La Caixa quiere desahuciar a Eduardo (jubilado) su mujer y su hijo de 19 años

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En ocasiones, a determinadas personas les llega la hora de echarse a la calle para defender una causa. Normalmente es mal síntoma pues refleja que ya se han agotado todas las vías, que ya solo queda el último camino, el de remangarse y luchar a cuerpo descubierto, lo que expresa como nada su indefensión. Pues es en ese punto en el que se encuentra ahora Eduardo Lasso de la Vega, lugar concretado en esta ocasión en el número 85 de la calle Sierpes.

Su cuerpo descubierto es el que está usando para aferrarse a su vivienda a través de una huelga de hambre de la que hoy se cumplen cuatro días. Y es que está en juego un piso de un bloque cercano al campo del Real Betis, en la Calle Ali al-Gomari, una casa de 30 años, una casa ya pagada, sin cargas, una casa de trabajadores, de la familia, según destaca Eduardo, y en la que viven el, su mujer, Basilisa Jiménez, y uno de sus dos hijos, de 19 años.

En este último camino de Eduardo de la calle Sierpes se encuentra una sucursal de La Caixa, entidad que ostenta ahora los derechos de propiedad de su hogar (aunque la operación se fraguó con El Monte), con sentencia judicial a favor, recurrible pero sobre lo que ni Eduardo ni Basilisa esperan ya nada. Esta situación comenzó con la compra en 2003 de los dos locales comerciales de Los Bermejales donde Basilisa Jiménez y su hermana tenían un restaurante hacía tres años, un restaurante alquilado. Al cabo de otros tres años comenzaron los problemas para poder afrontar la hipoteca, pasando por un periodo de carencia en el que solo pagaban los intereses, cerrando el negocio en 2008.

“Ellos se han quedado con los locales, se han adjudicado nuestra casa y encima quieren una deuda de doscientos y pico mil euros y unas costas de 40.000 euros de abogados. Me he tenido que poner en huelga indefinida para defender lo que es mío. La casa estaba libre de cargas, la pusieron ellos mismos pero para luego ir al notario y quitarla, por un impuesto”, comenta Eduardo.

Fue la existencia de este impuesto, cerca de 800 euros de una tasa municipal que según aseguran no estaba cumplido, lo que motivó que el piso de Eduardo y Basilisa entrara en la operación como aval, ya que, según comentan, el banco no podía dar un préstamo para un local con una carga. Pero la existencia del aval, según aseguran, era provisional, hasta que pudieran satisfacer esa deuda, lo que consiguieron en una semana, encontrándose luego con la negativa del banco a modificar las condiciones de la hipoteca.

“Se puso la casa como una garantía más, digamos anexa a lo que ya estaba garantizado, pero cuando ya eso se solucionó, fuimos a decir que este impuesto ya estaba solucionado, que volvíamos a la operación inicial, y nos dijeron: “¿vosotros os creéis que nosotros nos vamos a quedar con vuestra casa?, eso se queda ahí que no pasa nada”, explica Basilisa. “No quisieron ir a la notaría que era lo que habíamos pactado”, añade Eduardo, quien asegura que fueron aconsejados por notarios y abogados que esta operación de cambio en la hipoteca se podía hacer sin ningún problema, pero que no se llegó a formalizar a pesar de multitud de reuniones celebradas, reuniones incluso para abordar posteriormente una posible dación en pago, según explica Eduardo.

Además, para abordar los pagos, Eduardo y su mujer decidieron alquilar los locales. En una primera ocasión fueron ellos los que terminaron desalojando a un inquilino porque no pagaba el arrendamiento, desalojo que según Eduardo les costó 7.000 euros y proceso en el que no recobraron la deuda, de lo que acusa a los juzgados de no hacer lo suficiente. Tras volverlo a alquilar, acudieron al banco con la intención de pagarles mil euros, los que, con impuestos, sacaban con el alquiler. “Nos dijeron que eso no era dinero, que no lo querían. En el momento en el que te metes en esto, ellos no quieren dinero ni quieren nada, quieren la casa”.

