Que se suprima la figura de "presidenta honorífica" del Sistema DIF Nacional

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El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y los equivalentes sistemas estatales representan la principal institución del Estado mexicano para atender a diversos grupos desfavorecidos, siempre sobre la figura del núcleo familiar.

Sólo en el actual 2018, más de dos mil 300 millones de pesos fueron destinados al DIF nacional para el cumplimiento de sus funciones.

A lo largo de la historia de este organismo de atención al sector descrito, las presidencias de los llamados sistemas DIF (nacional, estatales y municipales) han quedado en manos de las cónyuges (en la gran mayoría de los casos, aunque, en algunos pocos, en su equivalente masculino o de algún familiar cercano al titular del Poder Ejecutivo respectivo).

Pese a que dichas presidencias tienen carácter de "honoríficas" y, en el papel, no implican un sueldo a sus titulares, es una realidad que las cónyuges del jefe del Ejecutivo manejan a discreción los presupuestos y políticas de dichos sistemas y determinan a capricho al personal que se encargará de dirigir los distintos programas, incluyendo al director o directora.

Su presencia en dichos cargos representa también una carga gigantesca para el erario. Son millones de pesos los que se gastan anualmente en cuestiones ornamentales para cualquier acto donde esté presente la titular del DIF. A ello se suma el gasto de viáticos, camionetas de lujo y guaruras que diariamente acompañan a las titulares.

En la gran mayoría de los casos, las titulares de los DIF en el país NO tienen experiencia alguna ni vocación en el importante rubro que, de la noche a la mañana, deben encabezar, sólo por el mérito de ser la esposa (o familiar) del presidente municipal, gobernador o presidente de la nación.

Hay un largo historial de abusos, caprichos y aberraciones, tanto en el organismo federal como en los estatales y municipales, que se cometen de manera permanente. No incluyo aquí nombre alguno de los innumerables casos denunciados, muchas veces corroborados, del desvío, nepotismo e ineptitud con que se conduce la gran mayoría de quienes presiden los DIF en el país, a fin de evitar que se cuestione esto como alguna campaña en particular en contra de alguien en específico (los casos aberrantes, hay que decir, se asocian con el actuar de los cónyuges de todos los signos políticos que han alcanzado el poder). Hay, sin embargo, denuncias y pruebas contundentes en medios de difusión serios que pueden ser consultados en cualquier momento en la red y que son, en muchos casos, del dominio público.

México vive hoy un momento de exigencia de cambio, frente a los procesos electorales federal y estatales que este 2018 tienen lugar. Ante ello, es urgente exigir, de manera inicial a cada una de las personas que pretenden conducir el Poder Ejecutivo federal, a partir del 1 de diciembre de 2018, lo siguiente:

1) que se suprima la figura de "presidenta honorífica" del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, al ser un cargo innecesario e inútil y, en la práctica, dañino para las finanzas públicas y para los propios objetivos del organismo;

2) que se nombre únicamente a un director o directora para conducir los destinos del organismo, sobre la base de su experiencia y honorabilidad probada en la materia;

3) que los candidatos a la presidencia de la República se comprometan, de ser electos, a reducir el excesivo gasto corriente en el sistema DIF nacional y se incremente el gasto de inversión real en los programas que lleve adelante el organismo;

4) que, con base en una discusión pública con especialistas, se redefinan los criterios para determinar a los grupos minoritarios que deben recibir los apoyos que otorga el organismio y que, incluso, se redefina el perfil de éste.

5) que lo más pronto posible, cada uno de los candidatos a la presidencia de la República se pronuncie claramente al respecto; éste puede ser uno más de los factores que nos lleve a los ciudadanos a definir a quién elegir.

 



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