Aborto en la Sanidad Pública Andaluza ¡ya!

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Petición de firmas para que en los centros hospitalarios públicos de Andalucía se practique la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

El 28 de septiembre es el día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Las mujeres hemos protagonizado una lucha incansable, que aún continuamos, para tener acceso a servicios públicos que garanticen nuestros derechos. Esta lucha se ha centrado en los servicios educativos, laborales y sanitarios y siempre ha contado con la oposición de la cultura patriarcal.

El derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, el derecho al aborto, es un derecho reconocido de las mujeres. Sin embargo, según estudios del Instituto de la Mujer y del Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales, el aborto genera sentimientos de culpa vinculados a la moral de una sociedad que condena el aborto.

A pesar de ello, el sistema Andaluz de Salud solo asegura la práctica de la IVE mediante un sistema de conciertos con las clínicas privadas acreditadas de la Comunidad Autónoma, en algunas provincias inexistentes, lo que obliga a muchas mujeres a desplazarse fuera de su ámbito territorial, acrecentando las dificultades y potenciando el sentimiento de estar realizando algo prohibido y clandestino.

La explicación dada es la objeción de conciencia de los profesionales, una objeción de conciencia que, sin embargo, no se permite al funcionariado de otras carreras profesionales en el ámbito de sus obligaciones laborales (maestros, fiscales, jueces, policías, administrativos y un largo etc.)

No podemos continuar en una situación en la que la práctica del aborto no se halle considerada en protocolos médicos normalizados, que permitan a las mujeres llevar a cabo su decisión de manera similar a otras cirugías, sin obligar a desplazamientos que generan desigualdades a la vez que esconden en lo privado, lo que debería ser una garantía pública.

Por todo ello exigimos al Gobierno Andaluz que garantice una adecuada educación sexual y reproductiva que evite los embarazos no deseados, incluyendo la IVE como derecho y decisión de la mujer, y que incorpore la práctica de la IVE a los centros públicos sanitarios.



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