Rechazo ciudadano al proyecto de Ley del Patrimonio Cultural

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Junto a un cordial saludo, nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra opinión en el marco de la discusión en el parlamento del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural (boletín N° 12.712-24), propuesta normativa que pretende remplazar a la existente Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales.

Las ciudadanas, ciudadanos, agrupaciones, comunidades, colegios profesionales, las asociaciones de funcionarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y del Consejo de Monumentos Nacionales y diversas organizaciones aquí firmantes, deseamos manifestar como primer punto y como paso previo al análisis del cuerpo legal, que nos ha resultado decepcionante la forma de abordar la construcción de esta iniciativa, habiendo sido redactada a puerta cerrada por el gobierno, prescindiendo absolutamente en su elaboración
de las principales constructoras y constructores del patrimonio del país y sin ser discutido previamente con ningún organismo de la actual institucionalidad patrimonial, todo lo cual le otorga ilegitimidad al proyecto. Un desconocimiento que se ve reflejado en la propuesta, que constituye un retroceso evidente en comparación a la legislación existente y un contraste con la formulación del propio Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio, que contó con la participación de los actores involucrados.

En lo esencial, quienes suscriben esta carta pública, rechazamos el proyecto de ley presentado por el Gobierno y solicitamos que, en consecuencia, los parlamentarios que deben representar democráticamente la voluntad popular rechacen la idea de legislar.

Para el mundo de la cultura, las artes y el patrimonio, este proyecto de ley constituye una verdadera amenaza, pues bajo el argumento de modernizar la legislación vigente en materia de monumentos nacionales, existe una inspiración ideológica economicista y neoliberal, que pretende esencialmente desregular la normativa existente, dejando el patrimonio de Chile y sus comunidades expuesto al despojo y a la destrucción por parte de los intereses del mercado, las inmobiliarias y las empresas cuyo fin es solo el lucro.

El patrimonio es la expresión genuina y diversa de la creación y de la cultura de un pueblo, de una nación y de sus comunidades, que fortalece su identidad y proyecta su sentido histórico como tal. Constituye entonces un bien y un valor común de la sociedad que debe estar protegido por el Estado, mediante una legislación que tenga un origen participativo, democrático y soberano, atributos que el actual proyecto de ley de patrimonio no posee.

Como segundo punto en la cuestión previa, estimamos que la naturaleza de la iniciativa legal propuesta pretende abarcar todas las áreas de la definición del patrimonio del país, y que habida cuenta que uno de los grandes legados y herencia cultural de nuestro pasado y que parte importante de los constructores de patrimonio en el presente son nuestros pueblos originarios, nos parece de toda legitimidad que esta ley deba ser sometida necesariamente a un proceso de Consulta Indígena y que la propia legislación debe ser explícita en contener un mecanismo claro de participación de los pueblos originarios en todas sus instancias de decisión. Consideramos que lo anterior debe ser uno 
de los principios que guíen a la nueva normativa.

Respecto al cuerpo legal que se propone exponemos lo siguiente:

1. Definición de Patrimonio Cultural

En la definición conceptual de patrimonio contenida en la propuesta se reconoce como un avance la integración de Patrimonio Inmaterial, sin embargo mantiene la distinción y separación artificial entre patrimonio material e inmaterial bajo dos denominaciones, abordándolas en forma diferenciada de forma tal que para el patrimonio inmaterial se enarbola en la propuesta de ley que “la salvaguardia del (patrimonio) inmaterial nace siempre desde las comunidades y por tanto son estas las que solicitan a la institución que corresponda las medidas que procedan respecto de uno o más elementos del patrimonio cultural inmaterial que ellas mismas reconocen como parte de su patrimonio cultural”, principios que en forma insólita no se hacen extensivos al patrimonio material.

Pese a todo el propio principio que se esgrime para el patrimonio cultural es negado en la propia legislación propuesta, al hacer residir en la práctica la tuición y decisión en un órgano compuesto mayoritariamente por funcionarios no del Estado, sino del gobierno, designado por el Presidente de la República, inclusive cuando los miembros de la sociedad civil, ahora minoritarios, no pertenecen al aparato gubernamental.

