Urgente Vidal y Larreta Extorsionan a una familia.

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Buenos días, mi nombre es Eugenio Castagnolo, soy abogado estoy casado y tengo 3 hijos. Durante 25 años trabajé en el Poder Judicial de Morón. En el año 2010 denuncie Corrupción ante la CIDH, desde entonces toda mi familia vive un calvario, nos amenazaron de muerte, a mí y a mis hijos. Nos inventaron juicios ejecutivos, nos cerraron todo tipo de créditos. Desde el 21 de marzo de 2016, El Sr. Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, saben de nuestro caso. El Procurador de Ciudad Gabriel Astarloa utilizo mi información para pactar impunidad con el Juez denunciado a cambio de que todos los juicios recayeran en el Juzgado Contencioso Administrativo de su hijo, Martín Converset, salgan a favor del Gobierno de la Ciudad. Cuando con mi esposa denunciamos este y otros graves delitos ante la Justicia y las autoridades del Gobierno de Nación, Ciudad y Provincia, el Dr. Julio Conté Grand, Procurador de Bs. As., decidió jubilarme en forma Ilegal, diciendo que soy un paranoico (enfermedad psiquiátrica) para que las denuncias caigan. Me Extorsionan que si no firmo mi propia locura inexistente no cobraré ni un peso más. Hace 4 meses que no cobro, el Gobierno de Provincia y Ciudad lo saben pero no resuelven la Ilegalidad.Necesitamos su apoyo para que resuelvan. La situación se agrava porque hace 4 meses que vivimos de la jubilación de mi suegra y con todos estos disgustos le detectaron una afección al corazón ella tiene 78 años, por lo que toda esta violencia Institucional para ella genera más angustia. Muchas gracias espero que nos ayuden con su firma. Eugenio Castagnolo.

 

URGENTE INTERPONE RECURSO EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (21/06/2019).-


Excelentísima Suprema Corte de Justicia:

Quién suscribe Dr. Eugenio Leonardo Castagnolo, en los autos caratulados: “RESOLUCIÓN 1258 de FECHA 29 DE MAYO DE 2019”, a VV.EE. respetuosamente me presento y digo:

I.- OBJETO.

Que vengo por el presente a interponer Recurso en los términos del art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece: “…Protección Judicial: 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2 Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el Recurso….”  y art. 161 de la Constitución de la Pcia. de Bs. As. establece: “…La Suprema Corte de Justicia tiene las siguientes atribuciones: 1. Ejerce la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución y se controvierta por parte interesada…”, el art. 168 de la misma dice: “…Los Tribunales de Justicia deberán resolver todas las cuestiones que le fueren sometidas por las partes, en la forma y plazos establecidos al efecto por las Leyes Procesales..).

II.-  LEGITIMACION PARA RECURRIR.

La misma surge de la Resolución 1258 de fecha 29 de mayo de 2019, toda vez que en su punto 1º) Dispone el CESE del Relator de Secretaría (Oficial 1º) (19960) -Nivel 17 bis- de la Defensoría Judicial de Morón, Eugenio Leonardo CASTAGNOLO, Clase 1974, D.N.I nº 23.894.154, CUIL 20-23894154-8 (PRG3. -Actividad 11 – Grupo 06), en los términos de lo dispuesto en los artículos 10 inciso 3 y 38 del Acuerdo 2300.-

III.- ADMISIBILIDAD.

El presente recurso es admisible toda vez que se interpone en legal tiempo y forma, notificada por cédula el día 18 de junio de 2019 (PRUEBA 1), contra una sentencia equiparable a definitiva, dictada por la Excelentísima Suprema Corte de Justicia (arts. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 161 inc. 1ro.  y 168 de la Constitución de la Provincia de Bs. As.).

Conforme no surge un remedio procesal expedito al caso en particular se concluye en que nos encontramos ante una cuestión que por aparejar un gravamen de imposible reparación ulterior, de acuerdo a la doctrina constitucional debe ser entendida como sentencia definitiva. 

Por otro lado cabe recordar los fallos “Di Mascio, Juan R.”, Fallos: 311:2.478 y “Estrada” del 08/04/86 Fallos, 308:490- L.L. 1986- V. 476- en los cuales la Corte Suprema sostuvo que todos aquellos pleitos radicados ante la justicia provincial y en los que se susciten cuestiones federales, deben arribar a la misma solo después de fenecer ante el órgano máximo de la judicatura local. Entonces, todas aquellas cuestiones objeto de resolución por parte de la Corte Nacional no pueden ser excluidas del previo juzgamiento por el Órgano Judicial Supremo de la Provincia. 

Invoco también a los fines de la admisibilidad, el precedente de esa S.C.B.A. emergente del Acuerdo P. 72.188 del 3 de mayo de 2000, relativo a la creación pretoriana de VV.EE. del agravio de imposible insuficiente reparación ulterior. Criterio aplicable también para resolver cuestiones como la presente. 

La fundamentación de los motivos que lo sustentan se desarrollan en el capítulo correspondiente.

IV.- ANTECEDENTES.

