Petición cerrada

116, 155 y más.

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Ante los graves hechos que hemos estado viviendo estos meses, cuyo punto álgido fue el pasado 1 de octubre, pero que en cuanto a orden público han seguido agravándose, no siendo descartable un hecho mayor aún de rebelión por parte del gobierno catalán y viendo que todos los partidos sin excepción hablan de una salida negociada a largo plazo, entendiendo que gran parte de nuestra constitución está siendo incumplida en estos momentos y lo va a seguir siendo en asuntos que afectan a toda la nación solicito a Mariano Rajoy, presidente del gobierno de España a, siguiendo las palabras del discurso de Su Majestad el Rey Felipe VI :

1.- Declarar el estado de alarma en las cuatro provincias catalanas y , si se estima necesario, en todas las provincia limítrofes, según el artículo 116 de la constitución que ya fue utilizado por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero por hechos mucho menos graves sobe todos los aeropuertos de la nación. Dicho precedente debería ser usado, si se estima necesaria su prórroga en la exposición ante el Congreso.

2.- Dentro de dicha declaración incluir la militarización de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado: Policía Nacional, policías autonómicas y policías locales, activando así mismo el carácter militar de la Guardia civil. Cualquier desacato por parte de miembros de las policías autonómicas y locales a las órdenes recibidas implicaría la inmediata prisión, pérdida de empleo y puesto y prohibición futura de estar en la administración, inhabilitación permanente.

3.- En paralelo a esas medidas el gobierno deberá someter al senado la suspensión del parlamento y gobierno de Cataluña en aplicación del artículo 155, la asunción sine die de dichas funciones por el senado y gobierno nacional hasta al menos seis meses después de haber normalizado la situación de orden público creada a partir del día 3 de octubre, solo tras lo cual el gobierno plateará unas nuevas elecciones autonómicas. Desde el mismo momento de la suspensión se retiraría cualquier aforamiento asociado al cargo.

4.- Así mismo deberían ser detenidos y acusados de sedición cualquier autoridad civil de los territorios bajo alarma que persistiera en el mantenimiento del desorden y situación de ilegalidad constitucional.

5.- Puesto que se ha demostrado la falta de lealtad constitucional y la situación de rebelión e ilegalidad el gobierno debe solicitar a la fiscalía durante este tiempo de suspensión de la autonomía que solicite a la correspondiente sala del tribunal supremo la prohibición según lo establecido en la ley de partidos de los paridos sediciosos: PdeCAT (antigua CIU), ERC, En Comu-Podem y CUP, así como la inhabilitación a los actuales dirigentes de estos y sus miembros para formar nuevos partidos por un espacio no inferior a 10 años.

Así mismo si el partido Podemos persiste a nivel nacional, u otros partidos fuera de Cataluña, en su apoyo a la sedición debería solicitarse su disolución y la inhabilitación de sus miembros.

 

6. Aplicar la ley de régimen local a los ayuntamientos que han presionado a los hoteles en los que se alojan parte de las fuerzas policiales y como muestra de apoyo a ellos disolver las corporaciones asumiendo directamente la gestión de dichos ayuntamientos una comisión o gestora nombrada por el gobierno.

 

Recordemos:

Artículo 155

Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

 

Artículo 8

Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución.

 

Artículo 116

Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.

El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.

El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.

No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados.

Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.

La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.

 

 

 

 

7.- Esta es la parte de la petición dirigida a la fiscalía y a los juzgados de menores: Solicito que se tomen medidas para aplicar toda la contundencia de la ley contra los docente que han presionado y acosado a los hijos de miembros de las fuerzas de seguridad del estado con anterioridad y posterioridad al 1 de octubre y en especial en lo referente a las presiones para que denunciaran la inexistente «violencia policial». Como mínimo deberían ser apartados de docencia y solicitar ante el juez su inhabilitación para esta de por vida.



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