En este sentido concordamos en que el patrimonio cultural es un producto, creación y herencia de las sociedades, no de los Estados, concordando con la definición de Unesco que indica que “la noción de patrimonio es importante para la cultura y el desarrollo en cuanto constituye el “capital cultural” de las sociedades contemporáneas. Contribuye a la revalorización continua de las culturas y de las identidades, y es un vehículo importante para la transmisión de experiencias, aptitudes y conocimientos entre las generaciones. Además, es fuente de inspiración para la creatividad y
la innovación, que generan los productos culturales contemporáneos y futuros. El patrimonio cultural encierra el potencial de promover el acceso a la diversidad cultural y su disfrute. Puede también enriquecer el capital social conformando un sentido de pertenencia, individual y colectivo, que ayuda a mantener la cohesión social y territorial.

Por otra parte, el patrimonio cultural ha adquirido una gran importancia económica para el sector del turismo en muchos países, al mismo tiempo que se generaban nuevos retos para su conservación”, en tal sentido por principio no puede estar entregada tal tarea a definiciones coyunturales de un gobierno de turno, como es el espíritu y la letra del cuerpo legal que se propone. El proyecto de ley se aleja de los principios del "enfoque de derecho" en cuanto a que el patrimonio cultural, hace para sí, el espíritu de la declaración Universal de Derechos Humanos y su visión integral, manifestado a través de un conjunto de acuerdos, cartas y documentos de Naciones Unidas que reflexionan sobre la materia y de los cuales Chile ha sido parte.


2. Institucionalidad Pública y Trabajadores/as del Patrimonio

El proyecto de ley propone el desmantelamiento del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, como órgano público técnico y referente en materia patrimonial el cual ha sido recién creado como sucesor y continuador legal de la ex DIBAM, junto con la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Estos cambios fueron hechos a través de la Ley N° 21.045 del año 2018.

El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, el cual se descentraliza en Direcciones Regionales, contiene dentro de sí a la Secretaría Técnica Nacional del Consejo de Monumentos Nacionales, siendo su Director Nacional, el Vicepresidente del Consejo de Monumentos Nacionales. En consecuencia, la descentralización de la Secretaría Técnica del CMN ya está establecida en la ley aprobada por el Congreso. Y los Consejos Regionales de Patrimonio que se proponen, deben ser la expresión participativa de las organizaciones, comunidades e instituciones del ámbito del patrimonio regional.

El proyecto de ley pretende desmantelar una institucionalidad pública que, probando ser históricamente técnica, sirve a las comunidades en los territorios en forma participativa y permanente, con programas y servicios que han sido trabajados y reconocidos por las comunidades.

Sacar del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural a la Secretaría Técnica Nacional y Regionales del Consejo de Monumentos Nacionales, al Departamento de Pueblos Originarios y al Departamento de Patrimonio Inmaterial y concentrar el Consejo y Secretaría Técnica Nacional en la Subsecretaría del Patrimonio, mientras los Consejos y Secretarías Técnicas Regionales, en la Subsecretaría de las Culturas y Las Artes por medio de las SEREMIS, constituye una aberración centralizadora y burocrática que desnaturalizará su misión al politizarla, en el mal sentido del término. Dejándola sujeta a los ciclos de los gobiernos de turno y no como políticas públicas y permanentes del Estado que surgen participativamente de las comunidades y de las organizaciones del patrimonio, sino que también introduce la gestión del Patrimonio en una orgánica completamente incoherente.

En materia de los trabajadores y trabajadoras del patrimonio, el proyecto de ley es inviable. Señala en su mensaje, que quiere saldar una deuda histórica del Estado con el patrimonio, y no considera ningún recurso financiero para implementar e incrementar una dotación adecuada de trabajadores para el funcionamiento descentralizado del Consejo de Monumentos Nacionales, que hasta ahora ha funcionado con trabajo precario y tercerizado. No establece plantas de personal, no establece planta fiscalizadora, no reconoce el rol fiscalizador que ejerce el CMN por medio de su Secretaría Técnica, ni tampoco establece recursos para una asignación de fiscalización para quienes desempeñen dichas funciones esenciales en un órgano que debe regular y fiscalizar, como también a partir de la estructura orgánica presentada, al considerar una dependencia administrativa distintas a trabajadores de las Secretarías Técnicas Nacional y Regionales, despoja a trabajadores que poseen un quehacer común, el derecho de organizarse en una Asociación de Funcionarios de carácter nacional, constituyendo una grave vulneración de derechos constitucionales que permiten a los trabajadores públicos a organizarse en asociaciones. En definitiva, ni el Estado contará con el personal adecuado para hacer cumplir la ley y las normas; y los trabajadores seguirán desempeñando su tarea bajo presión por falta efectiva de personal, sin recursos, sin infraestructura mínima adecuada y sin estabilidad laboral, porque estarán sometidos a la discrecionalidad de la autoridad política. Y todo eso debilitará la defensa y protección del patrimonio de Chile.