En dicha resolución VV.EE. sostienen:

Que en el juego armónico de dichos preceptos determina que el agente cesará en el Poder Judicial cuando por motivos de salud se encuentre imposibilitado de desempeñar sus funciones, siempre y cuando durante los períodos de licencia contemplados en el artículo 37 del mismo Acuerdo estuviese en condiciones de obtener su jubilación.-

Que como complemento de dicha normativa el art. 28 del Decreto 476/81 -reglamentario del Decreto Ley 9650/80, en la redacción dada por el Decreto 45/91- dispone que el Instituto de Previsión Social es el organismo encargado de valorar la incapacidad a los fines previsionales, para lo cual deberá valerse del asesoramiento de las Juntas Médicas creadas al efecto.

Que la Junta Médica llevada a cabo por los profesionales de la Dirección General de Sanidad de esta Suprema Corte concluyó en que el agente Castagnolo se encontraba incapacitado para el desempeño de sus tareas habituales y aconsejó derivarlo a la Dirección de Medicina Ocupacional de la Provincia de Buenos Aires con fines previsionales (v. fs. 1/13). 

Que el día 22 de mayo de 2015 los integrantes de la Junta Médica de la Dirección de Salud Ocupacional procedieron a examinarlo y teniendo en cuenta los nuevos elementos aportados con fecha 28 de septiembre de 2017, el día 12 de enero de 2018 dictaminaron que la patología que lo aquejaban le provocaban una incapacidad del setenta por ciento (70 %) que determinaban su invalidez jubilatoria (v. fs. 14).

Que de acuerdo al baremo nacional vigente, tomando como base la documentación aportada y la evaluación médica practicada, el 29 de enero del corriente año el Departamento de Control Médico del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires dictaminó que el causante reviste una incapacidad laboral del 70 % en grado invalidante, de carácter total y permanente (ver fs. 15/20).

  Que teniendo en cuenta los antecedentes reseñados y que la Dirección de Servicios Legales, la Subsecretaría de Control Disciplinario y el Departamento de Control Disciplinario de la Procuración General, informaron que el agente Eugenio Leonardo Castagnolo no registra sanciones disciplinarias ni actuaciones administrativas en trámite, corresponde disponer su cese de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 inc. 3 y 38 del Acuerdo 2300 (v. fs. 21/24).-

Es en contra de ese pronunciamiento que interpongo este Recurso Extraordinario de Nulidad, en los términos del art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.-

V.-   PROCEDENCIA.

La decisión de Vuestro Tribunal debe ser anulada por VV.EE., debiendo posteriormente restablecer el alta del agente hasta tanto se resuelva cuestión de fondo denunciada por el dicente el día 12 de febrero de 2013 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la PETICIÓN 1621-10 (María Angélica Ortega de Rodriguez (país denunciado Argentina) (PRUEBA 2).

En la Ampliación de denuncia a la cual me remito, le explico a la CIDH, a la brutal VIOLENCIA LABORAL, A LA QUE ME SOMETIÓ EL DFENSOR GENERAL ADJUNTO DE MORÓN DR. GUSTAVO JAVIER GIACHINO, QUE INCLUYE UN ACOSO SEXUAL Y AMENAZAS COACTIVAS, TODA VEZ QUE ME AFIRMÓ QUE SI NO MANTENÍA RELACIONES SEXUALES CON ÉL, SE ENCARGARÍA DE HIPOTECARME LA VIDA.-

Como consecuencia de dicha VIOLENCIA LABORAL, estuve al borde de un pre-infarto con 38 años de edad y una ANSIEDAD GENERALIZADA.-

Ahora bien, dicha VIOLENCIA LABORAL, el día 28 de marzo de 2012, fue denunciada ante la Sra. Defensora General de Morón Dra. Claudia Susana Bonanata, quién le dio intervención a Control Interno de Procuración.-

El Dr. Maldonado instructor de dicha denuncia, lejos de investigar los hechos denunciados, se limitó a buscar la manera de cerrar la denuncia, ya que no respetaba mi licencia médica.-

Así las cosas, el día 4 de junio 2012, se realiza una presentación conjunta por ante la Procuración General Provincial y la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, denunciando todos mis padecimientos.-

 En ese entonces, por disposición expresa de la Dra. María del Carmen Falbo, atento a la gravedad de la denuncia dispuso que se me otorgue licencia médica inmediata, y luego sería evaluado por el Cuerpo Médico de Sanidad La Plata.-

Como lo explicáramos en tantas denuncias mi Sra. Esposa Dra. Ana María Ortega y Milanesi y el dicente, el Dr. Federico José Mendez, dependiente de Sanidad La Plata siempre fue hostil, tal es así que trató de influenciar en el diagnóstico manifestándole a mi psiquiatra particular Dr. Jordana Olszak, que impresionaba delirio persecutorio.-

Recordemos que los protocolos médicos Nacionales e Internacionales prohíben expresamente que las Juntas Médicas diagnostiquen al paciente, ya que él único habilitado para hacerlo es el médico de cabecera. Y en caso de no compartir el diagnostico, la Junta Médica debe limitarse a solicitarle al paciente la opinión de otro profesional. En caso de persistir la divergencia se realiza una nueva Junta médica pero esta vez entre los profesionales de la salud, a fin de llegar a una conclusión.-

