Victoria

¡INMEDIATA EMISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES E INVESTIGACIÓN!

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En el Estado de Chiapas, como mecanismo de  ingresos ha venido contemplando y ejerciendo conceptos  de “Impuesto Estatal sobre Tenencia” y  “Refrendo vehicular o cambio de placas”. En el año 2016, el titular del Poder Ejecutivo presentó, con el conocimiento de la Secretaría de Hacienda estatal,  la iniciativa al Congreso del Estado para eliminara el pago del “Impuesto Estatal sobre Tenencia”, lo que también fuera eliminado lo correspondiente a este año 2017.

A mediados del mes de julio de este año, indebidamente la Secretaria de Hacienda, conjuntamente con la Secretaria de Seguridad del Estado y elementos de la Policía Municipal y de Tránsito del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, instalaron  retenes  en diversas partes de esta ciudad capital, en los cuales de manera aleatoria, -indebida e ilegalmente-  procedían a la revisión de las unidades, solicitando documentación personal, así como de las unidades sin existir mandato de autoridad judicial competente, y mucho menos con el aval de autoridad administrativa alguna. Han realizado el retiro de las placas correspondientes de las unidades, bajo el argumento que no se ha realizado el cambio de las mismas  y de que se deben refrendos y pagos de tenencia anteriores al 2016, lo cual resulta ser un acto administrativo totalmente violatorio de derechos humanos, sobre todo al derecho humano a la legalidad y de la seguridad jurídica, ya que todos los créditos fiscales en favor del Estado deben de ser requeridos mediante la figura jurídica del Procedimiento Administrativo der Ejecución (PAE), a que se refiere el artículo 111 del Código de Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.

La realización de estos actos administrativos de colocación de retenes, es violatorio del derecho humano a la libertad de tránsito, legalidad y seguridad jurídica (inexistencia de motivación y fundamentación del acto administrativo), ya que se propicia una restricción u obstaculización arbitraria en la libre circulación y para ser legales y constitucionales tienen y deben de ser avalados por una autoridad administrativa,  en este caso, Secretaria de Hacienda, mediante una orden por escrito, que en el presente caso no se aprecia su existencia.

Por lo anterior  el pasado 02 de agosto se presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chiapas con número de expediente CEDH/539/2017 en contra de los servidores públicos, los CC.   Manuel Velasco Coello, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas y titular del Poder Ejecutivo del Estado, Humberto Pedrero Moreno, Secretario de Hacienda del Estado dependiente del Poder Ejecutivo; José Luis Llaven Abarca, Secretario de Seguridad Pública del Estado, dependiente del Poder Ejecutivo; Fernando Castellanos Cal y Mayor, Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y Moisés Grajales Monterrosa, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Por violaciones al derecho humano a la Legalidad y la Seguridad Jurídica, Prestación Indebida de Servicio Público, Violación al Derecho a la Libertad de Tránsito y Circulación y Violación al Derecho a la Libertad de Pensamiento y  Expresión.

Así que se solicita de CARÁCTER URGENTE al Ombudsman Local, Juan Oscar Trinidad Palacios lo siguiente:

I.- Con la finalidad de prever la posible violación de derechos humanos y garantías fundamentales de difícil o imposible reparación en agravio de la población chiapaneca,  emisión de Medidas Cautelares al Gobernador Constitucional del estado de Chiapas, al Secretario de Hacienda, Secretario de Seguridad Pública, Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y Secretario de Seguridad Pública y de Tránsito del H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la implementación de medidas que garanticen el derecho humano a la Legalidad y Seguridad Jurídica y libre circulación.

II.- Si de las investigaciones que se realicen  dentro del expediente de queja número CEDH/539/2017, se tipificara algún tipo penal y/o eventual responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos señalados como responsables, constituirse como denunciante y presentar la denuncia correspondientes (penal) ante la representación social y/o en su caso denuncia administrativa ante el órgano de control administrativo de las autoridades y servidores públicos señalados como responsables.

 

Suscribe:

Dr. José Adriano Anaya, Coordinador de la Maestría en Defensa de los Derechos Humanos que se imparte en la UNACH y propietario y director del diario “Contrapoder” de la Entidad Federativa de Chiapas del Estado Mexicano.



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