Petición cerrada

Terminar de una vez por todas con el calvario que están sufriendo 500.000 familias arruinadas de forma ilegal.

Esta petición ha conseguido 1.507 firmas


MANIFIESTO DE ADHESIÓN EN FAVOR DE LA AGRUPACIÓN NACIONAL DE VÍCTIMAS POR LA INTERVENCIÓN DE FÓRUM Y AFINSA

 

1.-  NUNCA HUBO QUIEBRA antes del 9/5/2006

 

                El único argumento que esgrimió la fiscalía en sus querellas para suponer que había desfases patrimoniales y quiebra es que eran empresas financieras y por tanto que sus operaciones estaban mal contabilizadas.

               

Esto lo desmintieron las sentencias de la Audiencia Provincial, de la Audiencia Nacional sala de lo Contencioso y del Tribunal Supremo, que reconocen que eran Empresas Mercantiles como así lo establecía la Ley 35/ 2003 y lo recogió la 43/2007.

 

Incluso de haber sido financieras, sus operaciones estarían bien contabilizadas como Ventas, según establece la Circular del Banco de España 4/1991, de 14 de junio, en su Norma Decimocuarta sobre las cesiones temporales de activos financieros, en el punto 4.

 

2.- FUE POR TANTO UNA INTERVENCIÓN POR MOTIVOS POLÍTICOS.

 

                Si nunca hubo el argumento esgrimido, ni desfase patrimonial o quiebra que denunció la fiscalía y que justificaron la intervención, se pone de manifiesto que el móvil fue de índole político, tal y como denunció el Diputado del PP Martínez Pujalte en la Comisión de Economía y Competitividad el pasado 19/2/2014.  Ver Vídeo: http://youtu.be/DwWaXDBE9IQ

 

 

                Y esto ya lo reconoció el PSOE en su revista Puntos de Vista de 19/5/2006: Es el gobierno socialista, a través de la Agencia Tributaría quien denuncia los hechos a la Fiscalía.

               

                    

 Ver Puntos de Vista:  http://forumafinsaferrazgenova.jimdo.com/v%C3%ADdeos/

                                     

 

LOS HECHOS:

 

1°) Existía una Ley, la 35/2003 que de forma explícita y concreta encuadraba a estas empresas y a su actividad fuera del marco del mundo financiero.

 

2°) La Agencia Tributaria, a través de la Inspectora Sra. Yabar, presenta sus denuncias tanto para Fórum como para Afinsa en julio de 2005, incumpliendo una Ley, en vigor en esa fecha, de comunicar al sujeto tributario tal circunstancia.

 

3°) Meses más tarde, el gobierno socialista modifica esa Ley con carácter retroactivo desde el 1 de enero de ese año 2005, con la única finalidad de exonerar a la Agencia Tributaria del cumplimiento de ese precepto y así evitar que se declare nula la demanda.

 

4°) Para justificar su denuncia la Inspectora Yabar de la Agencia Tributaria  cambia la calificación de unas empresas que durante 27 años habían reconocido como NO financieras, tanto a los efectos del Impuesto de Sociedades como de las declaraciones en el IRPF de sus clientes.

 

5º) Paralelamente a esta denuncia la Agencia Tributaria defiende el carácter NO financiero de estas empresas en un litigio que mantiene contra Afinsa desde 1994; incluso la misma Audiencia Nacional firma una Sentencia que así lo reconoce en marzo de 2006, el mismo mes que, por otro lado, admitía a tramite las querellas basadas en que eran financieras y posteriormente otra Sentencia en 2011 del Tribunal Supremo, ratifica el carácter mercantil de las Empresas.

 

6º) ¿Por qué se tarda casi un año, desde la denuncia de la Agencia Tributaria hasta que se realiza la intervención judicial? Casual o convenientemente, las pólizas de seguro que cubrían los riesgos de la filatelia vencieron y no se renovaron. La de Fórum el 31/12/2005, la de Afinsa en abril de 2006.

