La Fundación en formación JUVAF levanta su voz  para hacer una petición formal ante las autoridades competentes en nombre de los ciudadanos venezolanos radicados o residenciados temporal o permanentemente en territorio Ecuatoriano, por cuanto a la fecha, es evidente que las  medidas y cambios que se vienen adoptando por el gobierno ecuatoriano para evitar que el  COVID-19 siga expandiéndose, han obviado las consecuencias colaterales que trae el confinamiento para la población migrante y refugiada venezolana. Aunque son ciudadanos de pleno derecho, nuestras niñas y niños, adultos mayores, mujeres gestantes  y demás migrantes y refugiados  en estado de vulnerabilidad además de tener que verse confinados donde viven, cuando tienen la bendición de tener un techo, sus necesidades y derechos han desaparecido del debate público en torno a esta crisis. Es como si no existieran. Aunque son una población de riesgo, se han convertido en el grupo más olvidado e incluso el que más violaciones a los DDHH ha sufrido en éstos días de pandemia y necesitan especial atención, porque pueden convertirse en focos de propagación del virus, cuando son desalojados arbitraria e ilegalmente de las viviendas y habitaciones que alquilan, cuyo pago han dejado de cumplir por carencia de recursos, siendo objeto de violaciones a sus DDHH fundamentales cuando sin piedad ni respeto por su condición ni por las normas vigentes, se les tira a la calle, a la intemperie incluso con infantes.

Debieron tenerles en cuenta al diseñar la estrategia para superar la pandemia, es urgente que se legisle con sensibilidad e inteligencia sobre su caso o estaremos condenados a incurrir como sociedad, en un delito de negligencia y abuso, es necesario que se dicten normas para evitar su desalojo arbitrario y garantizar el cupo en escuelas públicas para nuestros niños en todas las etapas de la educación así como acordar el corredor humanitario con carácter urgente para quiénes tienen todo el derecho de retornar a suelo patrio.

Por eso hemos empezado esta petición y te pedimos que la firmes.

Queremos que se reconozca a los migrantes y refugiados venezolanos en Ecuador y el resto del mundo, como seres humanos con pleno derecho de gozar de respeto a su condición y características especiales. Que su existencia y su singularidad se mencione en los textos de ley relativos a la crisis, sus consecuencias y reintegración a la “nueva normalidad”. Que se preste especial atención a sus necesidades vitales en la gestión de la recuperación económica y social post  confinamiento y que se estudien las posibilidades de ofrecerles a todos,  cualquiera que sea su procedencia social y su lugar de residencia, la posibilidad de mantenerse bajo un techo digno, con pleno goce del derecho a la salud, la alimentación y la protección y que en caso de desear retornar al suelo patrio, se les permita hacerlo mediante un canal humanitario creado especialmente para ello, de manera ordenada y sin poner en peligro la salud pública, ya sea de forma terrestre o aérea, sin que para ello deban cancelar boletos de viaje, impuestos y tasas aeroportuarias por cuanto muchos ni siquiera tienen para alimentarse y solo añoran retornar al abrigo familiar.

Así también, para quiénes por diferentes razones decidan quedarse en suelo ecuatoriano, solicitamos que se les garantice el goce pleno de sus derechos y la adecuación de la normativa legal para que puedan ingresar al engranaje social en apego al ordenamiento jurídico, permitiéndoseles obtener algún documento semejante el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) en Perú o el Permiso Especial de Permanencia (PEP) o el Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización, (PEPFF) de Colombia que garantice su ingreso al mercado laboral y al acceso de una vida digna para sí y su grupo familiar y así mismo el Estado podrá capitalizar la mano de obra capacitada y profesional venezolana en pro del bienestar del país, basta de desalojos arbitrarios e inhumanos, basta de esperar por una bolsa de comida que no termina de llegar ni alcanza para cubrir todas las necesidades que se tienen durante el aislamiento, basta de migrantes y refugiados en situación de calle. Exigimos que el gobierno y sus representantes en el exterior, así como los diputados de la Asamblea Nacional levanten su voz, que nos defiendan ante tanto atropello y olvido, que los recursos que les están dando también se hagan presentes en la vida del migrante y refugiado en el exterior para cubrir necesidades vitales de alimentación, salud y vivienda. Que la (OHCHR) Comisionada de Derechos Humanos de la ONU Michell Bachelet se haga presente en Ecuador y deje constancia de las violaciones a los DDHH de los que han sido objeto nuestros hermanos a lo largo y ancho de su territorio, muchas de ellas sucedidas ante el silencio cómplice de las autoridades nacionales y la falta de rigor en su defensa por parte de las nuestras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los demás organismos internacionales encargados de velar por nuestros DDHH debe conocer lo que aquí sucede y pronunciarse a favor de nuestra protección. 

Presentaremos este escrito y las firmas de apoyo a distintas personalidades e instancias gubernamentales y organismos nacionales e internacionales como la Asamblea Nacional, el Sr. Presidente encargado, el Sr. Jorge Almagro, la Sra. Michell Bachelet, la Embajada de Venezuela en Ecuador, la OEA, la ONU, UNICEF, la OIT, la CIDH, CARITAS, el Arzobispado de Quito, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, el Ministerio de Inclusión Económica y Social de Ecuador,  el Grupo de Lima, la UEE entre otros para exigir el respeto a los DDHH de nuestros connacionales haciendo un llamado a la reflexión sobre la necesidad de legislar y actuar a favor la comunidad de migrantes, desplazados y refugiados venezolanos tanto en Ecuador como en  el resto del mundo ante el confinamiento y post confinamiento. Pensamos que sería posible encontrar un marco regulador a nivel nacional y luego que los gobiernos regionales lo organicen a nivel local, dadas las diferencias de contexto y situación de las familias. También proponemos la creación de un comité de expertos con distintas sensibilidades (científica, humanista…) que proponga medidas para acompañar la transición hacia la normalización de la vida cuando llegue el momento.

Queremos dejar bien claro que pretendemos llamar a la reflexión, para gestionar esta crisis con una mirada empática y respetuosa hacia la realidad de la comunidad migrante venezolana, porque en definitiva sin importar dónde nacimos o vivimos, cada uno de nosotros es humano, y estamos unidos por nuestra resiliencia, esperanza, luchas y nuestra humanidad. Sobre la base que la protección del derecho de la salud pública no puede involucrar la desprotección y violación de otros DDHH seamos capaces como sociedad de encontrar formas de garantizar las necesidades y derechos de nuestros hermanos sin poner en riesgo la salud pública.