Reforma del estado de las autonomías

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CAFÉ PARA... QUIEN QUIERA PAGÁRSELO

Nuestro país arrastra un problema desde los tiempos del “café para todos” con su modelo territorial. Las comunidades autónomas han sido fuente de agravios comparativos, irresponsabilidad, desigualdad, cortijismo, despilfarro y corrupción. El gasto que implica mantener un Parlamento propio, decenas de Consejerías e innumerables cargos de libre designación han hecho que en este país haya una cifra superior a los 400.000 cargos políticos. Más que todos los médicos, policías y bomberos juntos. Eso nos coloca a la cabeza de toda Europa, doblando al segundo, que sería Italia (con 200.000). Una economía tan sólida como Alemania nos dobla en población y tiene cuatro veces menos clase política: 100.000. En términos proporcionales, las cifras son aún más rotundas: tenemos un cargo por cada 115 ciudadanos; en Italia uno por cada 300; en Francia uno por cada 325 y en Alemania uno por cada 800.

Los defensores del modelo autonómico plantean que no es una cuestión económica sino de índole política: que cada región tenga una representación política propia, dignidades parlamentarias, etcéteras. Ahora bien, en ese caso, deben ser los ciudadanos los que establezcan cuáles son sus preferencias políticas: si tener una mejor sanidad, justicia o educación o bien tener más políticos. Para que esa decisión sea realmente democrática debe ser planteada en unos términos inequívocos e igualitarios. Actualmente la financiación autonómica sigue criterios oscuros y graciables, por lo que existe la percepción de que es preferible tener instituciones políticas propias (y partidos nacionalistas propios) para así presionar más y mejor al gobierno de la nación y “traer todo el dinero posible” a la comunidad. Este modelo “ventajista” es incompatible con la promoción del interés común, aunque pueda resultar cómodo para el partido que gobierna, pues le permite “comprar” apoyos políticos sin necesidad de acuerdos programático, disputas ideológicas o investigaciones sobre corrupción.

A través de esta iniciativa planteamos que el reparto económico se haga según criterios estrictos de población, es decir, sin atender a ninguna otra peculiaridad que la derivada de la estricta igualdad aritmética (un ciudadano es un ciudadano). Posteriormente los votantes de cada comunidad podrán decidir emplear parte del presupuesto que le corresponda en parlamentos, televisiones públicas o entidades políticas propias, pero sin que ello suponga ningún patrocinio, tutela o rescate del gobierno de la nación ni, por tanto, deba ser financiada por el resto de los españoles.

El gobierno recuperaría las competencias en aquellas comunidades cuyos ciudadanos prefiriesen no tener representación política propia. Estas comunidades dispondrán, en consecuencia, de más presupuesto para otras partidas. Y serán gobernadas según el modelo francés.

Los firmantes solicitan, pues, el oportuno cambio constitucional para que se aplique en nuestro país este modelo de transparencia e igualdad.



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