Petición cerrada

Gobierno de España: denuncia del Concordato España-Santa Sede. Ya.

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Desde 1953 la Iglesia Católica disfruta de unos privilegios insostenibles en un Estado Democrático de Derecho en el concierto de las Naciones occidentales. Entre otros:

Exención fiscal para los bienes y actividades eclesiásticos. TODOS, no solo los templos.

Subvenciones para la construcción de nuevos edificios y mantenimiento de su patrimonio.

Derecho a constituir universidades.

Derecho a operar estaciones de radio y publicación de periódicos y revistas.

Protección contra la intrusión policial sobre propiedades de la iglesia;

Monopolio católico sobre la enseñanza religiosa en las instituciones públicas educativas (los niños de otras religiones podían estar exentos pero no se contemplaba la situación de ateos, agnósticos ni apóstatas, cuya mera existencia no se reconocía)

Monopolio católico en el culto público, excepto en Marruecos donde se toleran otras religiones.

A todo esto, la jerarquía eclesiástica se arroga el derecho de interferir en la actividad social, cultural, económica y política de España, llamando incluso a la rebelión civil contra las disposiciones administrativas y legislativas, no solamente dimanadas del Gobierno, sino también del Poder Legislativo y Judicial.

España es, constitucionalmente, un Estado Democrático de Derecho "...que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político". (Título Prreliminar. Artículo 1). Además, "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social." Y "Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley."

Es hora ya de implementar esta parte declarativa de nuestro ordenamiento y liberarnos del yugo opresivo de un Estado extranjero que dicta las normas para la convivencia de unos ciudadanos libres, iguales  y soberanos.



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