PROTECCIÓN A LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES Y ETNICOS

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En el año 2017 fueron más de un centenar de lideresas y líderes sociales asesinados, en lo corrido de este año van quince, entre estos podemos contar a varios indígenas y afrocolombianos. Lo paradójico es que desde el comienzo de la implementación de los acuerdos de paz con las Farc van setenta y cinco líderes asesinados y hasta el momento la respuesta del gobierno ha sido que la “inmensa mayoría” de los asesinatos de líderes sociales en las regiones “son frutos de un tema de linderos, de un tema de faldas, de peleas por rentas ilícitas”.

 A lo anterior se añade; que en marzo del 2017 murieron 25 mayores Wiwa - Koguies, por causas desconocidas, quedando 45 niños huérfanos en la zona sur de la Sierra Nevada de Santa Marta. Suceso que no ha tenido la difusión y atención suficiente; tratándose de una situación de emergencia. Meses después en esta misma zona ocurrió una avalancha que acabo con los cultivos que producen el alimento para esta comunidad, hecho que genera hasta hoy una alerta roja por hambruna para más de 250 indígenas al silencio de todos los colombianos.  De los 45 niños huérfanos ya van 7 muertos por falta de visibilización de la situación y de interés estatal por las comunidades dispersas y su no atención de salud ni de primer ni de segundo nivel.

La crisis que viven comunidades indígenas y afrocolombianas en zonas como La Guajira y el Pacífico, es evidente.  Los principales afectados: todos sus niños.

 POR LO TANTO:

Hacemos un llamado a la sociedad colombiana, a las entidades responsables, organizaciones nacionales y la comunidad internacional para atender de forma urgente la situación de las comunidades indígenas y minorías étnicas de Colombia. En especial de las comunidades dispersas en lugares de la geografía nacional de difícil pero necesario acceso.

Como organizaciones comunitarias, sociales, étnicas, ambientalistas y sobre todo como defensoras del derecho a la vida en condiciones de dignidad rechazamos de forma categórica la situación de indiferencia y descuido estatal, frente a todas las comunidades indígenas y minorías étnicas de este país, en especial las comunidades dispersas que como el caso aquí mencionado no ha tenido seguimiento alguno ni la debida atención durante estas situaciones de emergencia y alto riesgo por hambruna.

De igual forma rechazamos todo acto violento proferido a las y los líderes sociales y ambientales de este país, lo cual  incluye las más de trecientas amenazas contra sus vidas y los asesinatos perpetrados durante lo corrido del año.  Consideramos que el derecho a la vida y su preservación es un derecho prioritario por el cual debemos velar todos, razón por la cual

 EXIGIMOS:

1.    Se realicen todas las acciones necesarias para garantizar la vida digna de las comunidades étnicas en nuestro país, en especial todo lo que atañe a las así llamadas comunidades dispersas.

2.    Atención inmediata a todo lo que atenta en forma directa a la protección de los líderes sociales y ambientales en todo el territorio nacional.

3.    Esclarecer los asesinatos de las y los diferentes líderes sociales del país.

4.    Se haga el correspondiente seguimiento e investigación por parte de las diferentes entidades del estado, así como de la comunidad internacional a las amenazas contra las y los líderes sociales.

El derecho a la vida, la integridad y el contribuir a la construcción social del territorio; son obligaciones y derechos de todos los colombianos, razón por la cual exigimos la activación y puesta en marcha de todas las acciones pertinentes y sistemas, que conlleven de forma permanente a la aplicación efectiva de los derechos y protección de las comunidades y sus líderes.

Agradecemos el apoyo de la comunidad y organismos internacionales en busca de garantizar la vida y dignidad de nuestros líderes sociales y comunidades étnicas.



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