3. Ausencia de una real regionalización y pérdida de carácter técnico de la protección patrimonial

La propuesta legislativa trastoca seriamente el rol técnico que ha tenido históricamente el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), dado que tanto los Consejos como las Secretarías técnicas dependerán de instancias de carácter político fuertemente concentradas en el poder central, Poder Ejecutivo y sus delegados, Seremías, encargadas de la elaboración de la política pública, las que finalmente como sabemos responden a los intereses políticos del gobierno de turno. Esto va a transgredir nuestra labor pública de funcionarios/as de estado en la preservación del patrimonio fuente principal, de la identidad cultural de nuestro país.

La descentralización propuesta no es real, dado que en la práctica la jerarquía de los miembros de los consejos regionales continuará residiendo en Santiago o estos dependerán discrecionalmente de la autoridad regional. Lo que plantea este proyecto de ley no es descentralización, es más bien desconcentración del poder. Es notoria la falta de representantes de organizaciones ciudadanas y de los municipios en los Consejos Regionales, politizando desmedidamente la futura institucionalidad patrimonial. En otras palabras, se disfraza de regionalización una propuesta que más bien es la extensión a regiones del centralismo y las decisiones del gobierno de turno. Tampoco se advierte un real fortalecimiento de la Secretarías Técnicas Regionales que garanticen la adecuada gestión y protección del patrimonio cultural, ni una
propuesta sobre la manera cómo se abordarán técnicamente las particularidades de cada región.

Hubiese sido esperable, al menos, contar con un diagnóstico del CMN y de la Secretaría Técnica de modo de detectar los vacíos, falencias actuales en infraestructura y recursos humanos que impiden la correcta gestión y protección del
patrimonio cultural en Chile.

En cuanto a las Impugnaciones de recursos de oposición e impugnación de los actos administrativos, definidos en los artículos 7°, 8° y 46° del proyecto de ley, posicionan al Ministro de la cartera por sobre las decisiones adoptadas por los Consejos Regionales y el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural, pudiendo este invalidar un acuerdo debidamente sesionado y ejecutado, menoscabando la legitimidad del Consejo y debilitando la Secretaría Técnica Nacional en cuanto a su rol técnico. Dándole, en consecuencia, mayor importancia a aspectos de carácter político. En concreto la iniciativa supone que los Departamentos de Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) y Pueblos Originarios (DEPO) desaparezcan para ser subsumidos en una orgánica que no posee las mismas características ni la misma estructura de funcionamiento actual. Poniendo en riesgo la capacidad de gestión lograda a la fecha, la cual es satisfactoriamente valorada por las comunidades de cultores, para ser incorporado en una orgánica aventurada y técnicamente no probada.

Establece una pobre definición de patrimonio al relegar además a una labor secundaria el trabajo de salvaguardia y protección de instituciones como Museos Nacionales y Regionales, Centro Nacional de Conservación y Restauración, Bibliotecas Públicas y Archivo Nacional.

Desde el punto de vista laboral, la propuesta considera una dependencia administrativa distinta de los trabajadores de las Secretaría Técnicas Nacionales y Regionales, despoja a los trabajadores/as del CMN, PCI y DEPO de la posibilidad de organización, de la formación de una Asociación de carácter Nacional que pueda velar por sus derechos o vulneraciones laborales, a lo largo del país. Si bien, poseen un quehacer común, los empleadores serán diferentes, legalmente no podrán constituir una organización nacional, esto representa una grave vulneración de derechos constitucionales que permite a los trabajadores públicos organizarse en Asociaciones.

4. Desprotección del patrimonio

Las declaratorias para la protección patrimonial históricamente han representado la expresión de una decisión de la sociedad, por lo tanto una manifestación de bien común, no obstante en la normativa propuesta, entrega la posibilidad de oposición efectiva a la protección patrimonial a personas particulares o intereses privados, haciendo residir la decisión de entregar tal protección en definitiva al Poder Ejecutivo, desconociendo nuevamente que la salvaguardia del patrimonio es una construcción social.

