Solicitud de envío al Tribunal de Conducta Politica del FA del pedido fiscal por ANCAP

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Política, moral y justicia penal

Somos frenteamplistas, progresistas y gente de izquierda. Hemos leído o conocido el pronunciamiento del fiscal del crimen organizado Luis  Pacheco en relación a supuestos delitos cometidos en ANCAP por directores y gerentes. En nuestro caso nos interesa la situación de los presidentes de ANCAP y directores pertenecientes al Frente Amplio.

No queremos incorporar comentarios, acusaciones o nuevos elementos de juicio, menos aún opinar sobre el pedido de procesamiento. La parte penal le corresponderá a la jueza del crimen organizado y luego a las otras instancias judiciales, de acuerdo a lo establecido en nuestro ordenamiento institucional.

Nuestras referencias son políticas, morales y éticas, que no deben confundirse y menos mezclarse con el proceso judicial. Estamos en contra de judicializar a la política. En ningún sentido.

En consideración con nuestra historia, al sacrificio de varias generaciones para que el Frente Amplio alcanzara el gobierno y lo ejerciera en beneficio de las grandes mayorías nacionales, con probidad, con honestidad y desterrando todas las prácticas que repudiamos durante muchos años, reclamamos que el Frente Amplio pase a consideración del Tribunal de Conducta Política (TCP), el dictamen del fiscal Luis Pacheco.

Todas las partes involucradas aceptan los hechos allí descriptos y en todo caso cuestionan las conclusiones jurídicas y penales, pero los hechos son un elemento fundamental para analizar la conducta política de las personas involucradas pertenecientes al FA y que ocuparon esos y otros cargos de la más alta responsabilidad.

Hubiéramos preferido que fuera algún organismo del FA, uno de sus partidos y grupos o alguna estructura de base que reclamara la intervención del TCP en este caso, que es el más complejo de nuestra historia y tiene un mayor impacto sobre todos nosotros, en particular en nuestro estado de ánimo y nuestras opiniones sobre la política y sobre la moral republicana y los valores de izquierda.

Proponemos además, que el Parlamento, en tanto representante de la ciudadanía, encabece un proceso de debate para modificar radicalmente la estructura directriz de las empresas públicas de forma de asegurar idoneidad técnica que haga inviable la repetición de hechos como los reseñados.

Siguen firmas:

Ademar Campos
Alejandro Domostoj
Carla Martegani
Diego Damián
Fernando López D'Alesandro
Paul Moizo

 

 



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