Que el clientelismo sea ilegal - Proyecto de Ley

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Este proyecto busca promover un proyecto de ley para declarar ilegal cualquier forma de clientelismo político en todo el territorio nacional de la República Argentina.

Año tras año, somos testigos de cómo una importante cantidad de protagonistas de la actualidad política del país, llegan a sus cargos o se perpetúan en ellos, mediante técnicas que comúnmente llamamos "cientelismo", pero que bien podrían encuadrarse a veces, en los parámetros del soborno.

El mecanismo es simple y harto conocido por quienes tengan más de 30 o 40 años. Aplica de la misma manera para: Intendentes, Concejales, Diputados, Senadores, Gobernadores y demás cargos intermedios. La consigna es ofrecer algo a cambio de votos. Una estrategia que se cree que nació con el Peronismo, allá por los años '40, cuando públicamente, Perón y Evita regalaban juguetes, ropa y capzado a las familias más pobres, comprometiendo de esa manera, su voto a favor.

A lo largo de los años, esta técnica no sólo no ha desaparecido, sino que se ha transformado para subsistir, llegando a límites insospechados. En algunos casos se continúa recurriendo a regalar zapatillas, mercadería, medicamentos, etc. En otros, se regalan vales de combustible, se reparten beneficios económicos en efectivo o préstamos y hasta se ha llegado a entregar propiedades a cambio de votos, en el interior del país.

Estas artimañas deben terminar. El voto comprado le quita la posibilidad a otros candidatos y permite que algunos gobernantes se transformen en señores feudales que controlan vida y obra de su pueblo, manteniéndolos como rehenes de sus "regímenes" de hambre y miseria, sin transformar sustancialmente la vida de sus gobernados.

Todo artilugio utilizado para forzar el voto de una persona a favor de un determinado candidato, mediante la entrega de bienes muebles o inmuebles, beneficios económicos, condonaciones de deuas impositivas, promesas de empleo en puestos públicos y cualquier otra forma de intercambio de favores, debe ser declarada ilegal, con el consiguiente castigo al funcionario y/o candidato implicados, mediante la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público en el futuro, por un plazo no inferior a dos períodos presidenciales.

Esto sería justicia social.