Las personas con discapacidad que alcanzan la edad adulta y pasan a centros de día dejan automáticamente de tener el apoyo de cuidadores o la libranza del familiar que se ocupa de ellos, lo que se traduce en un empeoramiento de su calidad de vida y un  desgaste progresivo de ese cuidador, al incrementarse la carga sobre ellos

La situación se agrava en el caso de familias monoparentales donde una sola persona, habitualmente las madres, deben buscar la manera de conciliar al mismo tiempo vida familiar y la laboral, que les reporta los ingresos para poder subsistir. Esto es así porque los horarios de los centros de día son en muchos casos insuficientes, lo que obliga a solicitar reducciones de jornada o incluso al abandono del trabajo.

CONDENADOS A UNA RESIDENCIA

Cuando la situación se vuelve imposible el único recurso que les queda a estas familias es solicitar un centro residencial, rompiendo por completo la estabilidad familiar y social de las personas con discapacidad, que se ven obligadas a marchar lejos de su entorno, tanto familiar como vecinal y asociativo, a edades en las que aún son jóvenes, lo que suele traducirse en graves empeoramientos de su estado de salud, especialmente en lo que afecta al apartado emocional.

Esta dinámica podría evitarse si la Xunta de Galicia y el Gobierno central mantuvieran los apoyos que las personas con discapacidad tiene durante su edad escolar, ya que hasta los 21 años si pueden estar escolarizados y tener al mismo tiempo el apoyo de cuidadores en el entorno familiar o bien la persona que les cuida optar por una libranza.

Consideramos que si uno de los objetivos de la ley de dependencia y de los servicios sociales es mantener a las personas con discapacidad en su entorno y evitar ingresos repentinos en residencias, estos objetivos se están incumpliendo y muchas de las situaciones que se dan en este tipo de casos son dramáticas. Es por ello que reclamamos esta ampliación de los apoyos.