En materia de protección de Zonas Típicas se genera una traba a la protección efectiva de los barrios patrimoniales al generar un mecanismo burocrático de registro e inventario, que en la práctica impedirá la urgente protección de barrios y entornos de Monumentos Nacionales. Con la Ley actual y producto de la decisión política de declarar lo menos posible de patrimonio, en los dos últimos años, decenas de comunidades de barrios patrimoniales, han visto vulnerados sus
derechos al no tener respuesta, ni avances en las declaratorias solicitadas. Con la propuesta de ley, se pondrá el punto final a las declaratorias de Zonas Patrimoniales.

En materia de protección de sitios de memoria y memoriales, pese a que el proyecto de ley considera la inclusión y reconocimiento de éstos como una categoría patrimonial, resulta fundamental que el proyecto sea consultado con las organizaciones que han llevado adelante las declaratorias y la gestión de los sitios de memoria y memoriales del país.

Ningún sitio de memoria o memorial participó en la construcción de esta iniciativa. No es posible que el proyecto de ley no se enmarque en la normativa e instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, que establecen las obligaciones del Estado en relación con el acceso a la verdad, la preservación de potenciales evidencias probatorias de violaciones a los Derechos Humanos y la contribución de este tipo de bienes a las garantías de no repetición. Por otra
parte, el proyecto de ley, en la práctica, hará que la protección a los futuros sitios de memoria y memoriales sea más compleja, pues el trámite residirá en dos secretarías de Estado. Un aspecto cuestionable, dada la importancia de mantener la protección de estos sitios como testimonio de violaciones a los Derechos Humanos. Y como espacios que, en la actualidad, son parte de la vida democrática y representan parte de la reparación que debe realizar el Estado de Chile por la Dictadura Cívico-Militar (1973-1990). Tampoco se indica qué se hará con los ex centros de detención y tortura que hoy están en manos de las Fuerzas Armadas y de Orden. La declaratoria, tal como está en este proyecto de ley y por sí sola, no es suficiente para proteger a los sitios de memoria y memoriales del país.

Para el caso del patrimonio inmaterial, es necesario indicar que no se puede despojar a las comunidades del reconocimiento correspondiente, a menos que sea de motu proprio. Dado que el Patrimonio inmaterial no constituye bien público, sino que se estipula bajo el derecho consuetudinario. Además, el reconocimiento conlleva un proceso de patrimonialización (de salvaguardia) y de validación entre los actores participantes en lógica de acuerdo social, el cual
no puede ser impugnado desde intereses ajenos.

5. Ausencia de competencias ambientales y diálogo con otros cuerpos legales

En este ámbito, el proyecto de ley en discusión no reconoce el rol de organismo con competencia ambiental que ejerce el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural, hoy CMN, en el marco de los procedimientos de la ley de Medio Ambiente.

Es más, en su artículo 5° y 45°, transfiere responsabilidades al Servicio de Evaluación Ambiental, en cuestiones que superan la capacidad técnica del mismo. Un aspecto crítico que pone en juego el objetivo de una protección efectiva del Patrimonio Cultural y no es acorde con la intención de modernizar y agilizar la institucionalidad patrimonial. Hoy la competencia ambiental de CMN es fundamental para la prevención, protección y planificación ambiental. Especialmente sobre los componentes socioculturales del medio ambiente - concepto amplio de medioambiente - entre los que se encuentra el patrimonio cultural de la Nación. Los monumentos históricos, zonas típicas, monumentos arqueológicos y paleontológicos han podido ser protegidos hasta ahora, muchos de los cuales "no son renovables".
En consideración de esto, y tal como lo hemos mencionado en puntos anteriores, el mayor agente de pérdida patrimonial son los proyectos de inversión. Por lo tanto, dado lo especializado que es el ámbito del Patrimonio Cultural Material e inmaterial, no corresponde que se delegue facultades de carácter técnico al Servicio de Evaluación Ambiental, que no posee las competencias en material patrimonial.

En línea con esto último, el proyecto de ley carece de convergencia y diálogo con respecto a otros cuerpos legales y marcos normativos, ya sea la Ley de Bases del Medioambiente, en este caso. O en otros fundamentales como la Ley Pascua, el Convenio 169 de la OIT, la Ley indígena, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ley de Integración Social y Urbana y el Plan Nacional de Derechos Humanos.

