Agilizar el proceso de la Nacionalidad Española inferior a 3 meses

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Señores 

 
D. Mariano Rajoy Brey
PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

 
D. Rafael Catalá Polo
MINISTRO DE JUSTICIA 

 
D. Fernando Castillo Badal
SUBDIRECTOR DE NACIONALIDAD Y ESTADO CIVIL 

 

La Ley 19/2015, de 13 de julio que entró en vigor el 15 de octubre del 2015, fue aprobada con el objetivo de mejorar la incoación y resolución de solicitudes de nacionalidad española, para lo cual por Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, se creó el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la ciudadanía por residencia, comenzando la recepción de expedientes de nacionalidad a través de una plataforma telemática creada por el Ministerio de Justicia.

Dicha normativa establece en su Sección 3.ª titulada “Finalización del procedimiento”, en el Artículo 11, titulado “Propuesta y resolución”, en el numeral 3:

“El procedimiento deberá ser resuelto y notificado en el plazo máximo de un año desde que la solicitud haya tenido entrada en la Dirección General de los Registros y del Notariado. Transcurrido el plazo aludido sin que haya caído resolución expresa, se entenderán desestimadas las solicitudes formuladas por los interesados”.

La misma Ley 19/2015, de 13 de julio de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, establece en la disposición final séptima en su apartado segundo:

2. La tramitación del procedimiento tendrá carácter electrónico y su instrucción corresponderá a la Dirección General de los Registros y el Notariado. Todas las comunicaciones relativas a este procedimiento se efectuarán electrónicamente.

Desde noviembre 2015 se han presentado miles de solicitudes a través de la vía telemática, además de otra cantidad aún superior a través de los registros civiles, a pesar de lo cual al haber transcurrido ya un plazo superior al año desde la implantación del procedimiento, ningún expediente pasa del estado de “REGISTRADO”.

Aun cuando los expedientes telemáticos cuentan con número de registro inmediato proporcionado por el sistema, no se ha procedido a incoar o resolver, y en el caso de aquellos presentados a través de los registros civiles, ni siquiera cuentan con número de expediente, creando un caos en todo el procedimiento.
El ministerio de justicia a marzo de 2017 ha referido que se han digitalizado cerca de 65.000 expedientes en una nueva plataforma telemática, correspondientes a solicitudes presentadas en el año 2015, reconociendo el ministerio que no se encuentra tramitando ningún expediente de nacionalidad de 2015, 2016 o 2017. En los primeros días de marzo del 2017 se actualizó la plataforma de seguimiento de expedientes de nacionalidad, en la que aparecen registrados los anteriores presentados por vía telemática con la mención: “Se encuentra a la espera de ser admitido en trámite”, con lo que se pretende argumentar que no empieza aún a contar el período de un año para la resolución de expedientes y de esa forma evitar que los afectados podamos recurrir a la vía contencioso – administrativa, lo cual constituiría un gravísimo precedente de irrespeto a principios constitucionales y legales.
Existen miles de ciudadanos extranjeros que consideran cumplir con los requisitos establecidos por el Código Civil en cuanto a tiempo de residencia y los demás de integración cívica, conocimiento del idioma español, etc. Muchos somos familiares de ciudadanos españoles, cónyuges, padres, abuelos, nietos o hijos. Todos hemos hecho un aporte a la sociedad con nuestro trabajo digno, cotizando a la seguridad social y demostrando suficientes méritos para que se nos otorgue la nacionalidad del país que nos ha acogido y en el que queremos vivir.

Pedimos a vuestras señorías:

  1. 1. Agilización inmediata en los procedimientos administrativos:  incoación, tramitación, resolución y notificación de los expedientes de nacionalidad española pendientes desde hace varios años EN EL PLAZO LEGAL ESTABLECIDO POR LAS LEYES APROBADAS POR VUESTRO GOBIERNO.
  2. 2. Se priorice la digitalización de los expedientes pendientes, se asigne número de registro sin dilación y se proceda a las notificaciones a través de las vías correspondientes.
  3. 3. Se establezcan cambios legales para agilizar los procedimientos como se dio por Resolución de 6 de abril de 2015 en la que la Subsecretaría de Justicia publicó el Acuerdo de encomienda de gestión del Ministerio de Justicia al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, de 27 de febrero de 2015, para la tramitación de expedientes de nacionalidad española por residencia.
  4. 4. Que no se priorice los expedientes presentados a través de Colegios de Abogados o Gestores sobre los presentados por registro público o por medio de la plataforma telemática directamente por los solicitantes. No se puede favorecer a quienes tengan los medios económicos por encima de quienes no están en condiciones de sufragar gastos para contratar un profesional.
  5. 5. Se revisen las normativas referentes a la concesión de expedientes, para evitar denegaciones innecesarias y no fundamentadas, por cuestiones absurdas como caducidad de certificado de antecedentes penales cuando estos caducan por la lentitud de la administración o por causas similares, que provocan de los afectados la presentación de recursos de reposición y contencioso administrativos que saturan y ralentizan más a la administración o a los tribunales que tarda en responder más de un año en determinadas circunstancias.  

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