LLAMADO URGENTE AL GOBIERNO A CREAR MECANISMOS DE DIÁLOGO CON LA MINGA DEL SUROCCIDENTE

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Los firmantes, hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional a crear mecanismos inmediatos de diálogo y respuesta pacífica a las demandas de la Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz.

Desde el pasado 10 de marzo comunidades indígenas y campesinas empezaron a movilizarse en el marco de La Minga por la por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz en el Cauca y el suroccidente colombiano. A partir de ese momento, organizaciones afrodescendientes, urbanas y estudiantiles se han vinculado, exigiendo al Estado colombiano el cumplimiento de compromisos históricos y la defensa y protección de sus líderes sociales, entre otras demandas. A pesar de que se han abierto canales de diálogo, el Gobierno Nacional ha insistido en el tratamiento represivo frente a la protesta.

La negativa a dialogar por parte del presidente de la República, muestra su desconocimiento frente a las brechas sociales existentes y deja al descubierto su incapacidad para comprender las complejas realidades de la región y del país. No solo se trata de la profunda desigualdad histórica que han vivido las comunidades rurales de la región, que llevó al despojo de sus territorios, la imposición de normas culturales ajenas y la discriminación de sus conocimientos, formas de organización y valores culturales, sino que actualmente diferentes actores legales e ilegales se disputan el control de los territorios y recursos de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, buscando establecer corredores de narcotráfico, legitimando proyectos extractivistas de despojo, y amenazando y asesinando a sus líderes sociales.

A las muertes de un miembro de las Fuerzas Armadas y la del minguero Deiner Ceferino Yunda Camayo, además de las heridas y lesiones permanentes sufridas por muchos de los mingueros, se suman los hechos ocurridos el miércoles 3 de abril en las instalaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en la ciudad de Popayán. Hasta ahora, la intransigencia y el tratamiento militar y represivo de la protesta social solo ha dejado pérdidas y profundización de conflictos, los cuales se suman a la larga historia de desatención, violencia, estigmatización e incumplimientos hacia las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.

Es preocupante la insistencia del Ministerio de Defensa en mantener los señalamientos de infiltración de estructuras criminales en la protesta social. Esta práctica irresponsable solo fomenta la estigmatización y legitima el uso desproporcionado de la fuerza. Equiparar frente al país y la opinión pública a las poblaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes que se movilizan, con las organizaciones criminales que prevalecen en la región, tiene consecuencias nefastas que se traducen en violencia.

De los actos de racismo evidenciados en los medios de comunicación y redes sociales, se pasó a los actos de violencia directa y agresión física hacia las personas vinculadas con las organizaciones sociales. El uso que se hace del lenguaje racista y la manera cómo se promueve la violencia física, son expresiones del profundo conflicto que se vive en la región. Las expresiones de violencia dirigidas hacia la población indígena no constituyen una manifestación de indignación ciudadana, sino un ataque sustentado en la retórica de intolerancia frente a la diferencia cultural y la manipulación de los prejuicios. No se puede continuar legitimando el racismo estructural tras la fachada de la indignación.

Hacemos un llamado a la sociedad colombiana, a mantener un rol activo, crítico y constructivo frente a las dinámicas del conflicto social que se vive en el país. Las actuales circunstancias requieren superar las interpretaciones simplistas o los juicios sesgados, tan comunes hoy en medios de comunicación y redes sociales. Urge entonces que se escuche la voz de quienes nos hemos comprometido con la construcción de una sociedad más justa y democrática.

Llamamos a las organizaciones sociales a mantener el control sobre los intentos de infiltrar sus luchas y realizar actos de violencia dentro de la movilización, al tiempo que exigimos del Estado el cumplimiento de su rol constitucional de garante de la vida. El monopolio de la fuerza por parte del Estado basa su legitimidad en la capacidad que este tiene para no ejercerla en contra de sus ciudadanos, y mucho menos de manera desmedida y que atente contra la vida misma.

Instamos al Gobierno Nacional a suspender el tratamiento militar de la protesta social y a sentarse a la mesa de diálogo con los representantes de la Minga, para dar respuestas concretas a los compromisos de Estado adquiridos históricamente. Así mismo, a proteger la vida de los participantes en la Minga, de sus autoridades y organizaciones.

Convocamos a las organizaciones sociales que participan de la Minga a mantener su voluntad de construcción de mecanismos efectivos para la negociación, que garanticen el cumplimiento de sus demandas y contribuyan a la construcción de vida digna para todos.