6. Incentivos y sanciones

En términos de incentivo, que se ha presentado como uno de los principales aportes a la protección patrimonial, la iniciativa legal en la práctica supone un respaldo económico para propietarios de bienes patrimoniales con capacidad de financiamiento de obras de recuperación. No así para quienes no posean recursos económicos convirtiéndola en la práctica en un incentivo fuertemente regresivo en lo económico, obligando el ingreso a sistemas crediticios para el cumplimiento de la ley.

Sobre las sanciones, éstas no tienen un efecto disuasivo real frente a la destrucción patrimonial, sino más bien establece una línea de continuidad fuertemente permisiva. Esto se hace extensivo al tráfico ilícito de bienes culturales.

De esta forma, podemos concluir que el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural (boletín N° 12.712-24) no protege el patrimonio y estructuralmente no puede mejorarse con indicaciones que no podrán abordar los temas centrales. Dadas estas consideraciones, nos parece que la H. Cámara de Diputados debe rechazar la propuesta de ley.

De modo de permitir una efectiva discusión y que esta sea fruto de una participación real de ciudadanos, pueblos originarios, organizaciones sociales, e instituciones y sus trabajadores. La posibilidad de aprobar la idea de legislar supone, en la práctica, la aceptación de los principios y estructura básica contenida en este cuerpo legal, lo que entraña un grave riesgo de desprotección al patrimonio del país.


