El Ministerio del Interior toma el control de las empresas de Seguridad Privada en España.

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Buenos días:

El low cost de este sector presenta ofertas imbatibles a concursos públicos gracias al sometimiento de plantillas, según un informe de la Agencia Tributaria, a “condiciones leoninas”, obligando a los empleados a renunciar a los festivos o duplicando jornadas de trabajo. Las empresas denominadas “piratas” tiran los precios. Ese es, según los expertos, el talón de aquiles de un sector considerado uno de los mayores empleadores del país: hay más vigilantes (78.200) que guardias civiles (74.958) o policías nacionales (65.254). La ciberseguridad y la formación son otras dos dimensiones de un negocio donde la protección se paga poco: según el convenio, un responsable de seguridad cobra 1.122 euros brutos mensuales (en esa cantidad se incluye el prorrateo de las pagas extra). Si el trabajador lleva armas añade un plus de unos 179 euros (en total, 1.301 euros brutos). Eso en el mejor de los casos, porque muchas empresas tienen sus propios acuerdos y normalmente retribuyen menos.

Se firma cualquier barbaridad. Algunas empresas colocan de representantes de los trabajadores a personas a dedo, socios o familiares. El problema es que desde la Administración se adjudican a estas empresas concursos porque solo se valora el precio. Y si dijéramos que el salario del convenio sectorial es altísimo…, pero no es el caso. Es sorprendente, comprobar, que en un sector tan controlado, donde el factor humano determina el coste final, haya unas empresas que licitan a unas cantidades que cubren los costes salariales y además obtienen beneficios, mientras otras necesitan descolgarse del convenio colectivo para subrogar a los mismos trabajadores que ya estaban prestando el servicio en organismos oficiales, siendo estas últimas las que se quedan con el pastel.

Este y otros motivos han hecho que la facturación del sector se haya visto muy mermada en los últimos años. Las 1.534 empresas registradas en el Ministerio del Interior ingresan en España menos que hace una década: fueron 3.481 millones en 2015. Entre 2009 y 2014 las caídas del negocio llegaron a un ritmo del 8% anual. Gracias al aumento de la demanda de alarmas e instalación de equipos, en 2016 las cosas comenzaron a ir moderadamente bien, con crecimientos del 2,7%, hasta los 3.580 millones, algo que, sin embargo, no compensa lo perdido en años anteriores. 

En el resto del mundo la seguridad, desde la vigilancia a la instalación de alarmas, el transporte de explosivos, el traslado de fondos o la protección personal, es un mercado con buenas perspectivas. Los servicios de seguridad privada mueven 161.000 millones de dólares en el mundo, y se estima que crecerán a un ritmo medio anual del 6% hasta 2020. La mitad de la población mundial vive en países donde hay más empleados privados de seguridad que oficiales de policía. En el sentido más amplio, el interés por los servicios de seguridad está impulsado por el riesgo de la delincuencia. A pesar de que las tasas de criminalidad caen en un gran número de países, existe una percepción generalizada de que la delincuencia va en aumento. En España no es exactamente así: la tasa de criminalidad, no ha dejado de caer en los últimos años, pero también lo hace la percepción social de inseguridad.

La Administración genera contratos por importe de 600 millones por la custodia y vigilancia de sus infraestructuras y edificios, pero los sueldos son paupérrimos para los vigilantes y para todos los que trabajan en seguridad. Hay una competencia brutal de las empresas pirata para conseguir servicios. Lo único que quieren es gran volumen. Los beneficios han sido muy exiguos. Han cerrado empresas, pero hay que tocar fondo y reemprender. No estamos en una situación trágica, pero todavía queda tiempo para la recuperación. La culpa de esta situación la tienen las propias empresas con sus estrategias. No están perdiendo dinero, el “descuelgue” del convenio sectorial es la práctica más común. Que la Seguridad Privada pase a formar parte del Ministerio del Interior es fundamental para controlar definitivamente la actividad de las empresas y modificar la reforma laboral, así se recuperará la pre-valencia ante los acuerdos de empresa.

