Que se garantice el acceso a la justicia de una persona indígena privada de su libertad

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Carlos Darío, maya-tseltal originario de Yajalón en el estado de Chiapas, esta recluido desde el mes de febrero del año 2016 en el Centro de Reinserción Social número 12 de Yajalón. Carlos Darío es acusado por un delito que no cometió y sometido a un proceso penal que violenta sus derechos a la verdad y a la justicia. 

El caso de Carlos expresa la situación de cientos de personas pertenecientes a pueblos originarios frente a un Estado omiso en garantizar sus derechos humanos, servir a los intereses y presiones de personas adineradas que les imputan falsos delitos.

El Ministerio Publico, adscrito a la Fiscalí­a Especializada en Justicia Indígena, dependiente de la entonces Procuradurí­a General de Justicia del Estado de Chiapas, actualmente Fiscalía General del Estado, no cumplió las reglas del procedimiento en seguir todas las líneas de investigación que le esclarecieran el supuesto robo, denunciado en la averiguación previa 162/IN41-M2/2015, radicada en la mesa número 2 de Yajalón, Chiapas, tan solo busco culpar a Carlos Darío, con dos testigos que carecen de credibilidad, no describen la forma, participación, acción, momento en que se cometió el supuesto robo, ellos dicen que durante los días 30 y 31 de marzo, 01 de abril, 29 y 30 de mayo, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de junio, 23 y 24 de octubre todas las fechas del año 2015, Carlos Darío junto con su concubina, que es gordita y baja de estatura, y otro sujeto del sexo masculino de la tercera edad, que es muy delgado,  supuestamente ingresaron a la bodega de la empresa AGROSAN, y en conjunto se apoderaron en cada una de esas fechas de 350 cajas de productos de todas las marcas, en un camión de tres toneladas, además de ser subordinados de quien lo imputa, empresaria mestiza y perteneciente a las familias que ejercen cacicazgo en Yajalón. Marí­a Magdalena, esposa de Cesar Belisario Utrilla, expresidente municipal de Yajalón y dueño de múltiples comercios, que a su vez es familiar del Subsecretarí­o de Gobierno y Derechos Humanos.

La situación de pobreza extrema y padecimiento de diabetes, además de las limitaciones sociales a su discapacidad visual y pertenecer a la etnia tseltal, han favorecido que se perpetúe la violación de derechos humanos en el proceso penal, el Lic. Octavio Ruiz Pereyra, Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Yajalón, oculto las irregularidades que presenta la averiguación, para favorecer y quedar bien con los caciques del pueblo. Por ello emitió tres autos de formal prisión, el primero en el termino constitucional y los dos restantes pretendiendo dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida por el Juez Quinto de Distrito y Juicios Federales en el amparo indirecto número 195/2016, la cual quedo parcialmente cumplida hasta que el licenciado Armando Morales Juárez, asumió el cargo de Juez Mixto de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Yajalón.

Se teme que el licenciado Armando Morales Juárez, en el termino de 15 días vigentes, a partir del 1 de diciembre de 2017, dicte una sentencia transgresoras de derechos humanos, al omitir garantizar los derechos de Carlos Darí­o a un juicio justo, lo cual incluye acceso a un tribunal imparcial, que sea capaz de entrar al estudio del fondo del asunto y reconozca la inocencia del inculpado, quien por sus condiciones ha sido violentado en sus derechos humanos por instituciones de procuración y administración de justicia, ya que hasta el momento cada una sirve a los intereses de la familia Utrilla, caciques de Yajalón,

Carlos Darí­o, debe estar libre, tiene derecho a que se le reconozca su inocencia, otorgándole su inmediata libertad personal y pidiéndole una disculpa pública por parte de la Fiscalía General del Estado, garantizando se protejan sus derechos humanos.

De no ser así­ se haría vigente la frase de que "los delincuentes con dinero son impunes y los inocentes por ser indígenas, pobres y con limites sociales a su discapacidad, resultan injustamente culpables".



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