NO A LA OKUPACIÓN ILEGAL, POR UNA LEY JUSTA YA

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Actualmente todos los propietarios de viviendas en España, sin importar la edad, sexo, etnia, clase, ideas políticas ni creencias religiosas, están totalmente desprotegidos por la ley ante las cada vez más frecuentes usurpaciones que sufren de sus viviendas, vacías o no, por parte particulares o de grupos organizados que se aprovechan de los resquicios legales que amparan su actividad de okupación y les permiten adueñarse, de facto, de propiedades que no les pertenecen.

Bajo el paraguas de la indigencia y de la falta de trabajo, ciertos individuos se amparan en el derecho a una vivienda digna aún a costa de adueñarse de la de los demás por la fuerza y con amenazas cuando se les reclama la propiedad.

Todo esto se ve agravado por el hecho de que el propietario, ante las administraciones públicas, sigue siendo responsable, a todos los efectos, del pago de todos los impuestos y tasas que recaen sobre la vivienda. Y también del abono de los recibos de todos los suministros de que dispone la vivienda, es decir que seguirá pagando la luz, agua y gas que disfruten sus okupas ilegales, ya que si los da de baja estos pueden denunciarlo.

Los representantes políticos, elegidos para defender los derechos de todos los ciudadanos, tienen que dar una respuesta contundente reformando una legislación que se ha quedado anticuada sobre la propiedad privada y defender los derechos de los propietarios ante una plaga que no hace más que crecer y que amenaza a toda la sociedad.

Un democracia como la nuestra, cimentada en gran medida sobre la construcción de viviendas y la recomendación a los trabajadores de que no hay mejor inversión que la de comprar una vivienda, no puede dar la espalda ahora al expolio de los okupas y al chantaje al que se ven sometidos los propietarios cuando reclaman lo que les pertenece, sin que la ley proteja sus derechos como es debido.

Señores políticos, reformen la ley para que proteja adecuadamente a los millones de propietarios de viviendas y locales de este país qué tan generosamente contribuyen, pagando sus impuestos, al mantenimiento de los gastos de estado, incluyendo las políticas de protección social de las que se benefician los colectivos más desfavorecidos.



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