Se calcula que alrededor del 70% de los contratos con la Administración están en manos de empresas que no se adhieren al convenio del sector. Más del 90% de los costes de una oferta suelen ser por la mano de obra. Si una propuesta está un 30% o un 40% por debajo de otra, es obvio que no se trata de un tema de ahorro por una mejor o peor gestión. Ahí entran salarios de 700 euros. Eso daña el servicio y va expulsando a otros operadores, porque "hay que tener claro que no se va a precarizar el sector”. Se está tratando de aplicar criterios de gestión muy estrictos, estudiando muy bien en qué operaciones se entra. Se ha pasado un poco mal estos años afectando a todas las empresas. Se ha pasado una época de “huida hacia adelante”, donde las empresas se han tenido que proteger para cubrir los costes de estructura. ¿Puede haber una nueva situación que permita una subida de precios? ¿Cómo? La forma es capacitando al personal de Seguridad Privada, ofreciendo algo mejor, especializando el sector.

La seguridad privada en España no es un sector lo suficientemente atractivo para captar capital de otros países, ni tampoco brilla por su gran múscu­lo exportador o por su desarrollo tecnológico. Hay poca conciencia, se observa, por ejemplo, en la poca atención que se dedica a los primeros auxilios o a la protección contra incendios. Estamos en un nivel de alerta antiterrorista 4 [considerado alto] y se tiene a los vigilantes prestando el servicio con una defensa de goma. La seguridad siempre se ve como un gasto, y en cambio puede ser una ventaja competitiva.

Una ventana de oportunidad se abre en corto plazo para el sector de la Seguridad Privada: la Ley de Seguridad Privada, del año 2014, contiene un artículo (el 41.3) que autoriza a que las empresas privadas participen “en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial”. La ley, por su técnica legislativa, y por una flexibilización del concepto de la vía pública, ha abierto la puerta al desarrollo de nuevos servicios que puedan desem­peñar las empresas en el futuro. Si tiene sentido la vigilancia de un centro comercial, ¿por qué no lo tiene en una zona comercial delimitada de una ciudad? Cada caso tendrá que analizarse y el papel que tengan que desempeñar las empresas de seguridad lo irán definiendo las necesidades.

El reglamento que desarrolla la ley, sin embargo, no se ha aprobado —continúa vigente el del año 1992—, y con el actual mapa político no se anticipan cambios muy drásticos. Sin saber su contenido es difícil valorar cómo va a afectar al sector. El tema más delicado está en servicios de seguridad pública. Se baraja que puedan ejercerse funciones complementarias, como en otros países de nuestro entorno donde eso está más avanzado, incluso con patrullas externas controladas por la policía ejerciendo sus funciones en la calle. Pueden llegar a detener o participar en funciones policiales. La línea roja, es que no se use a los trabajadores como arma arrojadiza. No se les puede poner en situación de indefensión. Policías y vigilantes no tienen el mismo oficio. Se pronostica que habrá un nuevo desarrollo dentro del sector de prisiones, los eventos y las infraestructuras críticas (las que se consideran estratégicas para que funcionen los servicios esenciales del país).

¿Está capacitado el sector para afrontar un mayor papel cuando el 45% de los vigilantes solo ha completado la enseñanza obligatoria y solo el 8% son licenciados o diplomados? Muchos profesionales no se están formando sobre las nuevas vías de negocio que se abren. Por ejemplo, sólo las personas acreditadas del sector pueden operar un dron para funciones de seguridad privada. La ley establece las horas obligatorias de formación, pero se debería mejorar el reciclaje de los profesionales. Es más, las nuevas tecnologías van más rápido, el mercado de la seguridad avanza hacia otro perfil de empleo y el sector tiene que reflexionar sobre la gestión de los recursos humanos.

La colaboración público-privada debe crecer como brazo de los servicios de seguridad ciudadana. Por ejemplo, los responsables de banca ya colaboran con las autoridades en temas de ciberseguridad. 

Un cordial saludo.



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