Permitir el alquiler vacacional a través de Airbnb en respeto a la propiedad privada

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El auge de las plataformas que permiten la economía colaborativa ha hecho que exista actualmente un limbo legislativo que produce cierta incertidumbre entre la población. Es el caso de Airbnb, HomeAway, Über, Cabify, BlablaCar, etc.

En esta petición nos centraremos en las plataformas que promueven el alquiler vacacional como por ejemplo Airbnb y HomeAway, que son las más conocidas.

Ante este limbo legislativo, en vez de promoverse el uso de estas plataformas para que la mayoría de la población se beneficie de los ingresos que traen los turistas que nos visitan, se ha tomado la dirección contraria: la prohibición.

Es dudosamente ético (y ciertamente inmoral) que una administración pública coarte e invada el derecho a la propiedad privada de todo ciudadano, así como su legítimo derecho a hacer con su propiedad privada o vivienda lo que este individuo encuentre oportuno o le aporte mayor beneficio.

Desde las AAPP se intenta criminalizar a los propietarios de viviendas que deciden alquilarlas a corto plazo mediante Airbnb o HomeAway alegando que esto implica un encarecimiento de los alquileres y una reducción de la oferta de viviendas en alquiler para el largo plazo.

Asimismo, vemos cómo pese al aumento de demanda de vivienda en territorios populares como Illes Balears, Madrid o Barcelona, no se está promoviendo una liberalización del suelo para construir nueva vivienda (medida que aumentaría la oferta y haría que bajase el precio). Al contrario, se pretende restringir y acotar, coartando la libertad de los ciudadanos.

En Mallorca se pretende llevar a cabo una prohibición con multas de hasta 40.000€ a quien alquile su propiedad en un edificio plurifamiliar mediante una de estas plataformas. Sin embargo, no se tienen en cuenta una serie de realidades:

1) El alquiler a largo plazo puede causar problemas como el impago prolongado de la mensualidad, destrozos en la vivienda, deterioro, etc. A pesar de esto, el propietario bajo la ley actual puede tener muchos problemas para echar al inquilino. El día que sea fácil actuar contra impagos y destrozos en la vivienda de manera rápida y eficiente, mucha gente podría preferir alquilar su vivienda por este método, pero hoy en día resulta mucho más eficiente el alquiler vacacional, ya que el inquilino está sólo unos días y esto permite al propietario entrar a la vivienda y comprobar que todo está bien. En caso de destrozos, Airbnb posee un seguro que cubriría gastos.

2) El alquiler vacacional permite que la riqueza se reparta mucho más equitativamente. Los gobiernos de izquierdas (mal llamados “progresistas”) siempre han hecho bandera de la repartición de la riqueza, pero de cara al alquiler vacacional sólo han regulado de manera en que se beneficia totalmente a los grandes grupos hoteleros y no a las familias. Pretenden que las pernoctaciones se realicen sólo en establecimientos hoteleros, propicios al todo incluido, en vez de que se reparta por toda nuestra geografía, lo cual beneficia a las familias (que reciben el alquiler y en muchos casos es un sustento muy necesario), al pequeño comercio de barrio (ya que los turistas realizan compras alrededor de su alojamiento), al transporte público (ya que se mueven desde núcleos menos turísticos hacia otros más céntricos o monumentales), etc.

3) El alquiler vacacional mediante estas plataformas realiza todo ingreso de manera telemática, por lo que es imposible que se defraude a Hacienda. El beneficio generado por el alquiler se ingresa automáticamente y de manera mensual en la cuenta corriente del propietario, por lo que Hacienda está informada de facto. Sin embargo, mucha gente todavía se empeña en decir que es una manera de no pagar impuestos, cosa que como vemos es incorrecta ya que no hay escapatoria, no se hace ningún pago en negro. Todo se declara a través del apartado de Rendimientos del Capital Inmobiliario en el IRPF.

Muchos estudios concluyen que no existe correlación entre las plataformas de alquiler vacacional y el aumento del precio de la vivienda (o la escasez de oferta para el alquiler), como el realizado por la UIB en 2017: http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2017/05/04/investigadores-uib-dicen-alquiler-turistico/913505.html

Por estas razones, ya que no debemos poner puertas al campo, debe regularse permitiéndose y no coartando la libertad de los ciudadanos que con su duro trabajo han llegado a comprarse una vivienda para ahora recoger los frutos. Las AAPP no deben contribuir a perpetuar la pobreza y deben permitir que las familias puedan sacar rendimiento a sus activos. Probablemente podrán no permitir que se haga un negocio de esto (con propietarios que pongan más de 1 ó 2 viviendas en alquiler vacacional) pero no deben de ninguna manera prohibir beneficiarse del alquiler vacacional a familias que tienen una sola vivienda aparte de la suya propia.

Muchas de estas familias, debido a la situación de elevado paro que se vive en nuestro país, dependen exclusivamente de estos rendimientos y para ellas es el único sustento del que disponen para llegar a fin de mes. Si se prohíbe, se contribuye a que por aversión al riesgo se decida no alquilar de ninguna manera (por miedo a verse ante situaciones de indefensión por impagos del inquilino o destrozo de la vivienda, sin que la administración les provea de un desahucio rápido o resarcimiento de los daños) o alquilar a un precio mucho más alto para poder sacar el mismo rendimiento que se saca por alquiler vacacional, computando también un extra por el riesgo que supone dicho alquiler ante la ausencia de una eficiente respuesta por parte del Estado.

Pedimos entonces una regulación que permita que los propietarios dediquen su propiedad privada al uso que estimen oportuno sin ser criminalizados por ello.



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