Campaña del sindicato PIDE para exigir el certificado de antecedentes penales a todos los políticos

          Desde el Sindicato PIDE instamos al gobierno central, para lo que pedimos la colaboración del gobierno autonómico, a que se establezcan las precisiones normativas necesarias (enmiendas, disposiciones transitorias…) para establecer como requisito obligatorio para ejercer como político o ser nombrado cargo público el demostrar no haber incurrido en ningún delito mediante certificado negativo de antecedentes penales. No es posible que ningún condenado por sentencia, aunque no sea firme, tenga un cargo electo o sea nombrado para un cargo público habiendo incurrido en delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios y autoridades, abusos en el ejercicio de la función, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración Pública.

           Existe una fuerte y creciente alarma social sobre los delitos de corrupción política, haciendo que la mayoría de la sociedad española condene la falta de honestidad y cuestionen a la clase política, ascendiendo el segundo lugar de los problemas más acuciantes para los ciudadanos españoles según el Barómetro del CIS del mes de marzo de 2016.

            Ante otras situaciones de alarma social como los delitos de carácter sexual contra los menores se modificó la Ley 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica de la Infancia, dando lugar a la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Exigiéndose  para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que implique contacto habitual con menores, el acreditar una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales. Vulnerando el derecho a la presunción de inocencia, regulado en la Constitución Española en su artículo 24.2, de todos los empleados públicos y trabajadores en contacto con menores.

            En toda sociedad existe una correlación entre la corrupción política y el fraude con la honestidad de los ciudadanos, de esta manera, las sociedades con bajos niveles de corrupción, evasión y fraude suelen contar con ciudadanos más honestos. Desgraciadamente, debido a la pasividad política, hay un fracaso de la lucha contra la corrupción. Desde PIDE creemos que sólo finalizará esta lacra de la corrupción política si desde el Gobierno de España se emprenden profundas reformas legislativas y penales.

            Por tanto desde PIDE solicitamos que se exija obligatoriamente a todos los políticos (cargo electo, candidato electoral, cargo de libre designación, asesores políticos y similares…), con el objetivo de proteger al ciudadano, un certificado negativo de antecedentes penales que demuestre no haber incurrido en ningún delito y que para agilizar dicha certificación sea creado el Registro Central de Delitos Políticos y Económicos. El no acreditarlo impedirá legalmente ser candidato electoral, cargo de libre designación, asesor político y similar o ejercer cualquier empleo con dinero público. Para ellos iniciaremos los trámites correspondientes e iniciaremos una recogida de firmas a nivel nacional.

Registro al Presidente del Gobierno de España