 

7°) La percepción de una determinada hipocresía se acentúa cuando en 2007 se aprueba en Las Cortes una Ley que volvía a reconocer el carácter NO financiero de estas actividades, exactamente igual que la vulnerada e incumplida Ley 35/2003.

 

8°) Por si esa percepción no basta, el ex-Juez Garzón manifiesta en marzo de este año, que son excesivos 4 años para instruir el caso de los ERES de Andalucía y que causa sufrimiento a los imputados, cuando él, Marlasca, Pedraz y Ruz, llevan ocho años sin preocuparse no ya de los imputados, si no de las verdaderas víctimas de este expolio, 500.000 familias a las que les fueron bloqueados sus ahorros en contra de la legalidad vigente.

 

 

9°) El 19 de febrero de 2014, el Diputado Martínez Pujalte del PP, en la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso, afirmó que la intervención se llevó a cabo por cuestiones políticas,  pese a lo cual no se plantean, desde su partido, darle una solución política a la tragedia que el Estado y el gobierno socialista han ocasionado a millón y medio de ciudadanos.

 

10º) En conclusión, fue una intervención política, en contra de la legalidad vigente, promovida por el gobierno de turno y utilizando a la Agencia Tributaria, que inexplicablemente cambió la calificación de las Empresas (sin ser competente para ello), y donde siempre había mantenido que eran No Financieras, como dice la Ley.

 

Dado ese carácter POLÍTICO y contrario a la legalidad de esta intervención que destruyó la vida de forma injustificada y cruel de muchos españoles al verse privados del acceso a sus ahorros durante 8 años por Instituciones del Estado, deben repararse los daños causados cuanto antes por lo que

 

EXIGIMOS:

 

A.- El cierre inmediato de la fase de instrucción.

Después de ocho años no parece razonable que sigan buscando pruebas. Las pruebas deberían ser las que avalaran la intervención y por tanto ser anteriores a la misma, pero en este caso en las querellas no se muestran, todo se sostiene en el pretendido carácter financiero, que ya se ha demostrado falso y en la ingeniosa contabilización como préstamos de las operaciones, sin ningún sustento legal y basado en el desconocimiento o en la mala fe.

 

B.- Que nos sea devuelto el 100% del valor de los Créditos.

Dado que son empresas mercantiles el valor del Crédito es el que se estableció por las partes en el contrato de recompra, por tanto todos son Créditos Ordinarios, como se ha reconocido en varias sentencias.

Así mismo, una retribución al interés legal del dinero, por el tiempo transcurrido en el que nos han sido retenidos nuestros ahorros.

 

C.- Que se depuren responsabilidades a todos los niveles.

           De manera que se aclare si había algún tipo de delito capaz de justificar el cierre de las dos empresas, la ruina de tantas familias y que se depuren las responsabilidades esclareciendo la verdad.

 

D.- Ha sido una intervención política.

   Insistimos en la denuncia realizada por el Sr. Pujalte y ahora, después de 8 años de sufrimiento, la escasez de recursos o la crisis no pueden ser una disculpa para no devolver a 500.000 familias lo que les fue usurpado, en contra de la ley, por el propio Estado.

 

Por todo ello y si estás de acuerdo con lo anterior, te rogamos suscribas el presente Manifiesto con tus datos personales, la representación que ostentes, Asociación, Gabinete Jurídico, Colectivo u otros si es el caso y lo hagas circular a través de todos los medios a tu alcance.

 

 

 Aprovechamos para comunicaros que esta Agrupación Nacional no admite que ningún colectivo suscriba representaciones de la totalidad de las víctimas, haciendo propuestas que permitan al Estado NO responder por el 100 % del daño causado con una intervención política contraria a la LEY, que ha llevado a 500.000 familias a la ruina, a la indigencia e incluso al suicidio y a no disponer de sus legítimos recursos económicos.

 

 

 

 

 

 

Madrid, Abril de 2014    



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