1994 establece en el artículo 41 la prevalencia por sobre las normas provinciales, de las normas dictadas por la Nación que contengan presupuestos mínimos de protección ambiental, siempre y cuando la norma nacional proteja de manera estricta y rigurosa o ampliamente el ambiente que la norma local provincial. La protección surge nada menos que de la Constitución Nacional reformada en el año 1994, art. 41, art. 124, en la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos e Protección Ambiental de los Bosques Nativos N° 26.331 normativa que por ser nacional prevalece sobre el art. 14 de su Decreto Reglamentario 91/2009 y sobre el art. 17 de la Ley Provincial XVI N° 105, Arts. 9, 14 y 16 . El Art. 14 resulta aplicable al indicar que no podrían autorizarse desmontes de bosques nativos clasificados en las categorías I y II (amarillo). La insistencia radica en proteger en forma extrema las áreas de categoría I. Por otra parte el art. 12 de la Ley XVI N° 105 complementa la prohibición de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos en territorio Provincial Misionero. El Art. 16 de la Ley Nacional de Bosque Nativos, reza que las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que soliciten autorización para realizar manejo sostenible de bosques nativos clasificados en las categorías II y III deberán sujetar su actividad a un Plan de Manejo Sostenible de Bosques Nativos que debe cumplir las condiciones mínimas de persistencia, producción sostenida y mantenimiento de los servicios ambientales que dichos bosques nativos prestan a la sociedad, es decir, que si el art. 16 habilita el Plan de Manejo Sostenible de Bosques Nativos, categorizados como II (amarillo) y III (verde) excluye de esta posibilidad a los Bosques categorizados como I (Rojo): ADONDE SE UBICA AL BOSQUE PROVINCIAL MOCONA. El Decreto Reglamentario de la Ley Nacional art 14 y la Norma Provincial XVI N° 105 art. 17 regulan por debajo del estándar mínimo establecido por la ley Nacional de Bosques Nativos, que éstas autorizan en la categoría I y II la realización de obras de interés público o de infraestructura. Entonces ante la diferencia de protección entre la Norma Provincial y el Decreto REGLAMENTARIO de la Ley Nacional que protegen menos y la Ley Nacional de PPMM que protege más y mejor, no es aplicable el art 14 del Decreto Reglamentario N° 91/09 de la Ley Nacional ni el art 17 de la Ley Provincial N° XVI 105 y se aplica la LEY Nacional de presupuestos mínimos como quedó explicado en el desarrollo realizado. Las provincias que poseen el dominio originario de los recursos naturales que se encuentran en su territorio de acuerdo al artículo 124 de la Constitución Nacional in fine, pueden establecer parámetros de mayor protección pero nunca de menor exigencia que lo planteado en la ley nacional. Los PPMM son institutos básicos comunes para todo el territorio nacional que son plenamente obligatorios, operativos y eficaces en cada provincia y municipio, a excepción de que exista en la provincia o municipio una norma local que proteja mejor la tutela del ambiente. Cuando los acuerdos entre particulares, contravengan o dispongan una protección menor que la ofrecida por las leyes de presupuestos mínimos mencionadas, prevalecerá la aplicación de estas últimas sobre aquellas. Se busca proteger el medio ambiente, por ello siempre se aplica la norma que proteja mejor el medio ambiente sea esta una norma de presupuestos mínimos, una norma reglamentaria, una Ley Provincial o una ordenanza municipal. La Ley Nacional de Presupuestos Mínimos y no las otras normas mencionadas, por cuanto estas últimas Reglamento Nacional y Ley Provincial, son de menor protección ambiental, ya que habilitan la construcción de obras y caminos en una zona categorizada como zona I (rojo) por su muy alto valor de conservación violando así la prohibición categórica de autorizaciones de desmonte surgida del juego de los artículos 9, 14, y 16 de la menciona Ley Nacional de Presupuestos Mínimos. El art. 9 es aplicable en cuanto indica las categorías de conservación. La MAS protectoria, es la Categoría I Rojo refiere a sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse (son zonas intangibles, prácticamente no afectadas por la actividad humana, con ecosistemas y especies de flora y fauna en los cuales los procesos ecológicos han podido seguir su curso espontáneo). Incluirá áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica. La Ley Provincial XVI N° 29 categoriza los Parques Provinciales en zonas intangibles y zonas restringidas, respondiendo a objetos