El deber de respeto de los partidos políticos a los principios democráticos y los valores constitucionales son principios básicos que todo partido político, de nueva o vieja creación, debe respetar para ser considerado legal, como exige nuestra Constitución y la Ley 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos.

La Ley 6/2002, de Partidos Políticos, se creó para proteger y preservar las garantías constitucionalistas que entre todos fueron consensuadas en un momento de transición. Es un modo de salvaguardar las libertades y derechos que en su día se recogieron en la Carta Magna para, precisamente, protegerlos de nuevas agresiones fascistas, dictatoriales y antidemocráticas.

El artículo 6 de nuestra Constitución establece que tanto la creación como el ejercicio de la actividad de los partidos políticos "son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos", debiendo establecer fórmulas de participación directa de sus afiliados, exigencias que reiteran los artículos 6 y 7 de la Ley de Partidos Políticos.

Asimismo, "un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante alguna de las siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave," entre otras, vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual (artículo 9.2 a.)

Un partido es ILEGAL y ANTICONSTITUCIONAL si promueve en su programa electoral:

1. La suspensión de la autonomía catalana y la implantación de un solo gobierno y un solo parlamento para toda España, cuando la Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
2. La ilegalización de los partidos, asociaciones u ONGs que persigan la destrucción de la unidad territorial de la Nación y de su soberanía, cuando la Constitución reconoce como valor superior del ordenamiento jurídico español el pluralismo político.
3. Suprimir el requisito del conocimiento de la lengua cooficial en el acceso a la función pública de forma que se evite cualquier tipo de discriminación, cuando la Constitución protege la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España como patrimonio cultural, objeto de especial respeto y protección y reconoce asimismo las lenguas cooficiales.
4. Derogación inmediata de la Ley de Memoria Histórica, una ley que reconoce y protege los derechos de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
5. Deportación de los inmigrantes que estén de forma legal en territorio español pero que hayan reincidido en la comisión de delitos leves o hayan cometido algún delito grave, cuando según la Constitución los extranjeros gozarán en España de las mismas libertades públicas que un español, iguales ante la ley (sobre todo penal) la cual no debe discriminar por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, como haber nacido en un país de origen distinto del cual ahora resides de forma legal.
6. Cierre de mezquitas fundamentalistas. Expulsión de los imanes que propaguen el integrismo, el menosprecio a la mujer o la yihad, teniendo en cuenta que la Constitución garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades.
7. Derogación de todas las leyes que desde la llamada “perspectiva de género” generan desigualdad y discordia social, facilitan la malversación de dinero público, adoctrinan a los menores e imponen un pensamiento único a través de severas sanciones administrativas y un subvencionado apoyo mediático, vulnerando con ello no sólo el artículo 15 de nuestra Constitución que reconoce el derecho de todos a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes, sino también la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer de 1979; la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia sobre la mujer, proclamada en diciembre de 1993 por la Asamblea General; las Resoluciones de la última Cumbre Internacional sobre la Mujer celebrada en Pekín en septiembre de 1995; la Resolución WHA49.25 de la Asamblea Mundial de la Salud declarando la violencia como problema prioritario de salud pública proclamada en 1996 por la OMS; el informe del Parlamento Europeo de julio de 1997; la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1997; y la Declaración de 1999 como Año Europeo de Lucha Contra la Violencia de Género, entre otros. Muy recientemente, la Decisión n.º 803/2004/CE del Parlamento Europeo, por la que se aprueba un programa de acción comunitario (2004-2008) para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre la infancia, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo (programa Daphne II).
8. Supresión de organismos feministas radicales subvencionados, cuando el derecho de asociación es un derecho fundamental recogido como tal en el artículo 22 de la Constitución y pudiendo dichas asociaciones única y exclusivamente ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada, no en virtud de la arbitrariedad de un partido político antidemocrático.
9. Y un largo etc... 

Por eso, planteo la cuestión a PODEMOS o PSOE, para que, desde el Congreso de los Diputados o el Senado se inste al Gobierno que salga electo a solicitar la efectiva ilegalización del partido político VOX, quedando obligado el Gobierno a formalizar la correspondiente solicitud de ilegalización según el art. 11.1 de la Ley de Partidos.

RUEGO plantear esta cuestión con todas las garantías que otorga nuestro ordenamiento jurídico, ante el cual todos respondemos en igualdad según nuestra Carta Magna, como instrumento de protección de nuestra democracia, para evitar que, a través de las urnas, se cuelen partidos antidemocráticos y que vulneran fragrantemente los derechos y libertades que tanto sudor, sangre, lágrimas y años han costado a nuestras madres, padres, abuelas, abuelos y antepasados construir.

España no la representan los símbolos y trozos de tela, sino aquellos que sufrimos desde abajo y cada día, las consecuencias de las malas decisiones de arriba.