¡Suspendan la licitación de aseo de Bogotá!

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La licitación de aseo de Bogotá, promovida por la administración de Enrique Peñalosa, tiene graves problemas que terminaremos pagando los bogotanos: afectará la calidad en la prestación del servicio, excluirá a los recicladores y afectará nuestros bolsillos.

Por eso, le pedimos al Juzgado 44 Administrativo del Circuito de Bogotá D. C. que haga efectiva la suspensión de la licitación para proteger el patrimonio de los bogotanos reflejado en la empresa Aguas de Bogotá, según lo solicita la acción popular interpuesta por el abogado Ricardo Felipe Herrera Carrillo, quien ha denunciado que la empresa pública prestadora de aseo será la gran perdedora en este proceso; pues le arrebataría automáticamente un mercado de 300 mil millones de pesos. Es decir, repartirán la ciudad en cinco zonas entre las empresas que ganen la licitación y les asignarán la operación por ocho años.

Es importante señalar que existe una alternativa legal a la licitación: la libre competencia. La licitación es innecesaria y Bogotá podría operar como hoy lo hacen Medellín, Cartagena, Santa Marta, etc. Si una empresa quiere quitarle el mercado a Aguas de Bogotá, debería competir para que al final sea el usuario quien decida cuál le presta el mejor servicio.

¿Qué problemas tiene la licitación?

  1. La tarifa. Las empresas prestadoras tendrán que desarrollar actividades que hoy no están contempladas en lo que pagamos. Para los prestadores, estas actividades representan costos que se ajustarían a la tarifa, siendo los usuarios los afectados por un incremento en su factura.
  2. El Relleno Doña Juana. A pesar de que es evidente su colapso, el vertedero tiene una vida útil de cinco años y la licitación extiende los contratos con las empresas prestadoras a ocho años, pero no nos dan razón de lo que pasará en los tres años siguientes al fin de Doña Juana, si es que antes no explota. Hemos visto paros promovidos por habitantes del sur de Bogotá, en los que se ha advertido una tragedia ambiental y sanitaria.  El Distrito tiene que reaccionar antes de que suceda lo peor.
  3. Excluye a los recicladores. Los recicladores recuperan más de 1.500 toneladas de residuos, de las 6.500 que genera diariamente la capital. Y a pesar de que la Corte Constitucional ordenó su inclusión en el sistema de aseo, hoy miles de familias siguen viviendo en condiciones paupérrimas, sin ingresos fijos ni estabilidad económica. La licitación no los incluye ni se preocupa por el futuro de las personas que dependen de ese negocio. Hoy el panorama es aún más terrible, pues sumado a que no hay claridad en cuanto a su inclusión en el modelo de aseo de Bogotá, también se estima un proceso de contenerización que carece de estudios serios, y que excluye a los recicladores que separan los residuos directamente de las bolsas. No hay que olvidar que en Bogotá no se practica la separación en la fuente de manera masiva y tampoco hay estrategias pedagógicas para impulsar este hábito en los hogares. En otras palabras, las 1.500 toneladas de residuos que recuperaban los recicladores, terminarán en Doña Juana, el relleno que no tiene más espacio y que está a punto de generar una tragedia ambiental.
  4. Detrimento del patrimonio del Distrito. Hoy Aguas de Bogotá es dueña del 81% del mercado vinculado al servicio de aseo en la ciudad gracias a los contratos de condiciones uniformes. Los expertos estiman que éste vale aproximadamente $300 mil millones de pesos. Si esta licitación innecesaria se realiza, le arrebataría de golpe la clientela a la empresa de los bogotanos y, si llegara a quedar elegida en la licitación (algo que es poco probable). La pérdida sería de tal magnitud, que no se podría recuperar.

¿Qué implica para los usuarios tener impuesto su operador del servicio de aseo por ocho años?

Para empezar, no podríamos cambiarla bajo ninguna circunstancia. Esto quiere decir, por ejemplo, que si esta no se adaptara a nuestros horarios para recoger la basura, nosotros estaríamos obligados a someternos a los que nos imponga. Lo mismo pasaría en otros aspectos de la prestación del servicio, como la libertad de modernizar sus equipos a su antojo, incluso, si su trabajo no llegara a satisfacer nuestras expectativas. Es como si nos impusieran un operador de celular o de cable por ocho años y no pudiéramos cambiarlo, así este deje de ser competente para nosotros.

Esta no es una defensa o un ataque a ningún político, es una defensa del patrimonio de los bogotanos y de la Constitución Política que nos garantiza los derechos a los usuarios y el trabajo digno a los recicladores.

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