Exigimos la liberación de las 13 personas detenidas en Masaya. #LaSolidaridadNoEsDelito

0 personas firmaron. ¡Ayuda a conseguir 10,000!

RENATA Escudero
RENATA Escudero firmó esta petición

English Below

**

En Nicaragua, la solidaridad es un delito. Así lo demostraron las autoridades el pasado jueves 14 de noviembre, cuando detuvieron a trece personas luego de que llevaran agua a un grupo de familiares de presos y presas políticas que iniciaron una huelga de hambre al interior de la Iglesia San Miguel, en Masaya, al oeste del país. Ese acto, hoy les tiene en prisión.

Dentro de las personas detenidas se encuentra Amaya Coppens, Neyma Hernández, Ivania Álvarez, Wendy Juárez, Olga Valle, Olama Hurtado, José Medina, Hanzel Quintero, Atahualpa Quintero, Jesús Téfel, Gabriel Ramos, Roberto Bushting, Melvin Peralta y Derlis Hernández.

El grupo está formado por gente que ha dedicado parte importante de su vida a la defensa de derechos humanos, aunque eso les haya valido la cárcel anteriormente. Feministas, comunicadores, activistas y estudiantes, un bombero reaccionaron ante la respuesta represiva del gobierno, que había cortado el agua y la electricidad al grupo de huelguistas, mientras les mantenía rodeadas de efectivos policiales para evitar el ingreso de medicamentos y suministros.

Las familiares de presos y presas políticas iniciaron la huelga de hambre en respuesta a la represión por parte del Estado, que mantiene a más de 130 personas en condiciones deplorables, como castigo a su lucha por la democracia en el país. El Estado, en respuesta, respondió con más violencia y represión.

Esa madrugada, al intentar acercar el apoyo, la policía capturó al grupo de 13 activistas, y les llevó hasta “El Chipote”, centro de detención ilegal. Pasadas las 48 horas reglamentarias para notificar la acusación, el grupo seguía incomunicado, sin que sus familiares ni personas cercanas pudieran constatar su situación.

En un proceso que atenta visiblemente contra sus derechos fundamentales, el lunes 18 de noviembre, el grupo fue acusado de cometer actos de terrorismo, tachándoles de delincuentes, sin respetar su presunción de inocencia, prácticamente sin evidencia y fuera del plazo estipulado legalmente para levantar cargos. La justicia está completamente cooptada por el gobierno, que ha implantado procesos irregulares con el fin de detener la movilización ciudadana.

Órganos internacionales como la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la mano de distintas organizaciones de sociedad civil han denunciado el acoso e intimidación a cualquier forma de oposición al gobierno. Ésta se recrudeció con el estallido de la crisis democrática, el 18 de abril de 2018.

A la fecha, el Estado nicaragüense se ha negado a aceptar la existencia de las víctimas de la crisis, que hoy se traducen en al menos 325 asesinatos que permanecen en impunidad, más de 2.000 personas heridas, más de 80.000 personas desplazadas forzosamente a Costa Rica y más de 800 manifestantes, estudiantes y activistas estuvieron privadas/os de libertad por ejercer su derecho a la protesta. A su vez, actualmente 150 personas se encuentran privadas de libertad de manera arbitraria y sin derecho a la defensa. Ortega, por su parte, no ha dado signos de diálogo ni de dejar la presidencia que ha ocupado durante los últimos 12 años.

A 17 meses del quiebre institucional, el gobierno no hace más que perseguir a quienes luchan por la democracia en Nicaragua.

Porque el agua es vida y no puede ser sinónimo de cárcel, te invitamos a decir #LaSolidaridadNoEsDelito y a firmar para que Nicaragua pueda encontrar la paz y la justicia.

***

Solidarity, in Nicaragua, is a crime. It was demonstrated by the authorities last Thursday, November 14th, when they arrested thirteen people that brought water to the relatives of political prisoners who had took part of a hunger strike inside the San Miguel Church, in Masaya, in northern Nicaragua.

That act of solidarity is keeping them in prison.

Among those arrested are: Ivania Álvarez, Roberto Bushting, Amaya Coppens, Derlis Hernández, Neyma Hernández, Olama Hurtado, Wendy Juárez, José Medina, Melvin Peralta, Atahualpa Quintero, Hanzel Quintero, Gabriel Ramos, Jesús Téfel y Olga Valle.

The group includes people who have dedicated an important part of their lives to the defense of human rights, although this has represented a risk to themselves. Feminists, communicators, activists, students, and a fireman reacted to the repressive actions of the government, which cut the hunger-strikers off of water and electricity while keeping them surrounded by police to prevent the entry of medicines and supplies.

That morning, the police captured the group of 13 activists, while they were going back home after handling water supplies to the church, and took them to "El Chipote", an illegal detention center. Not even their family could verify their situation after they were imprisoned.

The families of political prisoners began the hunger strike in response to repression by the State, which keeps more than 130 people in deplorable conditions as punishment for their struggle for democracy in the country.

In a process that visibly undermines their fundamental rights, on November 18th, the group was accused by the police of committing acts of terrorism, with any evidence, exceeding the legally stipulated time to lift charges, and without respecting their presumption of innocence. Justice is fully co-opted by the government of Ortega-Murillo, which has implemented irregular processes to stop citizen mobilization.

Organs such as the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the Inter-American Commission of Human Rights, alongside with numerous human rights organizations have denounced harassment and intimidation from the government to any form of opposition. This intensified with the outbreak of the democratic crisis, on April 18th, 2018.

To date, the Nicaraguan State has refused to accept the existence of any victims during the crisis. At least 325 murders remain unpunished, more than 2.000 people are injured, more than 80.000 people forcibly displaced to Costa Rica, and more than 800 protesters, students, and activists deprived of freedom just for exercising their right to protest. Currently, 150 people are arbitrarily deprived of liberty and without the right to defense.

Meanwhile, Ortega has refused to set a proper dialogue, neither has given any sign to leave the presidential sit he has occupied for the last 12 years.

After 17 months of institutional breakdown, the government has intensified the persecution of those who fight for democracy in Nicaragua.

Because water means life but not prison, invite you to say #LaSolidaridadNoEsDelito / #Solidarityisnotacrime and sign so that Nicaragua can find peace and justice.