particulares de conservación. Por otra parte, la Ley Provincial de Bosques Nativos también establece que los parques provinciales serán comprendidos como categoría I (rojo). Los Bosques nativos, pueden ser pensados como zonas intangibles atento que la Ley Provincial les asigna la protección mayor.En las zonas intangibles queda prohibida cualquier actividad capaz de alterar el equilibrio ecológico, específicamente en su inciso f expresa que no se admitirá la construcción de edificios, caminos u otras obras de desarrollo físico, con la excepción de aquellos que sean necesarios para su manejo y la investigación, que sea dispuesta por la autoridad de aplicación. En relación al conflicto ambiental suscitado en torno al Parque Provincial Moconá, (mil hectáreas) situado dentro de la Reserva de Biósfera Yabotí, Misiones, surgió un dictamen efectuado por el Dr. Aníbal J. Falbo, Director de Derecho Ambiental de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, en virtud de un requerimiento efectuado por la Asociación de Guardaparques de la Provincia de Misiones AGUMIS, en donde se solicita opinión jurídica respecto a la viabilidad o inviabilidad del proyecto de construcción de un camino que atravesaría el PARQUE PROVINCIAL MOCONA, ubicado dentro de la Reserva Yabotí.El dictamen realizado por profesionales, tiene el sustento de las normas vigentes que rigen y protegen el medio ambiente, basadas en lo que establece la Constitución Nacional en relación al tema ambiental y a la protección que es obligatorio efectuar especialmente cuando se trata de un Parque Provincial de categoría de conservación I – ROJO.En esta categoría de conservación I Rojo, está prohibido todo tipo de desmonte, cualquier construcción de caminos, rutas u obras. NO SE PUEDEN REALIZAR OBRAS EN LOS BOSQUES NATIVOS Y CONSECUENTEMENTE TAMPOCO PUEDEN AUTORIZARSE LAS OBRAS EN CUESTION CUALQUIERA SEA LA FINALIDAD O RAZON DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS. EN SINTESIS LOS ARTICULOS MENCIONADOS DE LA LEY DE PRESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCIÓN DE BOSQUES NATIVOS DESPLAZAN Y HACEN INAPLICABLES LAS DISPOSICIONES DE LAS OTRAS NORMAS MENCIONADAS POR SER LAS PRIMERAS MAS PROTECTORIAS QUE LAS SEGUNDAS. Nuestra voz debe escucharse con la fuerza que tiene la ley y el sustento de la defensa de los habitantes de estas tierras. Tenemos derecho a un ambiente sano, como parte de lo que son los derechos humanos. Además, tenemos la responsabilidad de hacer cumplir la ley porque son derechos que han sido consagrados, formalmente reconocidos y han sido integrados a la categoría de aquellos, cuya inviolabilidad debe ser respetada y garantizada. La excusa del desarrollo, no es suficiente para ser cómplice de la destrucción de este parque provincial avasallando los derechos existentes para beneficiar un proyecto empresarial. El desarrollo económico y social con el consecuente aprovechamiento de los recursos naturales deberá realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras, así dispone la legislación nacional. Tampoco la cuestión de los caminos que usan los indígenas del Lote 8, que usan como argumento para justificar la construcción de la obra privada resulta válido. El camino puede ser por fuera del parque, hay un proyecto elaborado y defendido. Nuestro clamor es por las generaciones actuales y futuras. Los misioneros tenemos el mandato tácito y generacional de proteger nuestra tierra para que sea sustentable la vida en cantidad y calidad como ahora o mejor. El Parque Moconá está declarado como MONUMENTO NACIONAL en el tramo del Río Uruguay comprendido entre las desembocaduras de los arroyos Yaboty y Pepirí Guazú, donde están los saltos del Moconá. Esa área sobresaliente, única con valores de conservación por las especies animales y vegetales, en peligro de extinción, “monumentos naturales” que deben ser conservados para mantener el equilibrio ecológico. A través de este apoyo, estamos protegiendo y colaborando con otras áreas en peligro de extinción que se encuentran dentro de ésta área: al Yaguareté, el Tapir, el Mono Aullador Rojo, los helechos arborescentes Chachies, los Pecaríes, orquídeas, entre otros. Nuestro objetivo es PROTEGER NUESTRA NATURALEZA, nuestra flora y fauna, nuestro clima, nuestras aguas. No consentiremos ninguna acción que posibilite el riesgo de nuestro medio ambiente, de nuestras reservas naturales. No consentiremos, el atropello a lo que legislativamente está consagrado, más aún, en la Norma Suprema: la Constitución Nacional.



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