En 2017, la develación de los abusos sexuales cometidos contra 43 estudiantes de la escuela Aampetra, ocurridos seis años antes, permitió conocer la dimensión de las agresiones sexuales que se viven en escuelas, colegios y universidades de Ecuador, sin importar si son públicos o privados. También reveló las costuras de un Estado que falla al momento de prevenir, investigar, sancionar y reparar los delitos sexuales. Otros casos salieron a la luz y la presión social logró que las autoridades nacionales comiencen a responder transparentando cifras y creando estrategias para enfrentar la violencia sexual en el sistema educativo.

Se creó una mesa interinstitucional para tratar el tema, la Asamblea Nacional formó la Comisión Aampetra para investigar las omisiones y negligencias de funcionarios del Estado en este asunto y el Ministerio de Educación creó política pública, capacitaciones y campañas de sensibilización al respecto. Incluso se aprobó la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes en la Consulta Popular de febrero pasado.

Sin embargo, y en especial ahora que la Comisión Aampetra ha culminado su trabajo, aún no es claro que la eliminación de la violencia sexual sea una prioridad para el Estado ecuatoriano y las acciones no hayan respondido simplemente a un intento de aplacar el escándalo. De hecho, aún quedan cabos sueltos:

Nos preguntamos ¿cómo se garantizará que las instituciones estatales cumplan las recomendaciones de la Comisión Aampetra? Nos preocupa también que la atención psicológica a las víctimas pierda continuidad o que el proyecto para fortalecer fiscalías especializadas siga postergado por falta de recursos económicos.

Tras la eliminación del Ministerio de Justicia, no se ha definido qué entidad se encargará de la reparación integral ni qué institución monitoreará el cumplimiento de sentencias y la situación de las personas afectadas.

Otro de nuestros principales cuestionamientos es cómo se aplicará la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, para que no se convierta en otra desilusión para las víctimas.  

Por último, la Asamblea Nacional tiene pendiente realizar un acto de cierre de la Comisión Aampetra, en el que se comprometa a continuar el control político a las instituciones en este tema y en el que se incluya a sobrevivientes del caso emblemático, que han sido un ejemplo de persistencia en la búsqueda de justicia.

En resumen, el Estado en su conjunto debe comprometerse firmemente a enfrentar con voluntad política y presupuesto este problema que lacera a la sociedad desde su raíz. Exigimos al gobierno de Lenin Moreno, asumir esta responsabilidad y volverla una prioridad del Estado.