Es decir, el Dr. Federico José Mendez, no solo violó los protocolos médicos sino que además influyó en los demás profesionales para inventarle una patología inexistente al dicente, basta con ver la divergencias que existe entre los diagnósticos sostenidos por el personal médico de Sanidad La Plata, ya que para unos padezco de un trastorno de Ansiedad, No especificada (F419), otros sostienen que tengo Trastornos delirantes persistentes (F22), otros afirman que tengo trastorno específicos de la personalidad (F60), otros en cambio opinan que padezco de trastorno paranoide de la personalidad (F600) y por último algunos opinan que tengo un trastorno de la personalidad, no especificado (F609). (ver PRUEBA 3).-

Aquí claramente, se nota que lejos de buscar la Verdad es decir que padecía de una ANSIEDAD GENERALIZADA, producto de una VIOENCIA LABORAL EXTREMA, los galenos buscaron encubrir mis denuncias inventándome una patología inexistente.-

Por otra parte, cabe mencionar que mi médica psiquiatra particular me dio el ALTA MÉDICO EL DÍA 30 DE JULIO DE 2012, SOSTENIENDO QUE: “…El paciente se encuentra en condiciones de retomar sus actividades cotidianas y laborales. Al haber sido interpretado el foco estresor su actual área de trabajo, se sugiere modificar tal situación a fines que el mismo continué con su actual evolución…”.-( PRUEBA  4).-

AQUÍ SE ENCUENTRA LO RELEVANTE PARA DEMOSTRAR QUE LA RESOLUCIÓN 1258 DEBE SER DECLARADA NULA:

Como consta en el certificado de Buena Salud de fecha 22 de febrero de 2012, el dicente estaba en perfectas condiciones físicas y mentales acorde a mi edad y contextura física. (PRUEBA 5).-

Ello cambió en mi ámbito laboral Defensoría de Morón, por lo que denuncié VIOLENCIA LABORAL EXTREMA.-

Lejos de reincorporarme a mis tareas laborales, Sanidad la Plata me otorgó licencia médica (SIN JUSTIFICATIVO MÉDICO PARTICULAR QUE LO AVALE) por el término de SEIS MESES (6 meses).-

El día 12 de febrero de 2013, como lo mencioné “ut supra” denuncié al Gobierno Provincial a cargo del entonces Gobernador Daniel Scioli, a le ex Procuradora General Dra. María del Carmen Falbo, a los médicos de Sanidad La Plata, y al Dr. Guatavo Javier Giachino, por la grave vulneración a los Derechos Humanos.-

A raíz de dicha denuncia, el Banco de la Provincia de Buenos Aires Sucursal Morón, por orden de algún superior, recuérdese que Gustavo Marangoni era el Presidente del Banco Provincia de Buenos Aires en esa época y luego sería el Jefe de campaña presidencial del propio Daniel Scioli, me empiezan a retener el 100 % (cien por ciento) del sueldo en forma ILEGAL, ya que no contaba con sentencia judicial alguna que así lo dispusiera, y en caso de existir solo podía retenerme el 20 % (veinte por ciento) como lo dispone la Ley. Asimismo vale recordar que la Cámara de Apelaciones de Morón, le ordenó al Banco Provincia que se disponga el cese de la retención indebida, dándome la razón por tal amedrentamiento sufrido (AHOGO FINANCIERO Y ECONÓMICO), DEJANDO EN SITUACIÓN DE extrema vulnerabilidad a toda nuestra familia habiendo tres hijos menores a mi cargo.-

Cabe resaltar, que con la resolución 1258 del 29 de mayo de 2019, con la baja ARBITRARIA DEL DICENTE, expedida por la Suprema Corte de Justicia están provocando la misma, grave y violenta situación de vulnerabilidad HACIA NUESTRA FAMILIA siendo el DICENTE el sostén de la misma. Extorsionándome qué si no firmo mi propia PARANOIA FRAUDULENTA, ME DEJAN SIN SUELDO Y SIN OBRA SOCIAL. Violando la misma Suprema Corte  de Justicia los principios fundamentales de DERECHOS HUMANOS.- 

Volviendo a los hechos pasados, en aquellas condiciones, en julio de 2013 luego de que me retuvieran el (100 %  de mi salario y el aguinaldo), reitero sin sentencia judicial alguna, vuelvo a recaer con una Ansiedad Generalizada. Recuperándome a los pocos meses. Sin embargo, desde esa fecha a la actualidad jamás me han reintegrado a mi ámbito laboral. Reitero el Cuerpo Médico de Sanidad La Plata me otorgaba licencia médica sin justificativo médico que lo avale y que lo justifique, aduciendo una enfermedad INEXISTENTE.-

En el año 2015, paso a la órbita del Poder Ejecutivo Provincial ya que me derivaron a Medicina Ocupacional, donde nuevamente después de demostrar que no padecía enfermedad alguna y sin justificativo médico o estudios complementarios que afirmaran que padecía alguna enfermedad mental, los galenos me seguían otorgando extensas licencias médicas.

