Derogación de la Prisión Permanente Revisable en España

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España es el pais europeo con una mayor tasa de población reclusa a pesar de ser uno de los que menos crímenes registra. Además, los reclusos en España, pasan mas tiempo en la cárcel que el resto de condenados en Europa, lo que significa que el código penal español es uno de los más duros.

Está comprobado que unas penas más gravosas no consiguen una menor delincuencia, países occidentales y desarrollados con pena de muerte arrojan unas tasas de criminalidad muchísimo mayores que la española. 

Es de responsabilidad exigir al legislador no aprovechar casos puntuales que pueden ser atroces para hacer políticas populistas y rendirse a las masas enfurecidas que reclaman penas más duras con el único ánimo de obtener venganza. Las penas deben ir encaminadas a la reinserción del preso, a que vuelva a ser útil para la sociedad. Mal que nos pese, eso no puede conseguirse tras años de internamiento y alejamiento de la sociedad en la que deberá reinsertarse.

Si lo que se busca es prevenir delitos en general, se deben poner medidas que reduzcan o eliminen las causas que los producen. La mayoría son delitos de patrimonio, una mayor igualdad social redundaría en una menor tasa delictiva.

Para los delitos de sangre y los crímenes atroces como los asesinatos de Gabriel, Marta o Diana, las penas establecidas en el Código Penal son suficientemente duras como castigo. Además, hay que exigir una política penitenciaria que se preocupe en trabajar con los presos para que, cuando salgan, la tasa de reincidencia ses mínima, dotando de mayores medios al sistema penitenciario, más personal, más psicólogos... y reduciendo o sustituyendo las penas de aquellos delitos menores en los que los trabajos en beneficio de la comunidad (que no trabajos forzados) pueden ayudar al reo a tomar conciencia y empatizar sobre las consecuencias de sus para con sus vecinos.

Por todo ello, la Prisión Permanente Revisable debe ser derogada puesto que no aporta ningún beneficio más allá de aplacar la sed venganza de una parte de la sociedad y que, al contrario, contribuye a crear personas incapaces de reinsertarse y elimina ese objetivo del espíritu con el que la Constitución imbuye el sistema penal español. 

Como sociedad, decidimos ceder la tutela de nuestros derechos al sistema judicial para no caer en el ojo por ojo, porque la violencia engendra violencia. Ceder al clamor de una parte de la sociedad que sólo quiere castigo sin importar nada más, por atroces que sean los hechos condenados, es volver un poco a esos tiempos oscuros en los que es el odio mueve a las masas y dicta su devenir como colectivo.



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