La educación y la inclusión

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Construcción de Rampas y baños para alumnos con “capacidades diferentes” en todas las escuelas.

Se modifiquen las normas que establecen la admisión de niños y jóvenes con “capacidades diferentes”, dejando de lado el cupo por aula,

Que todas las escuelas tengan rampas y baños adecuados para personas con “discapacidades diferentes”

Una escuela inclusiva es más que instalar una rampa          

Suele considerarse que una escuela es inclusiva solamente por su infraestructura.

Esta acepción es utilizada por las mismas autoridades, cuando hablan de “instituciones educativas inclusivas”, si las construcciones incluyen rampas o sanitario dirigidos a los estudiantes con discapacidad física.

La inclusión no es solo la obligatoriedad de inscribir a los niños con discapacidad en las escuelas, además implica un cambio de cultura escolar,  la escuela debe ser un lugar donde todas las personas podamos crear sentido.

Si bien la Ley  en Argentina establece que las personas con discapacidad tienen derecho a una educación inclusiva, en la mayoría de los casos la realidad no se condice con la norma.

Los padres de los chicos con alguna discapacidad suelen encontrarse con una barrera cuando intentan inscribir a sus hijos en la escuela.

De acuerdo a lo declarado en el Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales por ONU (1999), la educación debe tener cuatro características fundamentales e interrelacionadas: asequibilidad o disponibilidad, que supone que las instituciones educativas tienen que funcionar y estar disponibles en cantidad suficiente; accesibilidad, que implica que las escuelas deben ser accesibles física, comunicacional y económicamente a todos, sin discriminación y la aceptación, que supone que la forma y el fondo de la educación deben ser relevantes, adecuados culturalmente y de buena calidad y por lo tanto, ser valorados por los estudiantes y familias.

Las personas con discapacidad en escuelas especiales son segregados y, por tanto, un acto de discriminación que no respeta el “derecho a la educación inclusiva”.

Las negativas de matriculación se fundan en la imposibilidad de los niños con discapacidad para cumplir con las exigencias de las instituciones, la falta de recursos para llevar a cabo un proceso de inclusión o el “cumplimiento de un cupo por discapacidad”.

En ocasiones, la negativa (que rara vez es documentada y justificada por escrito) se produce después de haber solicitado a las familias diversos estudios médicos, los cuales se consideran no solo suficientes sino, también, imprescindibles para determinar si el niño puede o no ingresar a un determinado establecimiento.

“Estas conductas configuran actos de discriminación por motivos de discapacidad”.

El artículo 2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad define “discriminación por motivos de discapacidad” como “cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo.

Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables”.

Esto implica que está prohibida toda práctica que excluya a un alumno con discapacidad con fundamento en su supuesta imposibilidad para abordar los contenidos o la falta de recursos para llevar a cabo un proceso de inclusión.

El derecho a la educación inclusiva debe ser asegurado no solo por las escuelas públicas, sino también por las privadas.

“En el caso de que éstas no permitan el ingreso de un niño fundándose en su discapacidad, el Estado deberá intervenir para poner fin a esa práctica discriminatoria pues es el último garante de este derecho”.

Una escuela no puede negarse a incorporar a un niño o adolescente invocando el cumplimiento del “cupo por discapacidad”, ya que prever que solo puede haber una determinada cantidad de alumnos con discapacidad por aula o por año es una forma más de discriminar”.

De igual modo, afirman que tampoco una familia puede ser obligada por una escuela o por algún organismo del sistema educativo a enviar a su hijo a una escuela especial.

La educación inclusiva es un derecho, no una decisión de las escuelas ni del Estado

La escuela es un ámbito de integración, de igualdad, y compartir un espacio con un chico que se integra también es un proceso de aprendizaje para todos los chicos del curso”

Los niños no discriminan solo imitan a los adultos que son los que educan y les trasmiten valores, entonces, si los educadores  discriminan, qué se puede esperar de los chicos.

El problema no son los chicos, toman a estos compañeros naturalmente, el problema somos los adultos, que tenemos miedos de la gente distinta.

Los Docentes de las escuelas “Integradoras o Inclusivas” deben capacitarse y sobre todo humanizarse.



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