El 21 de marzo de 2016, le hago saber a la Sra. Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires Lic. María Eugenia Vidal, que se me estaba otorgando una licencia médica fraudulenta, toda vez que no padecía enfermedad alguna, pero que en cambio se estaba ENCUBRIENDO UNA VIOLENCIA LABORAL EXTREMA.-

Las licencias siguieron, es mentira que los médicos de Medicina Ocupacional hayan aportado evidencia nueva de que el dicente padezca una enfermedad mental, como así también es falaz que el Dr. Giaccio dependiente del IPS lo haya hecho, pues en todas esas entrevistas jamás aporté certificado médico ni estudios complementarios, así como tampoco quienes me entrevistaron me los solicitaron, sino que simplemente se trataba de una charla contando todas los padecimientos que sufrí por haber denunciado una VIOLENCIA LABORAL EXTREMA.-

Ahora bien, el Sr. Procurador General Dr. Julio Conte Grand, tomó conocimiento de mis denuncias por la Derivación que realizó la Sra. Gobernadora, por las distintas misivas enviadas a la misma por el dicente y mi Sra. Esposa Dra. Ana María Ortega y Milanesi en diversas ocasiones.- 

Asimismo tuvimos el agrado de conocerlo personalmente con mi Sra. Esposa Dra. Ana María Ortega y Milanesi, en noviembre de 2018 en la Facultad de Derecho UBA, en el marco del Curso de pos grado de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Finalizada la clase, mantuvimos una breve charla donde nos manifestó que sabía perfectamente quién era y cual era mi caso, que me quede tranquilo que él me ayudaría ya que había enviado mis denuncias a Control Disciplinario y a Política Criminal.- (PRUEBA 6). Ello dio origen al expediente 90513/18 que tramita ante la Procuración y el expediente Nº 74927/18 Control Disciplinario que a la fecha jamás se me ha notificado que investigaciones se han realizado al respecto en busca de la verdad.-

Es decir, tanto la Sra. Gobernadora Lic. María Eugenia Vidal como el Sr. Procurador General Dr. Julio Conte Grand estaban en conocimiento que había sido víctima de UNA VIOLENCIA LABORAL EXTREMA y que me querían jubilar en forma FRAUDULENTA.-

Como lo venimos sosteniendo con mi Sra. Esposa, nuestro caso es Integral toda vez que involucra a Nación Provincia y Ciudad por diversos hechos de corrupción denunciados oportunamente.-

En agosto de 2018 realicé una denuncia penal en contra del ex Juez Juan Manuel Clemente Converset y otros por ASOCIACIÓN ILICITA, ESTAFA PROCESAL entre otros, estando involucrado el Procurador de la Ciudad de Buenos Aires Dr. Gabriel Astarloa, toda vez que participa de una sucesión habiendo tomado conocimiento de los delitos que se estaban cometiendo en la misma y lejos de denunciarlos agravó más la situación toda vez que solicitó la INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES.-

Sabido es que el Dr. Julio Conte Grand fue el antecesor del Dr. Astarloa.-

Por otro lado, como parte de un apriete financiero y económico como en el pasado la Camarista Dra. María Elsa Uzal, que el Dr. Julio Conte Grand también conoce bien ya que la Dra. Uzal forma parte del Consejo Directivo siendo Secretaria General de la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DERECHO COMPARADO, y el Dr. Julio Conte Grand miembro Titular de dicha Asociación. En forma ILEGAL dispone el embargo de mis haberes, como consta en la ratificación de denuncia que adjunto al presente (PRUEBA 7).-

Es por esta misma razón que se le hace saber al Sr. Procurador Interino de la Nación Dr. Eduardo Casal, que disponga el cese del embargo ILEGAL, y que tome intervención en la causa 50114/2018 que tramita ante el Juzgado en lo Criminal Nº 27 Secretaría Nº 124, toda vez que la Fiscal a cargo Dra. Andrades, lejos de investigar los delitos denunciados, solicitó una pericia psiquiátrica para el dicente. Nuevamente se vuelve a ENCUBRIR A LOS DELINCUENTES.- (PRUEBA Nº 8).-

Como se cayó la estrategia en Nación le dan impulso nuevamente al expediente de mi jubilación, por este motivo el día 16 de abril de 2019, mi Sra. Esposa radica una denuncia Penal ante la Fiscalía General de Morón contra el Dr. Gustavo Javier Giachino, por VIOLENCIA LABORAL EXTREMA; ACOSO SEXUAL Y AMENAZAS COACTIVAS y ASOCIACIÓN ILÍCITA, FALSEDAD IDEOLÓGICA ENTRE OTROS A LOS MÉDICOS DE SANIDAD LA PLATA, MEDICINA OCUPACIONAL Y EL DR. GIACCIO DEPENDIENTE DEL IPS, quedando radicada ante la UFI 3 de Morón bajo el Nº de IPP 17748/19, siendo que hasta la fecha 19 de junio de 2019, no han llamado a mi Sra. Esposa a ratificarla, es decir la tienen virtualmente PARALIZADA.-

Asimismo, en la misma fecha 16 de abril de 2019 se presentó una copia de dicha denuncia en la Mesa General de la Suprema Corte de Justicia, que quedó radicada como nota Nº 316/19 caratulada: “Dra. Ana María Ortega y Milanesi. Su denuncia”, como consta en la cédula de notificación que adjunto al presente (PRUEBA Nº 9). AQUÍ ES DONDE LA PROPIA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES TOMA CONOCIMIENTO DE LA VIOLENCIA LABORAL EXTREMA SUFRIDA POR EL DICENTE Y DE LA JUBILACIÓN FRAUDULENTA QUE SE INTENTABA LLEVAR ADELANTE.- 