También denuncia Eduardo la presencia en el contrato de intereses abusivos, de la famosa cláusula suelo, de lo que culpa a los juzgados de aplicar una diferencia de criterios cuando se trata de personas físicas a cuando se trata de negocios, así como de un seguro de hogar sobre el que reclamó su retirada.

“La justicia en Sevilla le da la razón al banco. Tú eres autónomo o de autoempleo y le da la razón al banco cuando Europa ha dicho que las cláusulas suelo y abusivas, que son los intereses, no pueden llegar a más del doce por ciento y ellos te aplican un 30 o un treinta u pico por ciento. Europa ha dicho que es ilegal. Eso nos está costando a los españoles mucho dinero porque Europa cada x tiempo nos pone una multa”, explica Eduardo.

No obstante, en toda esta operación, según las palabras del propio Eduardo, se percibe un elemento que ha sido denominador común en muchas operaciones de abusos bancarios de los últimos años, que es la confianza que demuestra el cliente con el vendedor, la llamada buena fe de la que hoy en día ya estamos muy advertidos.

“En la época en la que se firmó aquello nadie sabía lo que era una cláusula suelo, y además los señores notarios, que tienen mucha culpa de esto, a todo el mundo que ha firmado una hipoteca les estaban diciendo que estaban haciendo el negocio del siglo, que era una buena compra”. “Por ley teníamos que ir a un notario, nos tenían que dar la hipoteca y nosotros teníamos cinco días para estudiarla, pero quién ha hecho eso en España. Nadie”, comenta Eduardo.

“Antes un banquero era un amigo tuyo, tú llegabas y te llamaban hasta por teléfono para decirte que ha venido el recibo de la luz y no te han hecho el ingreso de la nómina. Tú confiabas en la gente”, añade Eduardo. “De hecho nosotros hicimos la operación a través de un cliente nuestro que iba a desayunar todos los días y que eran trabajador de El Monte. Todo se hizo con muy buena fe”, señala Basilisa.

Y esa fe, según Eduardo, ha sido respondida con un trato vejatorio en las negociaciones. “Nos dijeron de todo, barbaridades, que nos quitaban la casa y nos quedásemos nosotros con los locales, lo que era una aberración, ellos nos habían puesto ilegalmente nuestra vivienda como aval por un impuesto que teóricamente se iba a quitar en el momento en el que se pagase. En un mes estaba arreglado y dijeron que no”. Por el momento hay una vía de negociación con el banco, aunque lo que ofrecen no es del agrado de Eduardo. “Nos han ofrecido un alquiler social durante tres años, pero es que es mi casa, es que me habéis robado mi casa, yo cómo voy a admitir eso, no lo admito, es una ilegalidad. Esa casa está libre de cargas”. Además tienen previsto hablar con el Defensor del Pueblo. Respecto a su huelga de hambre, Eduardo asegura que lleva mentalizado desde que recogió los papeles de la ejecución hipotecaria. “Sé muy bien lo que estoy haciendo y el riesgo que corro. Estoy con ganas de aguantar todo el tiempo del mundo, me tienen que sacar de aquí con los pies por delante. El problema es que mi mujer está concienciada igual y me ha dicho que si me pasa algo ella se pone. Y mis hijos, el pequeño, que tiene 19 años, me ha dicho “papá tú no te pones en huelga de hambre, me pongo yo que soy más joven. Es la casa de mi familia, la que hemos pagado nosotros con nuestro esfuerzo, es una casa de un trabajador. Yo soy un currito, un currante, que me he ganado la vida trabajando”.

A pesar de contra quien lucha y de tener una sentencia judicial ya en contra, Eduardo mantiene esperanzas de que todo esto tenga un buen final. “En el foro interno sé que lo voy a conseguir. Siempre te queda un resquicio de que te estás peleando con un monstruo y que tú eres una hormiguita, pero lo que pasa es que cuando una hormiguita se junta con muchas hormiguitas… Cuando este movimiento se creó en España — la Plataforma de Afectados por las hipotecas (PAH) — hace siete u ocho años, con la experiencia que tengo yo con la PAH, se consiguen cosas. Sé que lo voy a conseguir, yo me dejo la piel por mi familia, me la he dejado siempre trabajando”.



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