Liberen al equipo de El Comercio, secuestrado en la frontera Ecuador-Colombia

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El 26 de marzo del 2018, un equipo del diario El Comercio que realizaba trabajo de cobertura en la frontera norte fue secuestrado por grupos irregulares armados que operan en el sector. Se trata de una zona de conflicto que ha desbordado un clima de violencia en las últimas semanas, en la provincia de Esmeraldas, en la frontera con el departamento de Nariño, Colombia.


Nuestros colegas fueron a trabajar. Estaban cubriendo un conflicto en territorio ecuatoriano, un tema de importante relevancia. Con el objetivo de mantener informada a la ciudadanía sobre los sucesos en Esmeraldas, se trasladaron a diferentes sectores de la provincia por una zona que, según el Gobierno, tiene una alta y constante presencia militar. No estaban de vacaciones, no evadieron sus responsabilidades, estaban trabajando para informar a la ciudadanía.
Expresamos nuestra solidaridad a los familiares y amigos de las víctimas frente a este acto de violencia contra periodistas que simplemente cumplían con su labor.


Ante estos hechos, quienes suscribimos esta carta expresamos lo siguiente:
1. El Estado ecuatoriano debía salvaguardar la seguridad de los periodistas de El Comercio mientras realizaban sus labores de cobertura en la zona de conflicto. La Ley de Comunicación, en el numeral 1 del artículo 44, señala que los comunicadores y los trabajadores de la comunicación tienen derecho “a la protección pública en caso de amenazas derivadas de su actividad como comunicadores”.

2. El Sistema Interamericano, en su documento “Estándares Interamericanos y Prácticas Nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia respecto de violencia contra periodistas y comunicadores”, ha ratificado que es responsabilidad del Estado garantizar el libre ejercicio del periodismo. Mientras que la CIDH ha reconocido que forma parte del campo de actividades periodísticas cubiertas por el derecho a la libertad de expresión el visitar comunidades afectadas por situaciones de conflicto armado, documentar sus condiciones de vida, recoger testimonios y denuncias de violaciones de sus derechos humanos.

3. El aumento de control militar, la falta de información veraz y el manejo de una sola tesis sobre los acontecimientos de violencia generados en la provincia de Esmeraldas por parte del Gobierno Nacional provoca manipulación y tendencia a olvidar otros problemas también generadores de la violencia: la presencia del narcotráfico mexicano y colombiano, la violación a derechos humanos por parte de la creciente ola palmicultora en la zona y la excesiva venta y producción de oro de manera ilegal y a media escala. Estos son escenarios perfectos para la violencia. Es deber de la prensa informar sobre todos estos hechos.

4. Exigimos que nuestros colegas sean recuperados sanos y salvos. El tema debe ser una prioridad para el Estado, que necesita tomar acciones inmediatas al respecto. Es obligación del Estado salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, y más aún de los equipos periodísticos que se encontraban de cobertura en la zona de conflicto. De encontrarse los secuestrados en Colombia, como aseguró el ministro César Navas, el Estado debe coordinar con sus autoridades su rescate inmediato.

5. Exhortamos al Estado a no mantener en reserva los nombres de los tres integrantes del equipo secuestrado. Ellos tienen familia y tienen rostro. Los protocolos de seguridad y protección dicen que deben revelarse los nombres. En México el anonimato de periodistas secuestrados ayudó a su vulnerabilidad.
Rechazamos las insinuaciones de las autoridades que tienden a culpabilizar a los compañeros de El Comercio por ejercer su derecho y deber de buscar información. Estamos claros de los riesgos que implica nuestro trabajo en zonas de conflicto, pero es deber del Estado precautelar la seguridad del ejercicio profesional del periodismo.

6. Saludamos las iniciativas del Gobierno Nacional para cambiar la política de acoso y agresión contra la prensa que se ejerció durante los últimos 10 años, pero solicitamos al Estado que ejerza su capacidad para que no se repitan actos como estos. El Estado ecuatoriano debe crear las condiciones para restablecer el Estado de Derecho en la provincia y zona fronteriza.



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