La cual fue ratificada en su integridad por mi Sra. Esposa Dra. Ana María Ortega y Milanesi el día 21 de mayo de 2019, como consta en el acta que adjunto al presente (PRUEBA Nº 10).-

El día 30 de mayo de 2019 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación realizo la SIGUIENTE PRESENTACIÓN: “…El día 6 de septiembre de 2018, a las 9:00 hs., fui citado por el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 27 Secretaría 124 para ratificar mi denuncia por lo que así lo hice, ratificando y ampliando la misma, aportando documentación como consta en autos.-

Ahora bien, así las cosas, la Dra. Estela Gloria Andrades, Subrogante de la Fiscalía Nº 1, arrogándose un Título que no posee (Médico Psiquiatra) en su dictamen dice lo siguiente: “…previo a expedirse en los términos del artículo 180 C.P.P.N., solicita a V.S. se ordene el reconocimiento médico del denunciante de autos Eugenio Leonardo Castagnolo a través del Cuerpo Médico de la Justicia Nacional, con el objeto de determinar sus características psíquicas -si se encuentra dentro de los parámetros de normalidad-, estado de salud mental general, si posee una exacerbación patológica de su imaginación o si sus dichos resultan verosímiles, así como también posee capacidad para denunciar…”.-

Y agrega: “…Ello así, por cuanto la forma desordenada e incongruente en las que relató los sucesos que lo damnifican, de imposible descripción a los efectos de evaluar la existencia o no de un delito, tornan viable la medida previa sugerida…” .-

Es decir, la Dra. Andrades no solo Usurpa un Título, sino que además viola lo que expresamente la Acordada 47/09 mencionada “ut supra”, donde expresamente se le prohíbe al Cuerpo Médico Forense, la realización de diligencias procesales previas y necesarias para concretarla ni las que impliquen la ejecución de la opinión técnica con que finaliza.-

Cabe resaltar, que la Dra. Andrades no fue la única que infringió la Ley, pues el Dr. Julio Alberto Baños, Titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 27 Sec. 124, ordenó la medida solicitada por la Sra. Agente Fiscal.-

Sin querer entrar en la cuestión de fondo de la denuncia, LO CIERTO Y LO CONCRETO ES QUE AMBOS LO ÚNICO QUE BUSCAN ES CERRAR LA CAUSA SIN INVESTIGAR A LOS IMPUTADOS, HAY MUCHOS INTERESES POLÍTICOS QUE LO AMERITAN.-

Atento, a la maniobra ILEGAL intentada por los nombrados, el día 12 de octubre de 2018, interpuse ante el Juzgado del Dr. Baños el escrito que adjunto al presente, (prueba Nº 1), a la que me remito, solicitando en el Punto 2) del petitorio, que: “…Se suspenda la Pericia dispuesta hacia mi persona, hasta tanto se expida la Corte Suprema de Justicia en su carácter de Superintendencia del Cuerpo Médico Forense y Máximo Órgano de la Justicia Nacional, en los términos expuestos “Ut supra”, a fin de poder llevar a cabo dicha pericia con las GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA DEFENSA EN JUICIO, DERECHOS CONSTITUCIONALES Y DEMÁS DERECHOS INTERNACIONALES QUE ME AMPARAN…”.-

Como no estaba en los planes del Magistrado detener la Pericia y CERRAR LA CAUSA, siguió adelante con la misma estrategia, y jamás le dio intervención a la Corte Suprema de Justicia. Ello es así, toda vez que el día 28 de mayo de 2019, junto a mi Sra. Esposa Dra. Ana María Ortega y Milanesi, nos hicimos presentes en las Oficinas 2115 y 2089, pertenecientes a la Corte Suprema de Justicia, y nos certificaron que nunca recibieron actuaciones bajo el nombre del dicente, número de expediente ó nombre de los imputados.-

Asimismo, el día 12 de octubre de 2018, se le hace saber al Sr. Procurador General Interino de la Nación Dr. Eduardo E. Casal, la conducta desplegada por la Dra. Estela Gloria Andrades, a fin de que intervenga y ordene se investiguen los hechos denunciados (prueba Nº 2), que adjunto al presente.-

Por otra parte, el día 16 de abril de 2019, mi Sra. Esposa realizó la denuncia Penal realizada en la Fiscalía General de Morón, que adjunto al presente (prueba Nº 3), denunciando a todo el Cuerpo Médico de Sanidad La Plata y demás funcionarios, atento a que pretendieron hacerme pasar por INSANO en forma ILEGAL, manteniendo al dicente bajo LICENCIA MÉDICA, hace SEIS años sin justificativo médico alguno que así lo justifique.-

Ese mismo día, 16 de abril de 2019, se entregó una copia de la misma al Sr. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires Dr. Eduardo Pettigiani, según consta en la copia que adjunto (prueba 4).-

Siendo que el día 21 de mayo de 2019, mi Sra. Esposa ratificó la misma ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia, como surge del acta que se adjunta al presente (prueba Nº 5).-