Adhieren a la carta abierta al 16 de octubre de 2019:
- Afucap
- Asociación Gremial de Trabajadores del Consejo de Monumentos Nacionales
- Anatrap
- Anfucultura
- Anfupatrimonio
- Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales
- Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile A.G.
- Red de Sitios de Memoria
- Sociedad de Escritores de Chile, Sech
- Gestoras en Red, Red Internacional Trabajadoras de las Culturas y las Artes
- Modatima, Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente
- Movimiento Cultura Viva Comunitaria Región Metropolitana
- Asociación de Barrios Patrimoniales y Zonas Típicas, Región de Coquimbo
- Asociación de Consejeros Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Región de Bío Bío
- Asociación de Consejeros Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Provincia de Bío Bío
- Red Nuñowe, Comunidades Patrimoniales de Ñuñoa
- Asamblea 1er Encuentro Nacional de Ecobarrios y Huertas Urbanas
- Fundación Aldea
- Fundación Apus
- Fundación Defensa Patrimonio de Barrio
- Fundación Investigación Acción Colchagua (Fiac-VI Región Chile)
- Fundación Patrimonio Nuestro
- Ong Vecinos Barrio San Eugenio
- Ong Kimkelen
- Ong Promoción de Derechos Culturales y Sociales
- Ong Pensamiento Crítico
- Corporación La Fabrica
- Corporación Cultam
- Corporación Defendamos Temuco
- Asociación de Memoria y Derechos Humanos Venda Sexy
- Corporación Memoria Borgoño 1470
- Asociación de Memoria y DDHH de Parral
- Parque por la Paz Villa Grimaldi
- Casa de Miguel Red Solidaria
- Red Solidaria Casa de Miguel
- Casa Museo Alberto Bachelet
- Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Mulchén
- Corporación La Serena Dieciséis de Octubre
- Agrupación Memorial Aeródromo Tobalaba
- Corporación 3 y 4 Álamos
- Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad
- Agrupación por la Memoria Histórica Providencia de Antofagasta
- Sitio de Memoria ex Clínica Santa Lucía
- Asociación por los Derechos Humanos y la Memoria José Domingo Cañas
- Desclasificación Popular
- Londres 38, Espacio de memorias
- Comunidad de Historiadores Mapuche
- Asodeplu
- Coordinadora Nacional Indianista Conacin
- Asociación Indígena Aymara Quechua Jacha Marca, Mesa Regional Indígena de Santiago, Comisión Cultura, Identidad y Patrimonio Indígena
- Somos Cerro Blanco
- Centro de Estudios para el Desarrollo Regional
- Cintras, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos
- Centro para el Progreso y Desarrollo de Chonchi
- Centro para el Desarrollo del Patrimonio y la Cultura Barrio Suarez Mujica
- Centro de Estudios Arqueológicos e Históricos Aikén
- Junta de Vecinos Barrio Yungay
- Junta de Vecinos Vila Olímpica
- Junta de Vecinos Parque del Deporte Unidad Vecinal 15 de Ñuñoa
- Junta de Vecinos Barrio República
- Junta de Vecinos Población Centenario
- Codepala, Comité de Defensa Patrimonial de Los Ángeles
- Plataforma Patrimonial de Playa Ancha
- Vecinos por la Defensa del Bario Yungay
- Mesa Ciudadana por el Patrimonio de Tomé
- Consejo Comunal para el Patrimonio Tomé
- Comité Social y Cultural Barrio Protegido Población El Carmen de San Joaquín
- Comité de Defensa Barrio Matta Sur
- Vigías del Patrimonio de Los Lagos
- Organización Barrio Elías de la Cruz
- Agrupación Patrimonio de Los Vilos
- Presidenta Colectivo Sociocultural Antofapatrimonial
- Cultura en Movimiento IV
- CVD Población Centenario
- Centro Cultural La Palmilla
- El barrio Que Queremos
- Agrupación de Artesanos del Cobre de Antofagasta
- Comité de Patrimonio y Cultura Bario República
- Agrupación Histórica Patrimonial Los Viejos Estandartes Antofagasta
- Comité de Reconstrucción Zona Típica de Zuñiga
- Ecobarrio Patrimonial Yungay
- Comisión Ética contra la Tortura
- Centro Cultural y Adelanto Keluwe de Ñuñoa
- Patrimonio Industrial Biobío
- Sociedad Mutualista Unión y Protección de Obreras de Valparaíso
- Potrerillos Amigos Siempre
- Escuela Taller de Artes y Oficios Fermín Vivaceta
- Escuela Taller de Copiapó
- Escuela Taller Antofagasta
- Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales de Antofagasta
- Escuela Taller Coya de Oficios Tradicionales
- Centro de Estudiantes de Arqueología Cearq de Universidad Católica de Temuko
- Museo Comunitario Casa Uno
- Museo Comunitario Barrio Yungay
- Sindicato Mar de Todos Marichiweu de Ancud
- Sindicato de Taxis de la Provincia de Bío Bío
- Equipo Técnico Declaratoria Zona Típica Villa Olímpica
- Comisión de Patrimonio de la Junta de Vecinos de Ramón Cruz
- Imprenta Barrial
- Revista Defensa de los Mares al Sur del mundo
- Raúl Zurita Premio Nacional de Poesía. Director Sociedad de Escritores de Chile
- Mauricio Uribe, Consejero del Consejo de Monumentos Nacionales
- Cesar Millahueique, Consejero del Consejo de Monumentos Nacionales
- Santiago Marín, Consejero del Consejo de Monumentos Nacionales
- Alejandra Vidal, Consejera del Consejo de Monumentos Nacionales
- Jorge González San Martín, Presidente Anfucultura
- José Osorio, Presidente Asociación Chilena de Barios y Zonas Patrimoniales, Presidente Consejo de la Sociedad Civil del Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural
- Nicolás Guillén, Tesorero Asociación Chilena de Barios y Zonas Patrimoniales, Consejero Consejo de la Sociedad Civil del Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural
