La pandemia por el COVID 19 ha generado diversas consecuencias sociales, económicas y políticas, y ha impactado en la vida cotidiana, modificando las rutinas familiares, los hábitos cotidianos y los modos de vincularnos entre unos y otros.
Esto me motiva escribirle la situación difícil por la cual está atravesando esta población, muchos han vistos coartados sus ingresos por la situación actual que nos aqueja, el actual aislamiento y la pandemia han hecho aparecer mayor carencia de la que estamos acostumbrados a pasar.

En la actualidad el INCUAI entrega una credencial que nos identifica, y en base a eso somos una población estimada con credencial del INCUCAI en 31.000 personas, de las cuales un gran porcentaje recibe una Asignación Mensual y otro grupo reciben Pensiones no Contributivas, más allá de esos ingresos, que hoy es de utilidad para muchos de nosotros, la realidad es que no alcanza, pero no alcanza, no solo por el monto, sino que además no alcanza, porque muchas obras sociales no cumplen, es por eso que esos ingresos muchas veces van siendo destinados en medicamentos, traslados, alojamientos ,(no solo para vivir, sino para sus tratamientos en caso de derivación), y el resto si es que queda para alimentarse

Dentro de nuestra patologías como pacientes en su amplio espectro en mayor o menor medida todos poseemos un régimen de comidas, para lo cual, estos ingresos tampoco alcanzan.
Es por ello que le solicito tenga a bien contemplar el ingreso de los beneficiarios de la Ley 26.928 al programa Argentina Contra el Hambre, y se considere la entrega de una tarjeta Alimentar para poder palear un poco la situación actual
Con el objetivo de seguir acompañando a las familias que más lo necesitan y garantizar el acceso a una alimentación saludable, y reforzar sus ingresos de esta población vulnerable, desde este espacio solicitamos al Gobierno Nacional ampliar el alcance y cobertura de la Tarjeta Alimentar a beneficiarios de la ley 26.928, a quienes cobran menos de dos salarios mínimos, asignación mensual, pensiones no contributivas y a quienes carezcan de ingresos buscando con esta política pública cuidar la salud de los pacientes y sus familias.
Nos estamos refiriendo a una población aproximada entre 15.000 y 18.000 personas a nivel Nacional, las cuales estarían necesitando se les brinde este beneficio, con lo cual no solo se mejorarían sus ingresos, sino que además, estaríamos favoreciendo el cuidado del órgano trasplantado, y a quienes se encuentren en lista de espera los estamos ayudando a llegar a su trasplante en mejores condiciones a su trasplante.
Garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria, cumple con nuestro objetivo, que es, reducir el impacto económico y social producido por la pandemia de COVID-19.