Cabe destacar que el Sr. Procurador General de la Provincia de Buenos Aires Dr. Julio Conte Grand, está al corriente de todo mi caso y mis denuncias. Pues tuve el agrado de conocerlo personalmente junto a mi Sra. Esposa, el día 13 de noviembre de 2018, en la sede de la Facultad de Derecho (UBA), en el marco del Curso de Ética Pública, Transparencia y lucha contra la Corrupción, como surge del escrito presentado ante dicha Procuración el día 29 de noviembre de 2018.- (prueba Nº 6).-

El día 13 de mayo de 2019, se presenta un escrito ante el Juzgado a cargo del Dr. Baños, solicitando que se tenga por parte a mi Sra. Esposa como parte (Víctima) del proceso de marras, aportándose nueva prueba, ya que se acompañó documentación en 309 fs., como surge del escrito que adjunto al presente (prueba Nº 7).-

Asimismo, el día 13 de mayo de 2019, se le entregó una copia del mismo ante la Mesa General de Entradas de la Procuración General de la Nación, al Dr. Eduardo Casal, como consta en el escrito que se adjunta al presente (prueba Nº 8).-

Lamentablemente, y lejos de desistir de la MANIOBRA ILEGAL, todos los involucrados siguieron adelante con la misma estrategia, y lejos de investigar los Hechos denunciados, el día 20 de mayo de 2019, el Dr. Julio Alberto Baños, ordena remitir el expediente, al Cuerpo Médico Forense, a fin de que con las constancias de autos, el Perito Médico Psiquiátrico, se expida en los términos solicitados por la Sra. Agente Fiscal Estela Gloria Andrades.

Reitero con el ÚNICO PROPOSITO DE CERRAR LA CAUSA Y NO EXPEDIRSE RESPECTO DE LA PRESENTACIÓN REALIZADA EL DÍA 13 DE MAYO DEL CORRIENTE. Claro, si la o el perito dice que no estoy en condiciones de denunciar, SIMPLEMENTE NO HAY DENUNCIA, POR LO QUE EL JUEZ SE AHORRA EL TRABAJO DE RESOLVER RESPECTO A LA SOLICITUD DE MI SRA. ESPOSA DE SER TENIDA COMO PARTE.-

Nótese algo muy curioso y llamativo, el día 27 de mayo del corriente, la Dra. Ortega y el dicente, nos hicimos presentes en el Cuerpo Médico Forense local, siéndonos informado que el expediente fue designado a la Dra. Virginia Berlinerblau, siendo su oficina la 1010.-

Así las cosas, nos dirigimos a dicha oficina, siendo atendidos por la Srta. Romina, quién nos informó que efectivamente el expediente había sido designado a la Dra. Berlinerblau, quién ya se había expedido al respecto, en los términos solicitados por el Sr. Magistrado, que no podía mostrarnos el dictamen, ni el expediente, pero que seguramente el día viernes 31 del corriente, el mismo sería devuelto al Juzgado de origen.-

Lo curioso y llamativo es que habiendo 11 (once) peritos médicos psiquiátricos de adultos en el Cuerpo Médico Forense, le DESIGNEN EL EXPEDIENTE A UNA PERITO DEL AREA DE PSIQUIATRÍA INFANTO-JUVENIL. La pregunta es porque motivo la Dra. Berlinerblau, firmó dicho dictamen cuando no es su especialidad.-

Sin perjuicio de ello, A ESTA ALTURA NO CABE DUDA ALGUNA QUE DICHO DICTAMEN ES NULO DE NULIDAD ABSOLUTA, Y QUE CARECE DE TODO VALOR JURÍDICO, TODA VEZ  QUE Artículo 31 DE LA ACORDADA 47/09 sostiene:

“…La actividad pericial no incluye la realización de diligencias procesales previas y necesarias para concretarla ni las que impliquen la ejecución de la opinión técnica con que finaliza.-

Es ajeno al dictamen pericial el pronunciamiento sobre el encuadre jurídico de los hechos peritados por tratarse de una cuestión reservada exclusivamente a los órganos jurisdiccionales.-

El control del estado de salud psicofísica de personas bajo asistencia y/o tratamiento de otras/os profesionales de la salud sólo será efectuado cuando hayan sido controvertidos en el proceso correspondiente…”.-

Por lo cual la Dra. Berlinerblau no está habilitada para expedirse respecto de una CUESTIÓN PREVIA, Y MENOS AÚN SIN CONTAR CON UN ESTUDIO SERIO QUE DETERMINE QUE EL DICENTE NO ESTA EN CONDICIONES DE DENUNCIAR.-


Como puede observarse la Justicia Argentina sufre una grave crisis, pues los DELINCUENTES son encubiertos por los FUNCIONARIOS JUDICIALES y los DENUNCIANTES SOMOS LOS PARANÓICOS.-

Como colofón de todo esta Historia la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA de la Provincia de Buenos Aires, con fecha 29 de MAYO de 2019 decide disponer mi cese en el Poder Judicial, jubilándome con un 70 % (setenta porciento de discapacidad permanente), con unos antecedentes médicos totalmente fraguados.-

                       AL RESPECTO LEY 14040 DICE:

 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE LEY

 

ARTÍCULO 1° Modifícanse los artículos 1°, 2°, 8° y 9° de la Ley 13.168, los que quedarán redactados de la siguiente manera:


“Artículo 1º: Se prohíbe en todo el territorio de la Provincia ejercer sobre otro las conductas que esta Ley define como violencia laboral en el ámbito de los tres poderes del estado provincial, entes autárquicos y descentralizados y los municipios.


