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POR UN JUICIO JUSTO EN CRIMENES DE LESA HUMANIDAD

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PETICION POR UN JUICIO JUSTO EN LAS CAUSAS DE CRIMENES DE LESA HUMANIDAD

Recientemente, Elisa Carrió puso sobre la escena política, la sospecha de que algunas sentencias contra militares hubieran podido ser dictadas sin pruebas concluyentes en los juicios por crímenes de lesa humanidad.

Se trata de un hecho sumamente grave. ¿Puede la misma Justicia haber incurrido en un abuso de poder en tiempos de democracia?

La tarea histórica de saldar por la vía judicial los crímenes que tuvieron lugar en la última dictadura militar debe hacerse con la mayor ética y en el más estricto respeto de la Ley. Responder al abuso de poder llevado a cabo por una institución, el Ejército, con otro abuso de poder dirigido contra personas particulares por el sólo hecho de haber pertenecido a dicha institución[1], y cuya culpabilidad, por lo tanto, sería dada por sentada de antemano y no necesitaría demostración alguna, atenta contra la Ley, los derechos constitucionales, Humanos, el principio de presunción de inocencia y la vida de dichas personas, sus familias y la sociedad toda. Además de ser extremadamente destructivo para el futuro de nuestro país, alimentando un círculo vicioso de violencia institucional, venganza, atropello y odio al interior de nuestra sociedad.

Los que aquí firmamos nos oponemos rotundamente a que tales abusos tengan lugar contra cualquier ciudadano, más aún en tiempos de democracia y muy particularmente respecto de un tema histórica, social y éticamente tan delicado como los crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar durante la última dictadura ; tema que toca en sus raíces mismas los fundamentos del Pacto Social que nos permite vivir juntos.

Los ciudadanos que aquí firmamos, exigimos que el Estado garantice el respeto de los Derechos Humanos y constitucionales de todos sus habitantes y en toda circunstancia, con total independencia de sus antecedentes laborales, institucionales, religiosos o ideológicos. 

Nuestro pedido porta especialmente sobre tres aspectos:

 -       El respeto de la Garantía Constitucional del Debido Proceso, consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Las sentencias deben fundarse en pruebas, lo que responde al principio de presunción de inocencia. En razón de ese principio, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, la culpabilidad debe entonces ser demostrada. La necesidad de designar un culpable para cada crimen no debe primar por sobre la búsqueda de la verdad ni sobre los derechos de los ciudadanos.

 -       Otro aspecto del derecho a Juicio, es que el mismo tenga lugar. Es necesario el estricto respeto del marco que regula las condiciones y los límites de duración de las detenciones preventivas. Lo que responde al principio de que el Estado no puede restringir la libertad de un detenido más allá de los límites estrictamente necesarios. Concretamente, las prisiones preventivas no pueden prolongarse eternamente, como si lo que se esperara finalmente fuera la muerte del acusado.

 -       Que el derecho a la prisión domiciliaria se aplique a los militares como a cualquier otro preso. Es decir, que su edad y su estado de salud sean tenidos en cuenta abriendo el derecho correspondiente a un cumplimiento de pena en su domicilio. La aplicación de una pena no debe, en ningún caso, ser confundida con la saña.

Elevamos esta petición al Estado Nacional, quién está obligado a garantizar los derechos constitucionales y los tratados internacionales de Derechos Humanos. Pedimos asimismo a nuestros representantes políticos que porten esta causa y lleven a cabo con urgencia las acciones necesarias para garantizar los Derechos Humanos y constitucionales en los juicios y procesos por crímenes de lesa humanidad. Y atraemos la atención de la opinión pública hacia este tema sensible que concierne el interés mayor del respeto de la Ley, la Justicia y la verdad en la tarea histórica de hacer justicia por los crímenes de lesa humanidad.

Nuestra historia, nuestro futuro, nuestra República lo requieren.

 

[1] Recordemos, en ese sentido, que no todos los militares participaron en los secuestros y crímenes de la última dictadura, que fueron realizados de manera clandestina.



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