Inembargabilidad de la vivienda de jubilados y pensionados

0 persona firmaron. ¡Ayudá a conseguir 200!


 

Proyecto de Ley Inembargabilidad de la Vivienda Única de Beneficiarios del Sistema Nacional de Seguridad Social

Autora: Silvina García Larraburu

Situación: Los beneficiarios de las distintas prestaciones del sistema de seguridad social, con montos iguales o menores a la canasta básica, completan esa insuficiencia contrayendo créditos del sistema y fuera de él. La intensidad de la crisis que padecemos los hace incurrir en morosidad y en riesgo de perder su vivienda única, ya que está expuesta a la ejecución de los acreedores.

Propuesta: Proteger a los beneficiarios del Sistema Nacional de Seguridad Social declarando inembargable la vivienda única y excluyéndola de la agresión de los acreedores. 

Se busca:

  1. Atender la situación de alta vulnerabilidad de los beneficiarios de prestaciones del sistema de seguridad social.
  2. Enfrentar el crecimiento del nivel de endeudamiento y de morosidad de esos beneficiarios.

Ver Ficha

 

Proyecto de Ley

INEMBARGABILIDAD DE LA VIVIENDA UNICA DE BENEFICIARIOS
DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
ARTICULO 1°.- Declárase inembargable el inmueble urbano o rural, utilizado como
vivienda única, de propiedad de un beneficiario del sistema nacional de seguridad
social, que perciba un total de prestaciones del sistema, igual o inferior a tres
jubilaciones mínimas, siempre que el citado inmueble sea el único bien de su
propiedad.
ARTICULO 2°.- La protección prevista en el artículo 1° se extiende también al
condominio, si el beneficiario condómino es quien utiliza el bien inmueble como
vivienda única. Alcanza también al beneficiario que posee el inmueble que destina a vivienda única, en virtud de un boleto de compraventa, en los términos del artículo 1170 del Código Civil y Comercial de la Nación.
ARTICULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El último párrafo del artículo 14 bis de la Constitución Nacional ha establecido un máximo nivel tuitivo para los beneficiarios del sistema de seguridad social. De esa manera, la Constitución reconoce el mayor grado de vulnerabilidad que esas persona padecen y que, como consecuencia, convierten en imperativa su protección estatal. Este mandato constitucional ha sido desoído reiteradamente, y
ese sector es ámbito de constantes ajustes y afectaciones a su solvencia, además
de exhibir un altísimo grado de litigiosidad, lo que evidencia la dificultad de acceder a los derechos que la Carta Magna asegura.

En tiempos de crisis esa vulnerabilidad característica se agrava, ya que como consecuencia de los escasos montos de las prestaciones y su insuficiencia para cubrir el estándar mínimo de una vida digna, los beneficiarios se ven obligados a endeudarse para cubrir necesidades más elementales. Durante mucho tiempo estuvieron a merced de un sistema financiero que permitió el abuso de los prestamistas, las altas tasas y la desinformación. Cuando el Estado desplazó a estos acreedores inescrupulosos con ofertas crediticias como las que se brindan a través del sistema de créditos Argenta (sistema instituido por el decreto 246/11 y actualmente reglado por el decreto 516/2017, ambos modificatorios de la ley 24.241), los beneficiarios pudieron tomar créditos con la seguridad de no ser objeto de abusos.

Sin embargo, ese sistema se revela ineficaz en épocas de crisis económica y de alta inflación, ya que la insuficiencia de las prestaciones es crónica y obliga a sus titulares a completarlas con créditos. Y esa demanda crediticia no solo es cubierta con el sistema Argenta, sino también a través de productos del sistema financiero. Esta acumulación de créditos, tomada incluso para afrontar facturas de servicios esenciales, ha incrementado el nivel de morosidad del sector. Ante la mora, el tratamiento que el sistema jurídico dispensa al beneficiario incumpliente es igual al de cualquier deudor. Sin embargo, el ya citado nivel de vulnerabilidad justifica una discriminación tuitiva, que la ley ha contemplado respecto de las prestaciones que recibe (artículo 14, inciso c, de la ley 24.241), pero no ha previsto con relación a su vivienda.

La defensa del bien de familia que ordena el citado artículo 14 bis, puede reglamentarse a través de un sistema convencional y voluntario, como el previsto en los artículos 244 y siguientes del Código Civil y Comercial, o a través de “otras disposiciones legales” (art. 244 citado) como la que se proyecta. La protección convencional y voluntaria supone un grado de información con el que no necesariamente cuentan los beneficiarios del sistema de seguridad social, que hoy están expuestos a los embargos y las ejecuciones de sus acreedores. La medida que se propicia no necesariamente habrá de suponer una retracción de ofertas crediticias de parte del sistema financiero, ya que la dación de créditos a este sector no está motivada en la posibilidad de ejecutarlos, sino en la seguridad de los descuentos por planillas y, también, en la regularidad de sus cobros mensuales.

Sin perjuicio de ello, cualquier agravamiento de la situación de los beneficiarios como consecuencia de crisis económicas, coyunturales o estructurales, impone atenderlas y morigerarlas. Una de los fines esenciales del Estado es, precisamente, el amparo de las situaciones de debilidad y de las personas que las padezcan.
Por las razones expuestas, solicito de los Señores Senadores me acompañen en la propuesta de ley.

 



Hoy: Silvina cuenta con tu ayuda

Silvina García Larraburu necesita tu ayuda con esta petición «Inembargabilidad de la vivienda de jubilados y pensionados». Unite a Silvina y 152 personas que firmaron hoy.