Artículo 2°: A los efectos de la aplicación de la presente Ley, se entiende por violencia laboral el accionar de los funcionarios y/o empleados públicos o terceros vinculados directa o indirectamente con ellos, que valiéndose de su posición jerárquica o de circunstancias vinculadas con su función, incurran en conductas que atenten contra la dignidad, integridad física, sexual, psicológica y/o social del trabajador o trabajadora, manifestando un abuso de poder llevado a cabo mediante amenaza, intimidación, amedrentamiento, inequidad salarial, acoso, maltrato físico, psicológico y/o social.

 

·        Lo subrayado se encuentra Observado por el Decreto de Promulgación nº 2032/09 de la presente Ley.

 

Artículo 8°: Ningún empleado público que haya denunciado ser víctima de las acciones enunciadas en el artículo 2° de la presente Ley o haya comparecido como testigo de las partes, podrá por ello ser sancionado, ni despedido, ni sufrir perjuicio personal alguno en su empleo, manteniendo su remuneración habitual por todo concepto hasta la conclusión del sumario respectivo.


Artículo 9°: El incumplimiento de la prohibición establecida en el artículo 1° de esta Ley, será causal de una sanción de orden correctivo, que podrá implicar apercibimiento o suspensión de hasta sesenta (60) días corridos y/o traslado hasta la conclusión del respectivo sumario, salvo que por su magnitud y gravedad, o en razón de la jerarquía del funcionario pueda encuadrarse en figuras de cesantía, exoneración o ser considerado falta grave, según el régimen disciplinario de que se trate.”


                                            En efecto, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  ha omitido claramente el ART. 8 DE LA LEY 14040, tratamiento de una cuestión sumamente esencial que le fuera sometida y en esto consiste mi planteo de nulidad. Es decir, tomó conocimiento de mis padecimientos por VIOLENCIA LABORAL EXTREMA, y aún así decidió darme el cese en el Poder Judicial, jubilándome con un 70 % (setenta por ciento) de incapacidad permanente INEXISTENTE.-

Como expresamente lo dice la norma, darme el cese y declararme incapacitado claramente es CAUSARME UN ENORME PERJUICIO.-

Máxime sabiendo que aún resta saber cual es la conclusión del sumario que está radicado en la propia Suprema Corte de Justicia, como órgano de Control Disciplinario del Cuerpo Médico Forense Sanidad La Plata.-

 Por otro lado también resta saber los resultados de los sumarios que tramitan ante la Procuración General, como así también el resultado de la denuncia penal que tramita ante la UFI 3 de Morón.-

Como lo mencioné “ut Supra”, realicé la pertinente denuncia DE VIOLENCIA LABORAL EXTREMA ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, por lo que aún resta saber cual es la opinión de dicho Organismo Internacional. Como puede observarse en la (PRUEBA 11), el día 24 de mayo de 2017 la CIDH recibió mi RECURSO DE DISCONFORMIDAD, según consta en el sello estampado en la parte superior izquierda del mismo.-

Y para que NO quede ningún tipo de dudas al respecto, la CIDH con fecha 28 de junio de 2017, me hace saber que mi solicitud de reconsideración ha sido incorporada al expediente del caso para los efectos pertinentes, por lo que dicha PETICIÓN 1621-10, está aún en trámite (PRUEBA 12).-  

Para reforzar mis dichos recordemos lo sostenido por la Corte Suprema en cuanto al análisis de los requisitos de admisibilidad de los recursos mediante el precedente "Tellez, c/ Bagala S.A. (LL, 1986-C-167; ED, 117-601) en el que se advirtió la necesidad de "...fijar la ´linea divisoria´ (...) para el obrar de la nueva jurisprudencia, apoyándola en razones de conveniencia, de utilidad y en los más hondos sentimientos de justicia...". Para continuar señalando que: "Tal necesidad entraña, a su vez, la de fijar el preciso momento en que dicho cambio comience a operar" (con citas a Cardozo, Benjamín N.; "The nature of the judicial process", Univesidad de Yale, 1937, p.148 y ss.; y Roubier, Paul, "Les Conflicts des lois dans le temps", Recueil Sirey, 1929, t.I, p. 27 y 28).

Dicho establecimiento de un momento desde el cual deba tener operatividad la jurisprudencia que agregue requisitos de adminisbilidad a los recursos, tiene por fundamento "...evitar situaciones potencialmente frustratorias de derechos constitucionales, máxime si las formas a que deben ajustarse los procesos han de ser sopesadas en relación con el fin último a que esto se enderezan, o sea, contribuir a la más efectiva realización del derecho..." 

En otros términos, las interpretaciones jurisprudenciales no pueden operar como obstáculos que importen en definitiva la denegación de acceso a la justicia, por el contrario, de existir estos debieran ser superados por la acción de los Jueces. Y es por dicha razón que en el fallo comentado se dice:"...no puede soslayarse la situación a la que se verían reducidos los litigantes que apelaron por el art. 14 cit -ley 48 (en nuestro caso por el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos) con anterioridad a que se consagrase la doctrina del caso ´Strada´ (aquí se trataría de la doctrina fijada en el plenario) y a quienes la actuación de ésta llevaría a verse impedidos de obtener la revisión (...) por lo que la autoridad institucional del precedente ´Strada' deberá comenzar a regir para el futuro...".  

