La gran cantidad de desechos industriales tóxicos y peligrosos que produce la civilización industrial es uno de los más graves problemas de nuestra casa común. En México, con la complicidad de las autoridades, el 75% de esos venenos se desecha sin control en ríos, barrancas y basureros al aire libre. El Gobierno no ha querido establecer una política seria que obligue a los industriales a mejorar sus prácticas, a reducir la cantidad de basura tóxica que producen, reciclarla y confinarla en el sitio donde la generan. Los confinamientos están mal reglamentados, por eso son un negocio multimillonario que los empresarios tratan de instalar cerca de comunidades rurales aisladas que creen vulnerables y poco capaces para defender sus derechos.

Los pobladores del Municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, han vivido en sus tierras durante generaciones sin dañarlas y de acuerdo con los recursos naturales de la región (cabras, lechuguilla, candelilla, orégano, maíz, frijol, etcétera); han conservado su patrimonio biocultural, -desde semillas criollas hasta costumbres y creencias-, porque es la base de su sustento e identidad. Sin embargo, la empresa denominada Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula en San Luis Potosí, pretenden construir en esos municipios dos confinamientos para trasladar desde cientos de kilómetros millones de toneladas de residuos tóxicos y peligrosos.
Imponer un confinamiento de residuos tóxicos y peligrosos a campesinos y ganaderos en pequeño, que viven del autoconsumo y que han cuidado durante siglos la biodiversidad, es un violento crimen empresarial que viola los derechos humanos a un medio ambiente sano, y siembra conflictos por la llegada de empresarios y técnicos ajenos a la comunidad. Ha sucedido así en otros lugares. Después de trabajar durante años, los confinamientos sólo dejan deterioro a la tierra y a las personas por el tráfico intenso de toneladas de venenos producidos a gran distancia y porque, a fin de cuentas, los desechos se quedan para siempre.

Frente al riesgo de verse obligadas a vivir así, las comunidades rurales del municipio de Santo Domingo se han organizado para resistir de manera pacífica contra esos proyectos de confinamiento o basurero tóxico, y piden nuestra solidaridad en la defensa de sus territorios.