- Sonia Neyra Rojas, Presidenta Asociación de Barrios Patrimoniales y Zonas Típicas Región de Coquimbo, Dirigente Pueblo Colla y Consejera Consejo de la
Sociedad Civil del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
- Erika Marambio, Presidenta Organización Funcional Barrio Suarez Mujica, Consejera Consejo de la Sociedad Civil del Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural
- Hugo Muñoz, Sociólogo, Consejero Consejo de la Sociedad Civil del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
- Daniela Barrios, Presidenta Colectivo Sociocultural Antofapatrimonial, Consejera Consejo de la Sociedad Civil del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
- Ana Olivares, Consejera Consejo de la Sociedad Civil del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
- Rosario Balcells, Antropóloga Social, Consejera Consejo de la Sociedad Civil del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
- Juan Carlos Muñoz, Presidente Asociación de Consejeros Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Región y de la Provincia de Bío Bío
- Wilma Varela, Consejera Consejo de la Sociedad Civil Municipalidad de Santiago
- Ximena Laurence, Consejera Consejo de la Sociedad Civil Municipalidad de Mafil
- Rosario Carvajal, Concejala de Santiago, Presidenta Comisión de Patrimonio Municipalidad de Santiago
- Camilo Kong, Concejal de Antofagasta, Presidente de Comisión de Turismo, Cultura y Patrimonio, Municipalidad de Antofagasta
- Isabel Cayul, Presidenta Junta de Vecinos Barrio Yungay y Presidenta Ecobarrio Patrimonial Yungay
- Gride Ballesteros, Presidenta Plataforma Patrimonial de Playa Ancha
- Amanda Droguett, Presidenta Comité de Reconstrucción Zona Típica de Zúñiga
- Jorge Weil, Presidente Vigías del Patrimonio Los Lagos y Director Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales
- Juana Arias, Presidenta Sociedad Mutualista Unión y Protección de Obreras, Playa Ancha, Valparaíso
- Samuel Yupanqui, Presidente Asociación Indígena Aymara Quechua Jacha Marca, Mesa Regional Indígena de Santiago, Comisión Cultura, Identidad y
Patrimonio Indígena
- Carmen Muñoz, Presidenta Ong Hijos del Exilio
- Angélica Navarrete, Presidenta Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume
- José Argel, Presidente Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecido y Ejecutados Políticos de Puerto Montt y Vicepresidente de Sitio de Memoria
Egaña 60 de Puerto Montt
- Christian Huaquimilla, Presidente CEM IV y Dirigente Pueblo Mapuche
- Eduardo Pérez, Presidente Agrupación Patrimonio de Los Vilos
- Manuel Concha, Director Conservar Escuela Taller, Conservador Restaurador, Profesor Facultad de Artes Universidad de Chile.
- José Segovia, Director Conacin, artista integrante del Grupo Arak Pacha
- Robinson Silva, Historiador, Director Escuela de Historia y Ciencias Sociales Universidad Austral de Chile-Valdivia
- Ibar González, Administrador Público, dirigente regional de AnfuPatrimonio, Atacama
- Mireya Muñoz, Tesorera Ecobarrio Patrimonial Yungay
- Liliana Candia, Directora Junta de Vecinos Barrio Yungay
- Abraham Parra Reyes, Director Imprenta Barrial
- Andrea Carmona, Secretaria Ecobarrio Patrimonial Yungay
- Caruso Moraga, Director Cajones de Yungay
- María José Larrondo, Arquitecto, Directora de Patrimonio Municipalidad de Valparaíso
- Francisca Fernández, Antropóloga Universidad Academia de Humanismo Cristiano
- Fernanda Kalazich, Arqueología Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo R.P. Gustavo Le Paige, Universidad católica del Norte
- Doina Munita, Arqueóloga
- Macarena Ahumada, Licenciada en Arqueología
- Carolina Massone, Conservadora Restauradora
- Iván Cortés, Profesor de Historia y Geografía
- Javiera Letelier, Arqueóloga
- Francisca Retamal, Psicopedagoga
- Ignacio Álamos, Antropólogo, Magister en Arqueología
- Jacqueline Moreno, Arqueóloga
- Patricio Cantos, Educador
- Pablo Mendez-Quiros, Arqueólogo
- Adrián Oyaneder, Arqueólogo
- Rocío Mac-Lean, Arqueóloga
- Verónica Reyes, Arqueóloga
- Rosario Cordero, Arqueóloga
- Christian Paredes, Antropólogo
- Katherine Fritis, Antropóloga Social
- Mariela González, Conservadora Restauradora
- Helena Horta, Arqueóloga, Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo R.P. Gustavo Le Paige, UCN
- Marina Rubilar, Diseñadora de vestuario, Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Mulchén
- Olga María Pinilla, Arquitecto
- Margarita Romero, Médico, Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad
- Ximena Navarro, Arqueóloga, Universidad Católica de Temuco
- Héctor Calvo, Diseñador Gráfico
- Viviana Vilches Wolf, Arquitecta
- Jorge González Jara, Profesor, diplomado Significar Nuestro Patrimonio" experiencias para prospectar el futuro del Barrio Playa Ancha Bajo, UPLA 2018.
- Muriel Martina Baumgatner, Arquitecta.
- Alejandro Cabrera, Arquitecto
- María Soledad Frez Tapia, Gestora Patrimonial Potrerillos Amigos Siempre.
- Miriam Álvarez, vecina Junta de Vecinos Barrio Yungay
- Victoria Navarro, vecina Junta de Vecinos Barrio Yungay, colaboradora Escuela Taller de Artes y Oficios Fermín Vivaceta
- Amelia Ponciano, vecina Junta de Vecinos Barrio Yungay
- Ariel Chamorro, Asociación Yungay de Artes y Oficios
- Luis Ojeda, Asociación Aymara Inti Marka
- Álvaro Bustos, vecino Junta de Vecinos Barrio Yungay

 



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