Por todo lo expuesto y por los argumentos esgrimidos “ut supra” dicha RESOLUCIÓN 1258 de fecha 29 de mayo de 2019, debe ser declarada NULA, por VIOLENTAR ABIERTAMENTE LOS DERECHOS HUMANOS, y volver a REINTEGRARME AL PODER JUDICIAL, sin discapacidad ó incapacidad alguna, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo y se expida la CIDH al respecto, debiéndose abonarme mi remuneración habitual en todo concepto hasta la conclusión de dichos procesos, EFECTIVISÁNDOSE EL DEPÓSITO DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO Y SUBSIGUIENTES, MAS EL AGUINALDO DEVENGADO AL 30 DE JUNIO DE 2019, LA INMEDIATA ALTA DE MI OBRA SOCIAL A TODO EL GRUPO FAMILIAR A PARTIR DE LA FECHA, YA QUE NOS EXPONEN ILEGALMENTE A UN ALTO RIESGO HABIENDO MENORES DE POR MEDIO, YA COMO DISPONE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, FAMILIA, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CURSO DE VIDA SALUDABLE / SALUD INTEGRAL DEL NIÑO: LOS NIÑOS DE LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS SON SU PRINCIPAL RECURSO Y EL RECONOCIMIENTO Y LA PROTECCIÓN DE SUS NECESIDADES ESPECÍFICAS Y DERECHOS HUMANOS SON ESCENCIALES PARA UN DESARROLLO EFECTIVO, QUE COMO PADRE TENGO QUE ALIMENTAR, CUIDAR DE SU SALUD E INTEGEGRIDAD FÍSICA, COMO ASÍ TODO CONCEPTO DE EDUCACIÓN, VIVIENDA DIGNA ETC.. SE ESTARÍA VULNERANDO LA ESTRATEGIA MUNDIAL PARA LA SALUD DE LA MUJER, EL NIÑO Y EL ADOLESCENTE (2016/2030) OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. POR OTRA PARTE EL PUNTO Nº 8 DE NACIONES UNIDAS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: DICE: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO: PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS.-

RECORDEMOS QUE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, COMO LA AGENCIA ESPECIALIZADA PARA LA SALUD EN LAS AMÉRICAS DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS Y DE LA OEA, TIENE UN PAPEL CENTRAL EN LA PROMOCIÓN Y LA PROTECCIÓN DEL DERECHO AL GOCE DEL GRADO MÁXIMO DE SALUD QUE SE PUEDA LOGRAR Y EN LA VINCULACIÓN DE ESTE DERECHO CON OTROS DERECHOS HUMANOS. LA OPS PROMOCIONA Y PROTEGE LA SALUD COMO UN DERECHO HUMANO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN DE LA OMS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS Y LAS CONSTITUCIONES NACIONALES DE SUS ESTADOS MIEMBROS. 

EN 1946 LA CONSTITUCIÓN DE LA OMS RECONOCIÓ QUE: “EL GOCE DEL GRADO MÁXIMO DE SALUD QUE SE PUEDA LOGRAR ES UNO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE TODO SER HUMANO SIN DISTINCIÓN DE RAZA, RELIGIÓN, IDEOLOGÍA POLÍTICA O CONDICIÓN ECONÓMICA O SOCIAL”.-

              VI.- PETITORIO.

              En razón de todo lo dicho solicito de la Excelentísima Suprema Corte de Buenos Aires:

              1.- Tenga por interpuesto en legal tiempo y forma el presente Recurso Extraordinario de Nulidad, en los términos del art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

              2.- Por presentada la prueba.-

              3.- Se haga lugar a la NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN 1258 de fecha 29 de mayo de 2019, por VIOLENTAR ABIERTAMENTE LOS DERECHOS HUMANOS, y volver a REINTEGRARME AL PODER JUDICIAL, sin discapacidad ó incapacidad alguna, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo y se expida la CIDH al respecto, debiéndose abonarme mi remuneración habitual en todo concepto hasta la conclusión de dichos procesos, EFECTIVISÁNDOSE EL DEPÓSITO DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO MAS EL AGUINALDO DEVENGADO AL 30 DE JUNIO DE 2019, LA INMEDIATA ALTA DE MI OBRA SOCIAL A TODO EL GRUPO FAMILIAR A PARTIR DEL DÍA DE LA FECHA, HACIENDOME SABER QUE YA PUEDO UTILIZAR MI OBRA SOCIAL (21/06/2019), YA QUE NOS EXPONEN ILEGALMENTE A UN ALTO RIESGO HABIENDO MENORES DE POR MEDIO, QUE COMO PADRE TENGO QUE ALIMENTAR, CUIDAR DE SU SALUD E INTEGEGRIDAD FÍSICA, COMO ASÍ TODO CONCEPTO DE EDUCACIÓN, VIVIENDA DIGNA ETC.-

                              Proveer de conformidad,

                                     SERA JUSTICIA