Terminemos con el financiamiento del culto católico por parte del Estado.

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Argentina es un país laico, y por ello la constitución nacional sostiene el culto católico mediante financiación estipulada anualmente dentro del presupuesto del estado (sólo en el 2016 se financió a la iglesia católica con 134 millones). Gracias a una ley de la dictadura, el estado argentino (nosotros) debemos costear los salarios y jubilaciones de arzobispos y obispos, además de brindarles exenciones impositivas y destinarles miles de millones de pesos a los colegios privados católicos, sin contar la entrega de terrenos. Las leyes que deben modificarse son la Ley 21.540; Ley 22.162; Ley 22.950 y Ley 22.430 entre otras políticas a tomar en cuenta para frenar esta aberración. En un país donde uno de cada 3 argentinos es pobre, este dinero puede destinarse a fines realmente nobles y no a mantener un culto por sobre los demás, atentando además contra la libertad cultural y religiosa. La ayuda que "en teoría" la iglesia aporta a comedores, jardines y Cáritas debe ser una política de estado, entendiéndose al estado como el ente que debe garantizar los derechos primordiales y constitucionales de todos los habitantes de la nación. La iglesia no debe funcionar como un intermediario. Firmar puede ayudar a visibilizar este reclamo y hacer que los legisladores tomen partido y finalmente medidas para modificar esta injusticia.

Más info: http://chequeado.com/el-explicador/cuanta-plata-le-transfiere-el-gobierno-a-la-iglesia-para-sostener-el-culto-catolico/



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